La captura del dictador Nicolás Maduro bajo la administración de Donald Trump no constituye, por sí misma, una transformación sustantiva del régimen para abrir un proceso que garantice la democratización de Venezuela. Por el contrario, configura un escenario de alta incertidumbre política y de riesgo sistémico, tanto a escala regional como global, ya que, lejos de provocar el colapso del régimen chavista, la operación estadounidense —orientada a neutralizar al líder sin desmantelar la arquitectura de poder autoritario que lo sostenía— apuntó a la consolidación de una nueva modalidad de intervención hegemónica bajo la etiqueta de “ataque quirúrgico” sin que se requiera la autorización del Senado de los Estados Unidos. La cual, aunque es violatoria a la Carta de las Naciones Unidas, se distancia de los esquemas clásicos de las invasiones militares y las lógicas tradicionales de cambio de régimen para inscribirse en una forma de neocolonialismo funcional, donde el control no se ejerce mediante la ocupación territorial directa, sino a través de la coerción selectiva, la amenaza permanente y la subordinación de las élites locales estratégicamente dependientes y políticamente disponibles a los intereses extranjeros.
Quizás por eso, la figura de Delcy Rodríguez —actual presidenta encargada y pieza central del aparato chavista— parecería más funcional a los intereses norteamericanos que los laureados políticos de oposición con alta visibilidad internacional: Edmundo González y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quienes cayeron en el espacio de los best sellers, sin que esto fuera suficiente para que pudieran disputar con liderazgo propio el poder coercitivo del Estado, las milicias civiles o, incluso, unificar al antichavismo. En lugar de ello, prefirieron recurrir a la adulación y a la indignidad de esperar un ataque militar estadounidense en su propio país para ser recibidos en alfombra roja y con “mesa servida”, lista para gobernar. Situación que, desde el pragmatismo de Trump, es uno de los motivos para prescindir de González y Machado, y legitimar el encargo del gobierno venezolano a Delcy Rodríguez bajo la tutela de los secretarios de Estado y de Guerra de los Estados Unidos, Marco Rubio y Pete Hegseth, y al asesor en temas de seguridad y migración de ese país, Stephen Miller, cuyo trabajo será evaluado por los republicanos que seguramente verán en algunos de ellos a su próximo candidato presidencial.
Sin embargo, una razón de mayor peso es que ninguno de los dos políticos de oposición -González y Machado- estaría en capacidad de evitar una guerra civil en Venezuela.
En este sentido, más allá de Nicolás Maduro —de lo que representaba como cabeza de un régimen antidemocrático y de su juicio en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en EE. UU— su captura vitoreada en las calles con cánticos de libertad en varias ciudades del mundo, puede interpretarse como una actualización operativa de la Doctrina Monroe en clave de Seguridad Nacional, configurando un modelo de intervención potencialmente replicable frente a cualquier Estado latinoamericano que posea recursos naturales estratégicos de interés para Estados Unidos, como el petróleo venezolano sobre cual ya marcó propiedad, o que represente un obstáculo político para acelerar la expansión de la oleada ultraderechista en la región —como ya comienza a insinuarse en el caso colombiano— sin que esto excluya a territorios de países miembros de la Unión Europea como la isla de Groenlandia, que son vistos como prioritarios para la seguridad nacional estadounidense por las nuevas rutas marítimas que se pueden abrir para buques mercantes y de guerra, pero también por sus recursos como el uranio, el petróleo y el gas natural.
De este modo, Venezuela podría convertirse en el laboratorio de una nueva gramática del poder estadounidense: una forma de dominación lumpentotalitaria y de rasgos hamponiles orientada al control de territorios y recursos naturales que Estados Unidos considera propios —aunque no lo sean—, más sofisticada y selectiva en sus métodos de intervención, pero no menos agresiva en su narrativa ni menos devastadora en sus consecuencias políticas, sociales y económicas.
Este patrón de acción se inscribe en un orden mundial en transición y crisis, marcado por el irrespeto a las reglas y los límites del sistema internacional, y por las persistentes pretensiones de Estados Unidos —bajo la administración Trump— de erosionar el principio de equilibrio de poder, pilar central de un orden global relativamente estable.