I. Los cinco hechos de la semana
El 21 de agosto, el consejero Augusto Verduga propuso acelerar la revisión del reglamento para el concurso que seleccionará al nuevo fiscal general. La propuesta fue aprobada en medio de críticas, especialmente por la posible exclusión de la prueba oral, generando tensiones en el Consejo de Participación Ciudadana.
El 22 de agosto, la Asamblea Nacional anunció que no acatará una orden judicial que buscaba reactivar los juicios políticos contra tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Además, planean denunciar al juez que dictó ese fallo, por supuesto prevaricato. El tema se discutirá en el Pleno cuando finalice el receso legislativo.
Las primeras impugnaciones a las primarias del 16 de agosto han ingresado a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo pronto, Carlos Rabascall, candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, es el primer impugnado.
El 20 de agosto, el 58,95% de los ciudadanos votó a favor de mantener bajo tierra —de manera indefinida— el petróleo del campo 43-ITT, el cual se ubica en la provincia amazónica de Orellana. A un año del plebiscito, este martes 20 de agosto de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional que realice el seguimiento al dictamen, y según el ministro de Finanzas el cierre del ITT podría demorar al menos cinco años.
La semana estuvo marcada por el nuevo escándalo protagonizado por el portal “La Posta”, el cual difundió videos en los que se incrimina a la Fiscalía General del Estado y a varias entidades del sector público y privado, en una trama conectada con el narcotráfico.
II. El Consejo de Participación, nuevamente contra el sentido común
El 21 de agosto, una nueva controversia estalló en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) durante una sesión del Pleno. El consejero Augusto Verduga, cercano al correísmo, propuso acelerar la revisión del reglamento para el concurso de méritos y oposición destinado a la selección del nuevo fiscal general. Verduga presentó su borrador en julio, pero desde entonces no ha recibido retroalimentación ni se ha avanzado en el análisis del documento. El borrador fue criticado al filtrarse en redes sociales, especialmente por la eliminación de la prueba práctica oral.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, había indicado que el análisis del reglamento tomaría unos 15 días, pero ya ha pasado más de un mes sin resolución. Ante esta demora, Verduga pidió que se establezca un cronograma concreto para avanzar en el proceso, lo cual fue aprobado con cuatro votos a favor. La propuesta será discutida nuevamente el 30 de agosto en el Pleno.
El debate sobre el reglamento generó tensiones entre los consejeros. Esteban Guarderas, uno de los críticos, señaló que el documento podría abrir la puerta a postulantes con vínculos al narcotráfico, lo que provocó una fuerte respuesta de Verduga, quien se negó a permitir lo que calificó como faltas de respeto.
Las pugnas al interior del CPCCS muestran sin recato, el origen de las tensiones por el control externo del organismo desde fuerzas políticas antagónicas. La trama conduce eventualmente a los mismos ejes: manipulación del organismo, para, a su vez direccionar concursos que designan autoridades de las otras Funciones del Estado, en medio de procesos judiciales en los que se juegan la impunidad o la justicia. El CPCCS, al igual que las otras cuatro Funciones del Estado son el anatema de una democracia en crisis y de una participación ciudadana anegada en la manipulación, el desencanto y la anomia.
Primera evidencia de que estamos ante un Estado fallido.
III. Asamblea desafía decisión judicial sobre juicios políticos
El 22 de agosto, la Asamblea Nacional decidió no acatar una orden judicial que buscaba reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Esta acción surge luego de que un juez fallara a favor de la asambleísta Inés Alarcón, ADN, quien solicitó reabrir los casos contra Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo, los cuales habían sido archivados por la Comisión de Fiscalización. El juez argumentó que el archivo de estos procesos vulneró los derechos de los proponentes.
Sin embargo, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, declaró que no se acatará la resolución judicial debido a que, contradice un fallo previo de la Corte Constitucional (C.C.) que establece que la justicia no debe interferir en temas políticos como los juicios legislativos. Además, la Asamblea planea denunciar al juez por error inexcusable y posible prevaricato. Muñoz también sugirió que detrás de la acción de Alarcón hay intereses políticos no revelados.
