Daniel Noboa dio papaya en la campaña por la primera vuelta y ahora el correísmo y otras fuerzas políticas se frotan las manos, con el Código de la Democracia bajo el brazo, para tensar la cuerda y azuzar, incluso, un escenario de destitución o pérdida de derechos políticos.
Para tal efecto, un ejército de abogados especialistas en Derecho constitucional o normativa electoral son objeto de constantes consultas para afinar técnicamente las posibilidades más asertivas. ¿Denuncias por presuntas infracciones electorales o acciones de fiscalización en la Asamblea? En los próximos días se verá el camino que tomen.
Una reflexión ralentiza la toma de decisiones al respecto: la definición del tiempo político de mayor impacto, para que la acción trascienda esencialmente como una exigencia de respeto e igualdad de condiciones ante la ley, y no como una suerte de cargamontón entre varios partidos y ciudadanos, en principio, independientes.
Esto, más bien, activaría un efecto de víctima para el Presidente-candidato, lo cual le ayudaría más de lo que le pudiera lastimar electoralmente hablando. Y esa sensación sería más notoria hacia la mitad de la campaña para la segunda vuelta. Con un electorado tan emocional como el de buena parte del país, por el efecto víctima hasta ciertos votantes blandos y de último minuto del correísmo pudieran migrar hacia el oficialismo.
Si la opción es la denuncia, hay dos horizontes: infracciones electorales graves y otras por violencia política de género. En este último campo, hasta antes de las elecciones, hubo siete reclamos desde, en teoría, ciudadanos independientes.
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, publica constantemente en sus redes sociales los procesos que deben ser conocidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta el 6 de febrero, ha tabulado siete denuncias en contra de Daniel Noboa, Presidente de la República; Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración Pública; Sahira Moya, Secretaria de Planificación, y Santiago Andino, Secretario Jurídico de la Presidencia.
A todos estos funcionarios se los señala por infracción electoral relacionada con violencia política de género. Los denunciantes son María Quiroz Renjifo, Nadelka Martha Hinojosa, Juan Eduardo Monaga, Ciro Cevallos Basurto, Maritza Molina, Dolores Rivas y Silvia María Caicedo.
Los jueces electorales que conocerán estas denuncias son, respectivamente, Fernando Muñoz, Guillermo Ortega, Ángel Torres, Ivonne Coloma, Fernando Muñoz, Joaquín Viteri y Guillermo Ortega.
Un rosario de denuncias por infracciones electorales
A los cinco días del arranque de la campaña electoral fueron presentadas cuatro denuncias por supuesta infracción electoral en contra del presidente Daniel Noboa. Los ciudadanos Andrés Pasquel y Wilmer Delgado, el excandidato presidencial Luis Felipe Tillería y varios candidatos a la Asamblea Nacional fueron los primeros denunciantes. Las de Delgado y Tillería fueron archivadas.
Luego, el excandidato presidencial Jorge Escala, de Unidad Popular, y Giovanni Atarihuana, director de dicha organización política, presentaron también su denuncia en contra de Noboa. Lo propio Alfredo Serrano, candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano.
El juez electoral Joaquín Viteri, el pasado 29 de enero, dispuso unificar las denuncias de Unidad Popular, del socialcristianismo y una tercera del ciudadano Adolfo Espinel. Por unidad de sujeto y materia, todas ellas serán abordadas en el proceso Nro. 008-2024-TCE. Aún falta señalar la fecha de la audiencia.
El menú para el correísmo
Al interior del movimiento Revolución Ciudadana están leyendo y releyendo el Código de la Democracia para sacarle el máximo zumo a sus posibilidades de denuncia, sea ante la opinión pública o ante la justicia electoral, y así poner contra las cuerdas a Daniel Noboa, por jugar a ser Presidente y también candidato, sin respetar ni la Constitución ni las leyes electorales.
No pedir licencia para la campaña electoral, la inducción al voto por parte de funcionarios públicos, los límites de gasto en la campaña, la entrega de regalos, el contrato de pauta electoral por fuera de lo que dispone y financia el Consejo Nacional Electoral, y el fuego cruzado con la vicepresidenta, Verónica Abad, son algunas de las potenciales inobservancias que se convertirán en una espada de Damocles sobre el presidente Noboa, en estas semanas previas al inicio de la campaña para la segunda vuelta.
El Art. 93 del Código de la Democracia, tras las reformas de 2020, dispone en la última oración de su segundo párrafo lo siguiente: “Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.
El Presidente, pasándose por el forro el Art. 146 de la Constitución, encargó por decretos las tareas de la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, Secretaria de la Administración. Y aun más: el equipo político y jurídico de Carondelet se inventó la figura de la “fuerza mayor” para que Gellibert también asuma por horas las tareas de la Presidencia. Este aspecto fue señalado por la Corte Constitucional.
Para quienes se frotan las manos viendo a Noboa en el friso de una posible destitución o suspensión de sus derechos políticos, el Art. 278 del Código de la Democracia refresca sus aspiraciones y exhalaciones, cual caramelo de menta.
“En cinco semanas venceremos y para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. Una Asamblea que apoye y no dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo”, dijo Noboa en un breve discurso desde la terraza del Palacio de Carondelet, precisamente el 5 de enero, día de inicio de la campaña. A su lado estuvieron varios ministros de Estado.
Abajo, en la Plaza Grande, una nutrida concentración de militantes del movimiento oficialista ADN, la mayoría integrada por personas adultas mayores, levantaba las impresiones en cartón de la foto de Noboa con la banda presidencial y el Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito. “¡Una sola vuelta!”, coreaba la gente.
