En el marco de su 190° Periodo de Sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió a distintas organizaciones de la sociedad civil la audiencia Ecuador: derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis carcelaria. A propósito, comparto mi intervención:
“Comisionadas y comisionados, hombres y mujeres privados de libertad —lamentablemente privados de escucharnos y de que los escuchemos—, mujeres familiares de las personas detenidas, representantes del Estado: soy María Amelia Espinosa, directora de Iniciativas para la Reintegración, y, al contrario de los colegas que me antecedieron, yo no vengo a responsabilizar únicamente al Estado, sino a la ciudadanía, a esa que criminaliza y estigmatiza, que habla de empatía sin quitarse los zapatos y con las puertas y ventanas cerradas.
Ciudadanía de pantallas y contenido basura, que consume series sobre narcos, mafiosos y drogas, sin entender que aúpa y financia el reclutamiento de niños y adolescentes en nuestras periferias, que acceden a estos pseudo ideales de vida, donde el estatus te lo da el revólver y el cadáver al primer tiro en la cabeza. Estatus que no dan la cultura, el deporte o la educación. Probablemente porque estos lujos no llegan a las ciudades donde el crimen organizado ha consolidado sus estructuras, sus centros de formación, sus modus vivendi.
Probablemente porque el diseño y difusión a voz en grito de una Política Pública de Rehabilitación Social con enfoque de derechos no tuvo derecho a que se le asignen recursos suficientes para cumplir con sus fines en el ámbito de la ejecución de penas.
Porque las personas detenidas, señoras y señores representantes del Estado y ciudadanía ecuatoriana, tienen, precisamente, derecho a crear itinerarios personales y profesionales que les inspiren, les saquen de los entornos de pobreza de los que provienen y les permitan integrarse socio laboralmente.
Hablo del 80% de la población interna en nuestras 36 cárceles: jóvenes de entre 18 y 29 años que apenas han terminado el bachillerato, que nunca han pertenecido al sector laboral formal, que no saben lo que es acudir al sistema público de salud o recibir tratamientos subvencionados por sus aportes a la seguridad social. Tampoco lo supieron sus padres, mucho menos lo sabrán sus hijos.
Hablo del acierto de la Ley de Eficiencia Económica al prever incentivos para la creación de plazas de trabajo para personas privadas de libertad en régimen abierto o excarceladas. De la necesidad de ponernos, ciudadanos y empresariado, en la lógica de la corresponsabilidad y la responsabilidad social corporativa.
Debemos entender que al acortar las brechas de igualdad, aportamos a la reducción de la reincidencia y reclutamiento criminal, y necesariamente a la mejora de la seguridad, que ha caído en un paradigma obsoleto de control.
El encierro subraya y exacerba las desigualdades, y pone, sobre mujeres madres, hermanas, esposas e hijas que están detrás del 98% de hombres privados de libertad en Latinoamérica, toda la carga económica y emocional del cuidado. Toda. Debemos asumir como propia su ética, valorar que el trabajo de cuidado que realizan es esencial para una sociedad más justa y segura.
Debemos llamar la atención sobre la necesidad de sistemas de apoyo y protección para la población carcelaria y sus familiares, para pasar del cliché de una seguridad inclusiva y sostenible, a un país en que podamos, todas y todos, vivir libres de cualquier tipo de violencia”.