Reducir las mafias a bandas criminales es un error conceptual. La mafia no es solamente un grupo que opera fuera de la ley. Es, sobre todo, una forma de organización social capaz de disputar, compartir o incluso capturar el poder del Estado. La mafia aparece cuando una estructura paralela logra controlar territorios, recursos, información, lealtades y mecanismos de coerción. Allí donde el Estado se debilita, la mafia ocupa espacios. Pero la historia demuestra algo aún más inquietante: algunas mafias no sustituyen al Estado; se fusionan con él.
Umberto Eco observó que la mafia prospera cuando logra transformarse en una cultura antes que en una organización. Más que una asociación criminal, constituye una red de relaciones basada en el silencio, el favor, la obediencia y la protección. Su fuerza no reside únicamente en las armas sino en la capacidad de producir consenso y dependencia. La mafia se vuelve verdaderamente poderosa cuando deja de ser percibida como una anomalía y pasa a ser considerada una forma “normal” de funcionamiento social.
Desde una perspectiva antropológica, las mafias se parecen a estructuras tribales modernas. Generan identidades, distribuyen beneficios, castigan disidencias y construyen códigos propios de honor y pertenencia. Son sistemas normativos alternativos. Tienen reglas, jerarquías, rituales y mecanismos de resolución de conflictos. Por ello, la pregunta no es únicamente por qué existen mafias, sino qué vacíos institucionales, económicos y culturales permiten su reproducción.
Boaventura de Sousa Santos ha señalado que vivimos en sociedades donde coexisten múltiples órdenes normativos. No existe únicamente el derecho estatal. También operan poderes privados, corporativos, comunitarios y criminales que producen formas propias de regulación social. En los márgenes de la legalidad surgen verdaderos sistemas de gobierno que disputan la autoridad estatal. La frontera entre legalidad e ilegalidad deja entonces de ser una línea nítida para convertirse en una zona gris donde intereses económicos, políticos y criminales se entrelazan.
Es precisamente en esa zona gris donde las mafias alcanzan su mayor sofisticación. Las mafias primitivas desafían la ley. Las mafias evolucionadas la escriben. Las primeras corrompen funcionarios. Las segundas producen funcionarios. Las primeras buscan protección política. Las segundas se convierten en política.
Max Weber definió al Estado como aquella comunidad humana que reclama con éxito el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio determinado. La pregunta contemporánea es inquietante: ¿qué ocurre cuando ese monopolio deja de ser exclusivo? ¿Qué sucede cuando organizaciones criminales poseen capacidad armada, recursos económicos, influencia política y control territorial comparables o superiores a los del propio Estado?
La respuesta es que entramos en un escenario de competencia soberana. Ya no se trata de delincuencia común. Se trata de una medición de fuerzas entre proyectos de poder. El Estado deja de enfrentar a delincuentes y comienza a enfrentar estructuras que disputan la capacidad de gobernar, que bregan por la captura institucional, la manipulación de contratos públicos, la apropiación de recursos naturales y la persecución de quienes denuncian esos comportamientos. Allí donde la transparencia amenaza intereses enquistados, aparecen las represalias.
Por eso la muerte de Monika Silva trasciende el ámbito de una tragedia individual. Su vida, lo digo con toda claridad, representó la forma de resistencia ciudadana frente a estructuras de poder que operan mafiosamente y no lo hizo solo con inteligencia, agudeza y valentía, lo hizo con lo más noble que los seres humanos tenemos: con ternura. Durante años denunció a políticos, defendió causas ambientales y acompañó luchas comunitarias en Santa Elena mientras cuidaba a sus hijas, viajaba con ellas, sin dinero a veces para encargárselas a nadie; abrazaba a sus amigas y se sumaba a toda lucha donde exista una injusticia. Entre tantas luchas, me honré en patrocinar una: la defensa de las tortugas marinas de Manglar Alto, donde participó como amicus curiae dando su opinión sobre lo grotesco de poner cemento en la playa y la nula política de transparencia en esa provincia.
Es que la dignísima figura de Mónika representa totalmente lo contrario a lo que hacen las mafias. Era honesta, pensaba en el bien común, en la necesidad de que la justicia y la ley sea quien dirima y actúe en beneficio de lo sensato, del bien común, de la nobleza. Aun creía, como creen los niños, que vendrán mejores días para todos.
Su muerte nos enseña que las mafias temen menos a los fiscales que a los ciudadanos que se niegan a callar. Temen menos a las leyes que a las personas capaces de recordar que la dignidad no se negocia. Cuando una sociedad pierde a alguien como Mónika, pierde también parte de sus defensas democráticas.
Mónika afectó a más de una de las mafias descritas, las primitivas y las sofisticadas, por ello el proceso judicial y la opinión pública está teniendo tantas contradicciones y confrontaciones. La prudencia con tenacidad debería marcar el doloroso debate sobre su muerte.
Alrededor del caso se juega algo mucho más profundo que la seguridad pública —inexistente para la víctima—, se juega la fe en la democracia.
Nos veremos en el infinito querida amiga. Gracias por todo lo que has hecho, niña Moni.