Poco después de la presentación del informe anual del presidente de la República, a los dos años y medio en funciones, presentó la renuncia al ministerio de relaciones exteriores la excanciller.
Ambos —presidente y exministra— en su gestión marcan una etapa de giros en la historia de las relaciones internacionales del Ecuador, que dejan seriamente lastimada la política exterior del país.
Desde finales de 2023, Daniel Noboa ha gobernado bajo el lema El nuevo Ecuador. A partir de entonces, en ningún plan de gobierno o informe a la nación consta un programa en materia internacional.
A pesar de esos vacíos, en los últimos casi tres años se han producido actos y decisiones que han dado un viraje sustancial a históricas posturas internacionales del Ecuador y a la imagen del país.
Ante la escasa importancia otorgada, no solo por parte del Gobierno sino también, en general, por amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, habría que empezar por recuperar y señalar el valor y trascendencia que tienen para el Estado las relaciones internacionales.
La política exterior es el prototipo de la política pública. Se puede decir que es la política pública por definición. Así, la manifestación de principios, actos y decisiones que refieren a un Estado en su interacción con otros Estados y organismos internacionales, que es lo que se debe entender como política exterior, es indispensable que, al menos en los fundamental, sean de carácter permanente.
Eso implica, al mismo tiempo, que la política exterior no es la manifestación de una persona o de un grupo de personas; incluso, se puede decir que no es solamente la expresión de un gobierno en representación del Estado, sino que se aspira a que sea la manifestación consensuada del conjunto de la sociedad, con el fin de conseguir bienestar nacional.
Del mismo modo, no puede ser concebida como política exterior la suma sucesiva de actos sueltos e inconexos uno del otro, acompañados de cierta publicidad, sin estrategia respaldada de un interés nacional.
El Ecuador, al menos desde 1941 hasta 1998 tuvo una política internacional de Estado, absolutamente definida. A pesar de que fuera fruto de una tragedia nacional y, en muchas ocasiones, controvertida y muy debatida, nunca dejó de expresar, de manera unívoca, sus intereses nacionales en esa materia: la reivindicación del territorio y la soberanía, elementos esenciales de un Estado.
Esos pilares sustanciales que mantuvieron la presencia internacional del Ecuador en el sistema de Estados; fueron siempre el fundamento de su existencia, posición, imagen, dignidad y respeto en la comunidad internacional.
Estos sólidos antecedentes de la República siguen teniendo vigencia, al igual que todo el acervo del derecho internacional que norma la convivencia con otros Estados, con las organizaciones internacionales y, en general, con toda la sociedad internacional.
En consecuencia, luego de haber suscrito los acuerdos de paz con el Perú, por más tiempo que hubiere trascurrido, de ningún modo puede significar olvidar, o peor, renunciar a los principios de política exterior y a la adhesión a las reglas internacionales que siempre caracterizaron la política exterior del Ecuador.
Tampoco implica declinar a las fórmulas de integración regional, a los que el Ecuador acudió, igualmente, como caminos de acercamiento para resolver cuestiones sensibles, como fue el mismo problema territorial y también como fuentes de desarrollo.
En un contexto general, luego de la Guerra Fría advino el unilateralismo a escala internacional y la neoliberal apertura de mercados. América Latina, de su parte, había iniciado un imparable proceso de polarización.
En el Ecuador, se produjo el feriado bancario y la dolarización. Al tiempo, la fuente de unidad e identidad nacional, como es el territorio, con el cierre de la frontera perdió un elemento central: la política de Estado.
En la Cancillería, a través del programa PLANEX, se promovió el debate dirigido a establecer un consenso e identificar elementos que sustituyan al poderoso componente de identidad nacional como había sido el tema territorial, y construir una política exterior de Estado que, a la vez, unifique y responda a las necesidades de la población y su desarrollo. Pronto esa tentativa se diluyó y se perdió una posibilidad de unificar al país a través de sus relaciones internacionales.
No obstante, en los años posteriores ha estado vigente la posición de respeto a las normas y principios sobre los que se sustentó la defensa de sus derechos territoriales, cuestión que —resulta indispensable insistir y recordar— constituyen columnas fundamentales de un Estado como el Ecuador, que no se deben perder por ser parte de su existencia.
El Estado ecuatoriano siempre recalcó con énfasis el absoluto respeto a la soberanía e integridad territorial; el total rechazo a la adquisición de territorios por la fuerza; el acato a los acuerdos internacionales; la solución pacífica de las controversias. Así como la no intervención en asuntos internos de otro Estado y el cabal respeto a los derechos humanos.
De pronto, paulatinamente, de manera sigilosa y casi silenciosa, el Ecuador ha ingresado en una inconsistente modificación de su línea política internacional, lo que ha cambiado la semblanza e imagen del país.
El giro instaurado por el actual Gobierno, tanto en lo bilateral como en lo multilateral se expresa en varios hechos, muchos sorpresivos por lo insólitos, que implican serias afectaciones al derecho internacional y, por tanto, a la solidez de un Estado de las características del Ecuador.
En asuntos multilaterales, en los que el Ecuador siempre tuvo particular cuidado de conservar posiciones acordes con sus intereses históricos, y en la idea de que, para un país pequeño, el mayor apoyo son los principios instituidos, su renuncia constituye un enorme peligro, que no se puede perder de vista dadas las amenazas siempre prevalentes.
Desde 2023, las abstenciones del Ecuador en las votaciones de Naciones Unidas muestran una clara transformación de posturas históricas acordes con los intereses del país: de un apoyo activo a resoluciones que condenan la posesión de territorios por la fuerza, hacia una abstención que, en la práctica, se alinea más con los intereses de los ocupantes.
Ese cambio, evidencia, además, que la política exterior del Ecuador se distancia del grupo latinoamericano, una forma de apoyo mutuo en temas específicos, tradicional del Ecuador.
La participación del Ecuador en la entidad Escudo de las Américas, con países escogidos según el perfil ideológico de los gobernantes, sobre la base de la exclusión, sin negociación ni criterio de fondo.
En derechos humanos: envío de militares a foros de la ONU, como delegación del Ecuador, a fin de que loa uniformados expongan los argumentos del Estado. En tanto que, relatores de Naciones Unidas, expertos en seguimiento de la aplicación de convenios, de los que el Ecuador es parte, han levantado las alertas sobre el deterioro de libertades y derechos fundamentales.
En lo bilateral, lo más crítico: el asalto a las instalaciones de la embajada de México, que quebró cuanto principio establece el derecho internacional, norma diplomática y el sano juicio.
El acuerdo de reciprocidad suscrito con Estados Unidos en materia comercial: un convenio que, a pretexto del apoyo a la llamada “guerra no internacional”, es el peor atraco que se ha producido en la historia comercial del país. Así lo reconocen aún especialistas con un pensamiento afín al gobierno.
La llamada tasa de seguridad a Colombia, aranceles descomunales con la explícita aceptación de una injerencia en el proceso electoral del vecino país: “acceder” al pedido de un candidato colombiano a la presidencia, porque “afectaban a la población del sur de Colombia”, sin considerar que esquilmaban a los habitantes del norte del Ecuador.
Todas esas mutaciones requieren una amplia explicación, algo que corresponde a un gobierno en democracia, obligado a dar cuenta de sus actos.
(*) Ex Vice Canciller