Para el correísmo y demás denunciantes, este acto se ajustaría a lo que el 278 del Código de la Democracia prohíbe en su numeral 3: “Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral…” cometen una infracción electoral grave. Y sobre esta materia jurídica conoce bastante el alcalde correísta de Quito, Pabel Muñoz…
Otro numeral que gusta a quienes armarían una estrategia político-jurídica contra Noboa es el 2, del mismo Art. 278. Dice la norma que incurre en infracción electoral grave quien entregue dádivas, donaciones y regalos en plena campaña. La entrega del Ministerio de Inclusión Económica y Social de cocinas de inducción, equipos embodegados desde el correísmo, es el ejemplo que justamente varios correístas han visto para complicar el camino del Presidente-candidato y de su partido, dado que dos candidatos a la Asamblea, que resultaron electos, participaron en aquel acto.
Siguiendo en el Art 278, hay quienes buscan una quinta pata en el numeral 6, el cual prohíbe la contratación directa, o por terceras personas, de pauta con fines electorales más allá de los espacios bajo supervisión y financiamiento del CNE.
Quizá este es el punto más débil de los artilleros jurídicos que contacta el correísmo, porque quieren poner de ejemplo de la potencial infracción las entrevistas que el Presidente ha dado a medios o periodistas específicos. O los comentarios que ciertos opinadores o influencers afines al oficialismo han hecho sobre la gestión gubernamental.
Curiosa fundamentación para quienes entre 2007 y 2017 consolidaron un Estado de propaganda, el mayor monopolio de medios, y aplomados ejércitos de guerreros digitales (léase trolls). Y más curioso todavía porque muchos de los trolls más convencidamente correístas ahora están al servicio del “noboísmo”.
En lo que sí hay hasta números para atenazar al Presidente-candidato es en el rubro de los límites de gasto en la campaña electoral. En función del Art. 209 del Código de la Democracia, para las elecciones de 2025 el techo de gasto para el binomio presidencial fue de USD 5’494.525. Este gasto incluye publicidad, pintura, banderines, mitines, etc. Y no lo que el CNE autoriza como publicidad en medios.
En el correísmo hay un consenso: Daniel Noboa ha sobrepasado los límites y creen que solo en redes sociales, el Presidente-candidato ha pautado USD 2,5 millones. Únicamente Google y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp) transparentan cifras de pauta de sujetos políticos. TikTok, por citar un ejemplo contrario, dice que prohíbe este tipo de contrataciones de espacio. En todo caso, el diario Primicias, en un reporte del 5 de febrero, contó que Noboa lideraba el ranking de políticos que más pautan en Facebook e Instagram, con algo más de USD 55.000 prácticamente en el mes de la campaña.
La Vicepresidenta
Las solidaridades entre el correísmo y Verónica Abad son públicas. Y también funcionales: es políticamente incorrecto no ponerse del lado de quien es víctima de una suerte de bullying estatal, como es el caso de Abad, más allá de las simpatías o antipatías que suscita la funcionaria.
El Gobierno ha echado mano de ministras, asesoras y otras entidades del Estado para arrinconar a Abad, con envíos a Israel y Turquía, con estrambóticos sumarios administrativos y demás ejercicios de presión. ¿Piensa el Gobierno mantener a Abad en stand by hasta finales de marzo y, así, forzar un abandono del cargo y enviar una terna a la Asamblea para designar a la nueva vicepresidenta?
Tras el empate técnico con la candidata Luisa González, en los comicios del domingo 9 de febrero, esa es una posibilidad que quedará, por lo pronto, solo en la imaginación de José de La Gasca, ministro de Gobierno. Ese escenario sería otro disparo en el pie, en la gestión política del régimen en los últimos días.
La justicia electoral, además, ha abierto una puerta a Abad. Este miércoles 12 de febrero aceptó a trámite la apelación a la cual recurrió la Vicepresidenta contra la sentencia que desestimó su denuncia por violencia política de género en contra del Presidente y otros funcionarios.
De su lado, Verónica Abad está dedicada a la empresa de posicionar un relato de reconciliación. La semana anterior, la vicepresidenta de la República habló sobre la posibilidad de suscitar una mesa de diálogo para llegar a acuerdos con el presidente Noboa, en favor de la institucionalidad y la gobernabilidad.
En esa misma línea se pronunció Abad, el domingo 9, tras sufragar en Cuenca. Pero para el Ejecutivo, tales anuncios son como un caramelo de cianuro… ¿Por qué Verónica Abad no mostró la papeleta para saber por quién votó?, dijo Noboa sobre su vicepresidenta constitucional, en la entrevista del martes 11, con el equipo de Centro digital. A línea seguida afirmó que no cree en su mensaje de mano abierta para dialogar y fortalecer la gobernabilidad.
Desde el correísmo tienen lista una interpretación a la negativa de Noboa de reinstitucionalizar la relación con la Vicepresidenta electa en urnas. «¿Cuál será su temor al encargar la Presidencia? -pregun tó la candidata Luisa González en un espacio en Radio Pichincha, el lunes 10. Tal vez los contratos irregulares como Karpowership, como Progen que hasta ahora no sabemos qué paso con esos millones y donde hay serios indicios de corrupción, posiblemente peculado… Lo que otorga a dedo contratos a su familia, como los desayunos escolares. Lo que quiere seguir explotando la minería, cuando el pueblo se pronunció en contra».