Para ciertos temas, el Gobierno muestra una inusitada diligencia. Uno de ellos es ver la manera de sacarse a la vicepresidenta Verónica Abad del camino, mientras dure la campaña para las presidenciales de 2025, sin que la onda expansiva de esta operación les afecte jurídicamente, casa adentro y en cortes internacionales. Y para ello ha movilizado a dos ministras y una asesora presidencial. Tres mujeres contra una.
Estas acciones, sin embargo, son el segundo capítulo de una cruzada hasta ahora fallida. El Ejecutivo desterró a Abad a Israel, metió a su hijo en la prisión La Roca, volvió a contactar a ciertas fuerzas en la Asamblea para levantarle la inmunidad y enjuiciarla penalmente, y usó al consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, para denunciarla ante un TCE que se ha convertido prácticamente en una plaza controlada por el oficialismo.
Israel, Israel, qué bonito es Israel
El 24 de noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa envía a la Vicepresidenta a Tel Aviv, en calidad de Embajadora, para “evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina”. Luego, el 8 de agosto de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa el traslado de Abad a Ankara, República de Türkiye, para seguir desarrollando la tarea humanitaria para la cual fue enviada a Israel.
El pasado 3 de septiembre, la Cancillería consulta a la Embajada de Ecuador en Türkiye si Abad ya había llegado. Pero la misma Cancillería, a través de su Viceministerio, autoriza el traslado de Abad recién el 5 de septiembre y esto se concreta cuatro días más tarde. El martes 10 de septiembre, la Secretaría Jurídica de la Presidencia informa el hecho al Ministerio de Trabajo y esta cartera de Estado, al día siguiente, dispone el inicio de un sumario administrativo contra la Vicepresidenta. La razón: no haber llegado a Ankara antes del 1 de septiembre, cuando la misma Cancillería emitió la autorización de viaje No. 80167 recién el 5 de septiembre.
¿Cómo iniciar un sumario administrativo a un funcionario o funcionaria que, como la Vicepresidenta, no se rige por la normativa de carrera en el Servicio Público, dado que fue electa por voto popular? Sencillo: mediante un novísimo acuerdo ministerial que permita tal ejercicio sancionatorio. Un acuerdo a la medida de las necesidades del Ejecutivo de sacarse a Abad, a como dé lugar, de la línea de sucesión durante el mes de campaña, entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025. Así, ese mismo 11 de septiembre, ya estuvo listo el Acuerdo Ministerial MDT-2024-175. Y al día siguiente, la cartera de Estado ya tuvo la viabilidad legal para este “mandado”.
Abad tendría plazo, hasta el domingo 22, para presentar las pruebas de descargo que justifiquen por qué no llegó a Ankara antes del 1 de septiembre. Entre tanto, la Vicepresidente ha contraatacado y este jueves 19 ha solicitado una medida cautelar contra el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría, por el sumario administrativo que se le sigue. Además, el pasado martes 17 presentó ante la Asamblea Nacional un pedido de fiscalización y control político a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, y a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, por supuesta «persecución política».
El pedido pudiera tener, también, un diligente tratamiento en el Legislativo, en razón del acomodo exprés de fuerzas políticas que quieran arreglar cuentas pendientes con el presidente Noboa, con el correísmo en primera fila. Pero la causa, en sí, también constituye una impugnación al resto de movimientos y partidos que enarbolan discursos en contra de la violencia política de género. Y el hostigamiento a Abad desde Carondelet huele y sabe a eso…
Por más que estiren las sábanas…
Si la expectativa es deshacerse de Abad por la vía de un sumario administrativo, el Ejecutivo “medita fuera del recipiente”. Hay más dudas que apego a la norma. Como se dijo en líneas anteriores, la Vicepresidenta fue electa por voto popular. Luego, el novísimo acuerdo ministerial no pudiera dar cuenta de hechos ocurridos antes de su emisión, esto es el 11 de septiembre.
Algo clave: de darse la destitución de Abad como Embajadora en Oriente Medio vía sumario administrativo, a trancas y barrancas, esto no significaría una inhabilitación para ejercer cargo público, otra de las cartas que se baraja en Carondelet para forzar su destitución como Vicepresidenta. De esto, indefectiblemente, se tendría que encargar la Asamblea, mediante juicio político. Así lo dice la Constitución y cambiarla no resulta tan fácil y expedito como redactar un acuerdo ministerial a la medida de las necesidades del poder.
En varias entrevistas, el presidente Daniel Noboa ha dicho que se identifica más con un ideario político de centroizquierda. Si fuese así, le convendría leer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 8 de julio de 2020, mediante la cual determinó la responsabilidad del Estado colombiano en la vulneración de los derechos políticos de Gustavo Petro, actual presidente del país vecino, cuando fue destituido de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante vías administrativas en 2013, con pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos por 15 años.
Si todo lo anterior falla, el Gobierno tiene un as aun más chungo: buscar la destitución de la Vicepresidenta por incumplimiento de funciones, al no haber concretado convenios entre Quito y Tel Aviv para que 25.000 jóvenes compatriotas puedan ir a trabajar a Israel, en plena zona de un conflicto bélico que cada día trasciende fronteras. “Y no ha llevado ninguno”, dijo Arturo Félix Wong, ministro de Gobierno, en una reunión con directores de medios el pasado 10 de septiembre.
Por todo ello, el oficialismo tendrá que fabricar sábanas más grandes para estirarlas. Y pareciera que pudiera hallar linos y chifones en ciertos despachos del Tribunal Contencioso Electoral.
La audiencia electoral contra Abad será el lunes 30
Denuncia tras denuncia. Ataque y contraataque… Para las 10:30 del lunes 30 está convocada la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras la denuncia de Diana Jácome, asesora presidencial, en contra de Verónica Abad, presentada el pasado 15 de agosto por “violencia política de género”. El karma político existe: Abad ha tenido escandalosas posiciones sobre los derechos de las mujeres.
Es por ello que presenté el día de hoy, una denuncia formal, porque no permitiré que se tergiverse la ley para convertirla en un arma política que atente contra mis derechos, los del Presidente y su gabinete.
— Diana Jácome (@dianajacome) August 15, 2024
Jácome, exsimpatizante del correísmo y exbinomio de Jan Topic en las presidenciales de 2023, pide la suspensión de los derechos políticos de Abad. Esto en respuesta a otra demanda por violencia política de género que la Vicepresidenta presentó el 8 de agosto, en contra del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Para ellos pide destitución y suspensión de derechos políticos por cuatro años.
En el oficialismo hay optimismo de lo que pudiera ocurrir en esa arena. El pálpito se da porque, con voto unánime, el viernes 13, Jácome logró la recusación del juez Fernando Muñoz, en relación a la demanda presentada por Abad. Muñoz, hasta el 12 de agosto actuó como presidente del TCE, pero tres jueces electorales lo removieron del cargo y nombraron a Ivonne Coloma como presidenta y a Ángel Torres, cuyo yerno es militante de ADN, como vicepresidente.
Para entonces, los aparatos de propaganda del oficialismo echaron a rodar el carrete de un supuesto golpe de Estado orquestado desde el TCE. Y entre tanto, el país todavía no conoce las razones de la pelea personal entre Daniel Noboa y Verónica Abad.