La tarde del 2 de junio ingresó por Secretaría de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley orgánica para garantizar la seguridad jurídica e incentivar la inversión extranjera responsable. La iniciativa ha sido del asambleísta por Carchi, Cristian Benavides Fuentes, vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados y ex alcalde de Tulcán (2019-2023).
En el teatro de la política ecuatoriana, pocas palabras resultan tan elásticas y, a la vez, tan manoseadas, como «seguridad jurídica» e «inversión extranjera». El nombre del proyecto en cualquier otra circunstancia de nuestra historia republicana, provocaría un agudo déjà vu y el natural escepticismo de una ciudadanía harta de retórica estéril, ya que en Ecuador el problema no ha sido la falta de leyes, sino la endémica desregulación fáctica, la improvisación y esa impunidad rampante que ha transformado los sectores estratégicos en botines para el asalto.
Sin embargo, en la actual coyuntura de asfixia económica, esta iniciativa no es un proyecto más; es una herramienta de supervivencia institucional que la sociedad civil, la prensa responsable y la ciudadanía deben empujar, vigilar y exigir que se aplique con toda energía.
Ecuador se encuentra atrapado en una tormenta perfecta: un Estado que no cuenta con recursos frescos para inversión, un endeudamiento crónico y condicionado con multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el alarmante deterioro de sus principales activos estatales. El colapso operativo de Petroecuador EP y las condiciones críticas de la Refinería de Esmeraldas han despertado alarmas de expertos y analistas que no descartan la soterrada intención de abandonarlas a su suerte para justificar su entrega a manos privadas, bajo la recurrente narrativa de “ineficiencia”, “piponazgo sindical” o la falacia que sostiene que el modelo de gestión pública está agotado y solo inversionistas privados pueden salvarla la economía.
Ecuador necesita capital internacional con urgencia, pero precisamente porque el hambre de inversión es grande, el riesgo de entregar los sectores estratégicos del país a cualquier postor del sector privado es inmenso. El proyecto de ley propone un giro conceptual indispensable: incorporar una visión moderna de la soberanía nacional vinculada a la capacidad técnica del Estado para evaluar qué entra, cómo entra y bajo qué condiciones se explotan nuestros recursos.
¿Por qué ocurrieron estos fiascos? Porque el Estado carece de un sistema técnico, preventivo y vinculante de evaluación de idoneidad de los inversionistas. La ley plantea crear precisamente ese filtro.
La urgencia de un filtro técnico frente a los contratos de “papel mojado”
Para entender por qué esta ley debe ser aprobada y, sobre todo, blindada para su real aplicación, basta con mirar las heridas abiertas por la corrupción y la improvisación reciente en sectores donde se opera a ciegas. Mientras el Legislativo debate, la justicia ventila el escandaloso Caso Progen. Bajo el paraguas de la emergencia energética, se adjudicaron contratos por USD 149,1 millones a Progen Industries LLC para termoeléctricas. El resultado técnico es dantesco: generadores usados, repintados y con placas adulteradas, con un perjuicio estatal que supera los USD 100 millones. En el sector salud, el Caso HealthBird sacudió al IESS con un contrato de USD 37,7 millones adjudicado a contrarreloj a una startup con oficinas vacías en Miami, cuyos detalles contractuales fueron declarados «secreto comercial» por 15 años.
¿Por qué ocurrieron estos fiascos? Porque el Estado carece de un sistema técnico, preventivo y vinculante de evaluación de idoneidad de los inversionistas. La ley plantea crear precisamente ese filtro. Si una normativa así estuviera vigente y se aplicara con rigurosidad, ninguna empresa fantasma o proveedora de chatarra habría superado la primera fase contractual.
Cerrar el bucle de la desmemoria
La urgencia de concretar esta ley en hechos es inmediata. En este momento, grandes proyectos mineros y energéticos —especialmente aquellos vinculados a corporaciones estatales chinas y multinacionales canadienses— se encuentran en una zona gris: algunos ya están operando; su fiscalización aparentemente no es materia de interés público. Otros están en espera de resoluciones jurídicas favorables o licencias ambientales para iniciar operaciones masivas. Si el marco normativo actual se mantiene intacto, el riesgo de repetir los errores del pasado es absoluto. La memoria histórica nos persigue con monumentos a la ineficacia:
Refinería del Pacífico: USD 1.500 millones invertidos en un terreno aplanado en El Aromo que jamás procesó un solo barril de petróleo.
