I. El impacto de la crisis
La crisis energética podría impactar en el desabastecimiento de productos La crisis energética en Ecuador ha alcanzado una fase crítica, lo que llevó al gobierno a imponer cortes de energía de hasta 10 horas diarias al sector industrial, a partir del 5 de octubre de 2024. Esta medida responde a una sequía extrema, la peor en 60 años, que ha reducido drásticamente los niveles de agua en los embalses de las principales hidroeléctricas del país, como Paute, Sopladora y Mazar. Por ejemplo, el nivel de agua en la central Mazar había caído a 2,114 metros hasta la semana pasada, por debajo del mínimo necesario para operar, lo que pone en riesgo una de sus unidades generadoras para mediados de octubre.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), liderado por María de la Paz Jervis, ha sido una de las voces más críticas respecto a estos cortes. Jervis advirtió sobre los graves impactos que la medida tendría en la producción industrial, la manufactura y el empleo, señalando que sectores clave como la industria láctea podrían reducir su producción en un 30%, lo que significaría la pérdida de procesamiento de 500.000 litros de leche diarios.
En el sector automotriz, también se han expresado preocupaciones por la vulnerabilidad competitiva del sector frente a productos importados. Además, la interrupción de la producción podría ocasionar escasez de productos esenciales y aumentar los costos operativos, lo que tendría un efecto directo en la economía.
Ecuador, además, dependía desde hace poco tiempo de las importaciones energéticas de Colombia, las cuales fueron suspendidas recientemente debido a las medidas tomadas por el gobierno de ese país para precautelar sus propias reservas de energía. Además, las lluvias pronosticadas no parecen suficientes para revertir la situación en el corto plazo.
El CEE ha solicitado al gobierno la suspensión de los cortes y la creación de un comité de crisis permanente para gestionar este tipo de situaciones, proponiendo mayor transparencia y planificación. Aunque el gobierno ha mantenido los cortes, se comprometió a revisar los horarios y a establecer mesas técnicas de diálogo con el sector privado La falta de inversión en infraestructura energética, la excesiva dependencia de las hidroeléctricas, la corrupción y la negligencia en ese sector estratégico está cobrando una altísima factura a toda la sociedad. Sin un plan alternativo y sostenible adecuado, el país estará frente a serios problemas de abastecimiento que, a mediano plazo, podrían impactar en aumento de precios y desabastecimiento de productos básicos.
La disposición oficial para que la industria se sujete a diez horas de cortes de energía durante 15 días, ha generado tensiones entre el Gobierno y el sector privado, que demanda mayor predictibilidad y alternativas a las restricciones energéticas. A la crisis energética se suma la ausencia de una estrategia de comunicación de crisis en el actual gobierno. La deficitaria comunicación gubernamental es tan extrema en este punto, que algo tan básico como la conformación de un comité de crisis al parecer fue pasado por alto, al punto que, ha sido la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien le ha pedido al régimen que lo conforme y se incluya en este espacio de análisis y toma de decisiones, a los actores involucrados. El ABC de la primera clase o de un tutorial que bien podía haber revisado en las redes sociales que tanto disfrutan, se les pasó por alto. La reducción del horario de cortes de energía en semana pasada, sin duda influyó para que nuevamente los embalses de las centrales hidroeléctricas disminuyan por debajo de su nivel límite, Mazar ha llegado a los 2114 mts.; ello sugiere que se tomó el riesgo probablemente para contener en algo el creciente descontento ciudadano frente a la crisis y el errático manejo del régimen sobre aquella, lo cual es muy peligroso para las aspiraciones electorales del presidente candidato, cuya intención de voto se mantiene a la baja según coinciden varias estadísticas. En resumen: una decisión cargada de política que, aparentemente, viene siendo un defecto recurrente por sobre el sentido común y las recomendaciones técnicas en la administración de sectores estratégicos.
El gobierno apostó por una ambientalista para resolver la crisis energética. Según el comunicado oficial, Inés Manzano “…liderará la transformación de una matriz caduca que nos ha estancado en la dependencia de las lluvias en un 72% y ejecutará proyectos de energías renovables ya encaminados por este gobierno, que garanticen la sostenibilidad y la soberanía energética a mediano y largo plazo”. La crisis de agua (sic), como la calificó un inefable ministro del régimen durante una entrevista, parece haber motivado la designación y el nuevo enfoque del Ejecutivo. Según esa lógica, el 38% de factores que completarían el 100% de la argumentación oficial, y que están enganchados con la corrupción del sector energético y minero desde hace décadas, no tengan tanta importancia como el estiaje.