En octubre del 2023, los jueces de la C.C. dictaminaron que “la justicia constitucional no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político ni tampoco para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y/o resultado”.
En buen romance, el fallo de la C.C. le da la razón a quienes, desde distintas esferas y desde hace muchos años han cuestionado que conflictos de carácter político sean trasladados al campo jurisdiccional. Ese fallo es sumamente importante en un país tan polarizado como Ecuador, en donde desde hace décadas la política ha metido la mano en la justicia.
El desacato a esta orden judicial será discutido por el Pleno de la Asamblea una vez que termine el receso legislativo el 2 de septiembre. La decisión de archivar los juicios políticos en julio se sustentó en la falta de firmas de respaldo, argumento que sigue defendiendo el coordinador jurídico de la Asamblea, Christian Proaño. Este archivo permitió avanzar en otros juicios políticos, como el de la canciller Gabriela Sommerfeld, y el actual juicio a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Según Muñoz, los procesos seguirán su curso según lo previsto, priorizando la fiscalización de la fiscal General, Diana Salazar, luego de estos casos.
Conforme se ha consolidado la influencia de las redes sociales, la política digital genera corrientes de opinión que denuncian, juzgan la culpabilidad o inocencia, y sancionan simbólicamente a personas e instituciones, generando de la mano de medios de comunicación tradicionales una fuerte presión. Por inacción, presión, o intereses cruzados, la justicia ecuatoriana difícilmente podrá hacer lo que la Constitución le obliga.
Segunda evidencia de que se vive en un Estado fallido.
IV. Inician impugnaciones a candidaturas para elecciones del 2025
Con 17 binomios presidenciales y alrededor de un centenar de candidatos a la Asamblea Nacional, como resultado de las primarias en los distintos partidos y movimientos, las impugnaciones empezaron a llegar ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Las primeras tres vinieron de militantes de Izquierda Democrática quienes pretenden anular la precandidatura de Carlos Rabascall, argumentando irregularidades en las primarias de ese partido, realizadas el 16 de agosto de 2024.
El TCE ha anunciado que todas las impugnaciones serán tramitadas con celeridad para que se resuelvan conforme al apretado calendario electoral.
Bajo el argumento de “promover la participación ciudadana”, se abrieron las puertas de la política a los peores agentes contaminantes de un sistema democrático responsable y eficiente.
Tercera evidencia que nos habla de un Estado fallido.
V. Explotación petrolera en el bloque 43-ITT: una transición complicada
El presidente Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional (C.C.) que supervise el cumplimiento del dictamen que ordena el cese de la extracción petrolera en el Bloque 43- ITT. A un año de la consulta popular que determinó el pronunciamiento de la C.C. el
Gobierno solicitó una audiencia pública y una posible visita al sitio para evaluar los avances. Mientras el Ejecutivo señala desafíos técnicos y jurídicos, colectivos ambientalistas e indígenas critican el retraso en la ejecución del mandato popular.
El 20 de agosto de 2024, el gobierno de Daniel Noboa presentó un informe sobre el impacto y las acciones para el cierre del Bloque 43-ITT en el Parque Nacional Yasuní. El documento, elaborado por varios ministerios, plantea tres escenarios: un cierre en 13 años con declinación natural, otro en 5 años con reducción anticipada de la producción y un tercero en 4 años. Actualmente, existen 261 pozos, de los cuales 246 están activos. El cierre completo tomaría entre 5 y 7,5 años, dependiendo del presupuesto asignado por el Ministerio de Economía.
En 2024 se proyecta cerrar 10 pozos de inmediato. Entre 2025 y 2028 se espera clausurar 48 pozos por año, y 44 más en 2029 para finalizar el proceso. El costo total del cierre varía entre 3.171 y 4.544 millones de dólares, considerando tanto los ingresos perdidos como los gastos necesarios. El gobierno considera que la declinación natural es la opción menos dañina para las finanzas públicas, estimando pérdidas de 2.198 millones de dólares hasta 2029 en este escenario.
La explotación petrolera en el Bloque 43-ITT inició en julio del 2018.