La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro, arrastra más de 17.000 fisuras en sus distribuidores de presión y está amenazada por la erosión regresiva del río Coca, expresiones de fallas graves de planificación y diseño que comprometen su seguridad a largo plazo. Tras casi una década de controversias y un arbitraje internacional, el Estado ecuatoriano aceptó un acuerdo con la matriz PowerChina que combina una compensación de alrededor de 400 millones de dólares (entre pagos en efectivo y crédito/inversión ligada a nuevos proyectos) con la devolución de garantías, a cambio de retirar la demanda por los defectos de construcción. Como parte de ese arreglo, PowerChina asumirá la operación y el mantenimiento de la central por 25 años bajo un contrato de servicios por el que Ecuador deberá pagar anualmente decenas de millones de dólares, mientras siguen sin depurarse plenamente las responsabilidades políticas y técnicas de un megaproyecto que continúa operando bajo una sombra de riesgo estructural y desconfianza pública.
Más que un simple retraso de obra, Toachi Pilatón es el derrotero tortuoso de una promesa de cambio de matriz energética que nunca terminó de cuajar en hechos. La obra fue anunciada en 2008, pero se extendió por más de una década y terminó acumulando sobrecostos que hoy pagamos en la factura eléctrica. A lo largo de ese tiempo se sucedieron cambios de contratista, fallas en la obra civil y una cadena de controversias con empresas rusas y chinas, que incluyeron arbitrajes y acuerdos millonarios con Inter RAO y Tyazhmash, además de litigios y sanciones contra la china CWE, en un entramado donde resulta difícil separar la ineficiencia técnica de la opacidad política.
El caso de Termogas Machala —la antigua Machala Power— condensa un círculo vicioso de litigios internacionales multimillonarios, contratos truncados y subutilización crónica. Concebida para generar 480 MW mediante un eficiente sistema de ciclo combinado alimentado por el gas natural del Golfo de Guayaquil, la planta opera sin haber superado a duras penas el 25% de su capacidad. Mientras el país vive en apagones, más de USD 135 millones en componentes tecnológicos clave llevan desde 2017 oxidándose en terrenos baldíos por pura desidia administrativa. En lugar de soberanía energética, el complejo devino en un sumidero de recursos que obliga al Fisco a quemar diésel importado de alto costo. Este monumento a la improvisación demuestra que sin un blindaje técnico, fiscalización ciudadana ni auditorías en tiempo real esta historia es una receta garantizada para el desvalijamiento del Estado.
Un compromiso colectivo por la soberanía real
Aprobar este proyecto de ley es apenas el primer paso. El verdadero desafío y donde la sociedad civil organizada y el periodismo de investigación deben concentrar sus fuerzas, es exigir que las herramientas de evaluación propuestas —tales como blindar los contratos en ejecución mediante mecanismos específicos de fiscalización ciudadana que incluyen la creación de Veedurías Técnicas Ciudadanas obligatorias y vinculantes, con acceso irrestricto a los libros de operaciones y auditorías ambientales en tiempo real— no se conviertan en otra ventanilla burocrática sujeta al chantaje político.
Asimismo, implementa una plataforma de datos abiertos que prohíbe el secreto comercial en contratos estratégicos, obligando a transparentar los flujos financieros y las coordinaciones técnicas. Esta fiscalización descentralizada busca que la sociedad civil y la prensa responsable actúen como un filtro directo contra las mafias corporativas.
La ley debe ser alentada y defendida porque introduce reglas claras de transparencia que impiden que los contratos estratégicos se oculten bajo cláusulas de confidencialidad comercial a conveniencia. En un Ecuador sin liquidez, la inversión extranjera no es un lujo, es una necesidad apremiante. Pero la desesperación económica no puede ser la patente de corso para la entrega irresponsable de nuestros recursos.
Por otro lado, el impacto de esta normativa sobre las concesiones mineras que actualmente esperan resolución judicial será definitivo. La ley establece un principio de retroactividad condicionada: todo proyecto detenido o en litigio debido a fallas en la consulta previa o riesgos ambientales severos (como el caso de Dundee Precious Metals en Quimsacocha) deberá someterse a un Sistema Técnico de Reevaluación Integral. Las empresas no podrán reactivar sus concesiones solo con un fallo judicial favorable en lo formal; tendrán que demostrar solvencia ética, mitigación tecnológica de punta y beneficios reales para las economías locales antes de mover una sola piedra.
En un Ecuador sin liquidez y sobre endeudado, esta ley es necesaria no para ahuyentar el capital, sino para separar a los inversionistas serios de los cazadores de fortunas y de los corruptores. Aprobarla o no, pondrá en evidencia al Ecuador de qué está hecha su Asamblea.