II. La espina del Yasuní
En Ecuador, tras la consulta popular de 2023, que aprobó detener la explotación petrolera en el bloque 43-ITT del Yasuní, la Corte Constitucional (CC) ordenó el desmantelamiento de las instalaciones petroleras en un plazo de un año. Luego de trece meses del dictamen de la CC, el tema sigue latente. La comunidad Waorani, colectivos ambientalistas e incluso relatores de la ONU, exigen que se respete lo dispuesto legalmente. El gobierno actual, liderado por Daniel Noboa, presentó un plan que finalizaría recién en 2034. Este retraso ha generado fuertes críticas por parte de colectivos como Yasunidos y la comunidad waorani, pues el plan incumple la voluntad popular. El plan de desmantelamiento consta de cinco fases, comenzando con la disposición gubernamental y la aprobación de estudios de abandono por parte del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. A pesar de las exigencias de las comunidades afectadas, el Gobierno argumenta que el proceso es largo y costoso, con un presupuesto estimado de USD 1.345 millones; en tanto, según el informe, el cierre anticipado del bloque 43-ITT representará una pérdida de ingresos estimada de entre USD 2.198 millones y USD 3.581 millones. Según algunos expertos la CC no consideró los aspectos técnicos y económicos de esta tarea al establecer un plazo de un año. Además, advierten sobre el impacto económico que el cierre podría tener en un país con una economía debilitada, con repercusiones en áreas como salud pública y seguridad social. El colectivo Yasunidos sostiene que el retraso es una violación de la democracia, mientras que la comunidad waorani presentó una solicitud al Ministerio de Energía exigiendo el respeto de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario del Yasuní. A su vez, expertos señalan que el cumplimiento del cierre requiere cumplir con normativas ambientales y de hidrocarburos que son complicadas y burocráticas.
En Ecuador, el 58,98 % de los votantes aprobó en 2023 detener la explotación petrolera en el bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, el Gobierno ha planteado un proceso de desmantelamiento que finalizaría en 2034, lo que ha generado críticas de colectivos como Yasunidos y la comunidad waorani. Estas organizaciones demandan un cumplimiento más rápido del mandato popular. La demora en el cierre se justifica por costos estimados de entre $1.345 millones y hasta $3.581 millones en pérdidas fiscales.
III. Los candidatos en la cuerda floja
El 7 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador negó la inscripción de las listas de candidatos a asambleístas nacionales de los movimientos Pachakutik y Construye, argumentando que incumplieron los procesos internos de democracia exigidos por el Código de la Democracia. El CNE explicó que algunos candidatos no cumplieron con el trámite de aceptar formalmente sus precandidaturas, lo que representa una falta insubsanable según el artículo 105 del Código. Además, las listas de Democracia Sí y Avanza también fueron rechazadas por motivos similares. Por otro lado, a movimientos como CREO se les otorgaron 48 horas para corregir errores menores, como la falta de presentación de declaraciones juramentadas por parte de algunos de sus candidatos. Las organizaciones afectadas aún tienen la opción de apelar esta decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El contexto electoral parece inducir al gobierno a la demagogia, es indiscutible que ello como ocurrió con su decisión de asumir el costo de las planillas de consumo eléctrico precisamente en los meses de campaña; ahora, cada vez más, el apagón es no solo energético, sino político. Algunos elementos para la duda razonable: anunciar, en medio de una severa crisis económica, que el gobierno cubrirá las facturas de electricidad durante los tres meses de campaña, con un costo aproximado de 300 millones de dólares; buscar la aprobación de la Asamblea —antes de las elecciones del 2025— a una reforma constitucional para permitir operaciones de una base militar extranjera que apoye al gobierno en el conflicto armado interno, y sugerir que oponerse a esta medida es favorecer a la delincuencia; u otra reforma constitucional dirigida a eliminar o limitar al máximo el fondo partidario actualmente alimentado con recursos públicos, pero al mismo tiempo, impulsar una intensa campaña publicitaria en redes sociales y de propaganda en territorio; el conflicto con la vicepresidenta, denuncias contra el alcalde de Guayaquil y contra el candidato Jan Tópic, … parecen distractores para generar controversia, tienen un tufo a demagogia pura y dura, pero además invitan a reflexionar si esa desesperada búsqueda de enemigos políticos para cohesionar alrededor del candidato presidente la simpatía popular, podría obedecer a una percepción de inseguridad sobre el resultado de las elecciones.
El contexto electoral parece inducir al gobierno a la demagogia, como ocurrió con su decisión de asumir el costo de las planillas de consumo eléctrico precisamente en los meses de campaña. cada vez más, el apagón es no solo energético, sino político.
También genera dudas el hecho de que, a varias organizaciones políticas, el CNE no les apruebe sus candidaturas para asambleístas nacionales, declarándolas insubsanables. Lo insubsanable parece ser el modo en que se crean condiciones que favorecen a un contendor político.
IV. El Decreto 157
Pocos se han percatado de que el actual gobierno, inexplicablemente, no avanzó en ninguno de los proyectos de inversión privados que Guillermo Lasso dejó firmados antes de terminar su gestión. La respuesta se encuentra en las reformas aprobadas por el actual régimen en su Decreto 157, cuya normativa, sobre todo en el Art. 31, en materia de inversión extranjera y libre remisión de capital, utilidades y otros pagos al exterior es, por decir lo menos, insólita y debería ser transparentada por el bien del país. Aquí se encontrarán sorpresas poco alentadoras. Lo estamos advirtiendo, en momento en que las alertas acaban de encenderse el domingo 13 de octubre, desde medios de comunicación y diversos sectores, por la concesión del permiso para construir una terminal para descarga de gas natural licuado en Monteverde (provincia de Santa Elena). Los detalles sobre esa concesión y la empresa beneficiada muy probablemente harán las delicias del periodismo de investigación a partir del lunes 14 de este octubre.