Hace nueve meses, casi el 59% de los ecuatorianos le dijeron ‘Sí’ a la pregunta de la consulta popular, sobre si estaban de acuerdo con que se deje de explotar el petróleo del Bloque 43 – ITT, en donde se encuentra el Parque Nacional Yasuní, una reserva ecológica de importancia mundial y en la que viven los Tagaeri- Taromenane, últimos pueblos indígenas del Ecuador, en aislamiento voluntario.
El cambio de la matriz económica en Ecuador, basada desde hace décadas principalmente en la explotación de hidrocarburos, hacia un modelo más sostenible es un desafío complejo pero necesario para el desarrollo económico y el bienestar social sin causar contaminación ambiental. Una de las inquietudes más frecuentes respecto al tema se pregunta: ¿Y qué opciones realmente eficaces existen para optar por otro camino?
Un cambio integral de la matriz económica y productiva en Ecuador podría tardar entre 10 a 20 años, dependiendo de factores como la voluntad política, acceso a financiamiento, estabilidad económica y participación de la sociedad civil. Es crucial la planificación a largo plazo, políticas públicas coherentes y el compromiso de todos los sectores sociales y económicos.
Estas alternativas no solo buscan reemplazar la dependencia de los hidrocarburos, sino también promover un desarrollo económico inclusivo y sostenible que respete el medio ambiente y las comunidades locales.
El dilema de explotar recursos naturales debido a la iliquidez del fisco, es una constante de la que no escapó ni siquiera el gobierno del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, esos recursos se explotan, y la economía del país sigue en cuidados intensivos; la deuda pública se ha duplicado en los últimos 6-7 años y según expertos en economía ya supera los 80 mil millones de dólares; la cuantiosa inversión en sectores estratégicos no se refleja en un mejoramiento de la calidad de vida de la población, y tampoco en un cambio cualitativo de sectores llamados a garantizar acceso a salud, educación y bienestar social; la pobreza no disminuye, y el “empleo inadecuado” es la constante; la atracción de inversión extrajera, precisamente para mejorar esos dígitos, se cuestiona desde algunos ámbitos debido a los potenciales riesgos que suponen para el aparato productivo nacional, debido a las inequitativas condiciones en que pueden suscribirse, con países cuyas capacidades productivas y económicas son exponencialmente superiores a las del Ecuador; ello pone en tela de duda si en la práctica, se precautelan los sectores estratégicos del país.
El fallo de la C.C. es sumamente importante en un país tan polarizado como Ecuador, en donde es un muy mal hábito político el “meter la mano en la justicia”. En realidad, esa presión falsea el control político, vulnera el debido proceso que corresponde al control judicial, enerva la polarización social y el antagonismo.
El proceso de transición que debe seguirse para para obedecer el mandato popular y respetar la decisión de la Corte Constitucional aparece más complicado de lo que se había previsto por quienes apoyaron el “SÍ en la consulta popular que determinó el cese de la explotación petrolera en el Yasuní.
Las razones para extender el cierre de operaciones en el bloque 43 ITT, requieren una decisión política del gobierno de transición y del binomio que triunfe en el 2025. El acompañamiento al proceso por parte de movimientos sociales, es indispensable.
VI. ¿Cómo salir del Estado fallido?, un debate impostergable
El Estado ecuatoriano es un estado fallido. Basta revisar la historia nacional, mirar el pasado y el presente. Las instituciones acusan una grave decadencia; el Estado ha perdido el control frente a la implantación de la industria global del narcotráfico. La polarización, la fragmentación y el antagonismo irreconciliables, describen el perfil de una clase política que —con contadas excepciones— ha cargado el fardo de su paulatina descomposición en un sistema que bien fue calificado como
“partidocracia”, hasta anclarse en la kakistocracia o “el gobierno de los peores”. La ciudadanía está dividida y sin liderazgo; no existe —o al menos no se acuña consistentemente— una visión de país, basada en un ideal de futuro capaz de cohesionar la diversidad y de abrazar una utopía de justicia y bienestar que empuje hacia adelante.