“Al César lo que es del César” no es solamente una frase bíblica sobre justicia y responsabilidad; es también un principio moral y ético que exige reconocer, con honestidad intelectual y humana, a quien estuvo presente cuando otros negaron, calumniaron, callaron, huyeron o se acomodaron al miedo. Y en medio de uno de los episodios más dolorosos y oscuros de la historia reciente del Ecuador —la desaparición forzada y asesinato de Ismael, Steven, Nehemías y Josué, los cuatro niños de Las Malvinas— resulta imposible ignorar el valor simbólico y humano del respaldo que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, brindó a las familias cuando gran parte del poder político prefirió el silencio, la indiferencia o la justificación.
Las disculpas públicas realizadas este jueves, 4 de junio de 2026, en el hemiciclo de la Rotonda del Malecón 2000 no nacen de la voluntad ética del gobierno ecuatoriano. Nacen de una sentencia. Nacen de la obligación jurídica frente a un crimen que la Corte Constitucional y la justicia en todas sus instancias, terminó reconociendo como una violación gravísima de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Y esa diferencia es fundamental, porque demuestra que el Estado no pidió perdón por convicción, sino porque fue forzado a hacerlo por el peso de la verdad, la presión de las familias y la persistencia de quienes se negaron a olvidar.
Cuando un Gobierno desaparece niños, rompe el pacto más básico de civilización. Pero cuando además intenta justificar, minimizar o politizar ese horror, la herida se vuelve todavía más profunda. Las madres y padres de Ismael, Steven, Nehemías y Josué no solo tuvieron que soportar el dolor insondable de perder a sus hijos; también tuvieron que enfrentarse a la deshumanización, a la sospecha, al abandono institucional y a una narrativa de poder que muchas veces buscó presentar a las víctimas como responsables de su propio destino. Ahí es donde la solidaridad pública adquiere un valor inmenso.
Reconocer la postura de Aquiles Álvarez no significa convertir a nadie en santo ni negar que toda autoridad pública debe responder ante la Ley cuando corresponda. Significa, sencillamente, tener la honestidad de admitir quién acompañó a las víctimas en los momentos más duros y quién prefirió proteger intereses políticos antes que principios humanos fundamentales. Porque la memoria también exige coherencia.
Por eso, cuando hoy los padres de esos cuatro niños expresan gratitud al alcalde de Guayaquil, no están hablando únicamente de política. Están hablando de humanidad. Están reconociendo a una figura pública que, desde su posición, decidió no esconderse frente a un crimen que estremeció al país. Y eso, en tiempos cuando el cálculo político suele imponerse sobre la empatía, tiene un peso enorme.
Al mismo tiempo, el contexto actual abre una discusión inevitable sobre el uso del poder gubernamental. Un aparato estatal que ya fue condenado por desapariciones forzadas y violaciones gravísimas de derechos humanos pierde autoridad moral cuando las instituciones son percibidas como herramientas de persecución, castigo político o venganza. La prisión preventiva prolongada, las condiciones extremas de encarcelamiento, las denuncias sobre deterioro físico y amenazas contra la vida de cualquier persona —incluyendo la de una autoridad electa— deben preocupar incluso a quienes no simpatizan políticamente con él. Porque los derechos humanos no existen solamente para los ‘perfectos inocentes’ ni para los aliados ideológicos; existen precisamente para impedir que el poder destruya garantías fundamentales bajo el pretexto de combatir enemigos.
La presunción de inocencia no puede convertirse en una frase decorativa. Y la legítima defensa tampoco puede ser anulada por la presión mediática o por el odio político. Cuando un país empieza a normalizar el castigo anticipado, el deterioro físico de los detenidos, la humillación pública y el encarcelamiento como espectáculo, todos los ciudadanos terminamos en riesgo, porque el precedente que hoy se usa contra uno, mañana puede utilizarse contra cualquiera.
La tragedia de los cuatro niños de Las Malvinas: Steven, Nehemías, Ismael y Josué, dejó una lección dolorosa: ningún gobierno debe tener un poder tan grande como para actuar sin límites morales ni controles reales. Y por eso mismo, la memoria de Ismael, Steven, Nehemías y Josué no debería ser utilizada únicamente como símbolo del horror vivido, sino también como advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando el aparato estatal olvida que su deber principal es proteger la dignidad humana.
Dar “al César lo que es del César” implica reconocer méritos cuando existen, incluso en medio de profundas divisiones políticas. Pero también implica exigir responsabilidades al poder cuando este atropella derechos fundamentales. La verdadera justicia no puede depender de simpatías partidistas. O se defiende para todos o termina desapareciendo para todos.