Hay una frase que se repite con insistencia en el debate público ecuatoriano: «hay que respetar la legalidad». Sin embargo, cada vez que la escucho me pregunto: ¿De qué legalidad estamos hablando? Porque, desde mi perspectiva, la legalidad en el Ecuador dejó de ser un verdadero límite al Poder hace más de 18 años. Lo que hoy se presenta como institucionalidad es, en demasiadas ocasiones, apenas una fachada detrás de la cual opera un sistema construido para que el gobernante de turno someta a las instituciones a su voluntad.
No sostengo que este proceso haya comenzado con Daniel Noboa. Por el contrario, considero que el origen del problema se encuentra en el modelo político e institucional que surgió después de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Antes de ese momento, la institucionalidad ecuatoriana ya era frágil, inestable y fácilmente influenciable por el poder político. Después, en mi opinión, esa debilidad dejó de ser una anomalía para convertirse en un método de gobierno.
El correísmo edificó un esquema basado en la concentración del poder bajo el argumento de fortalecer al Estado. En realidad, terminó diseñando un aparato institucional donde los controles dejaron de controlar y las instituciones llamadas a fiscalizar pasaron, paulatinamente, a depender del mismo poder que debían vigilar. Esa fue la verdadera herencia del correísmo: no únicamente un proyecto político e ideológico, sino una estructura estatal diseñada para facilitar la concentración del poder.
Daniel Noboa no inventó ese mecanismo. Simplemente comprendió que ya existía y decidió aprovecharlo. No necesitó desmontar el modelo, le bastó administrarlo. Descubrió que la moneda más valiosa no es el dinero, sino el poder mismo: la capacidad de utilizar el aparato estatal como instrumento político. Cuando el Estado deja de pertenecer a los ciudadanos y comienza a funcionar al servicio de quien gobierna, la República empieza a perder su esencia.
Desde esa perspectiva, resulta difícil ignorar el progresivo debilitamiento de los contrapesos institucionales. Organismos cuya legitimidad es objeto de cuestionamientos, una Fiscalía percibida por amplios sectores como selectiva en el ejercicio de sus funciones, una justicia cuya independencia genera constantes dudas, una justicia electoral señalada reiteradamente por su falta de imparcialidad y una Asamblea Nacional que, lejos de ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo, parece haberse resignado a acompañar sus decisiones, como un apéndice más.
Cuando las instituciones dejan de actuar con autonomía, el problema deja de ser jurídico para convertirse en político. La Ley pierde su carácter universal y comienza a aplicarse de forma diferenciada: rigurosa para unos, complaciente para otros. La justicia deja de ser un principio y se transforma en una herramienta de conveniencia. El Estado de derechos comienza a degradarse hasta convertirse en un sistema donde la arbitrariedad sustituye a la igualdad de los ciudadanos, (tanto mandantes como mandatarios), ante la Ley.
Muchos creen que el problema tiene nombre y apellido, pero esa es una visión demasiado superficial. El verdadero problema es estructural. Noboa no es la causa del modelo, es apenas uno de sus beneficiarios. Ayer fue Correa, Moreno y Lasso; hoy es Noboa; mañana será cualquier otro presidente que encuentre intacto este mismo andamiaje institucional. Cambian los actores, pero el libreto permanece inalterable.
Es cierto que el actual gobierno, en mi opinión, ha llevado esta lógica a niveles que incluso durante el correísmo parecían difíciles de imaginar. La utilización del Poder muestra hoy una intensidad que hace algunos años habría provocado un mayor escándalo institucional. Pero esa diferencia es cuantitativa, no cualitativa. No altera la naturaleza del problema. El sistema sigue siendo el mismo, únicamente ha cambiado la forma de ejercerlo.
Por eso me resulta insuficiente reducir el debate político a la defensa o al rechazo de un determinado gobierno. Esa discusión es apenas la superficie. La verdadera pregunta es otra: ¿Qué clase de Estado hemos construido para que cualquier presidente pueda acumular semejante nivel de control sobre las instituciones? Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, seguiremos atrapados en un ciclo perverso donde cada nuevo gobierno promete desmontar los abusos del anterior, solo para terminar utilizando exactamente las mismas herramientas.
La tragedia institucional del Ecuador no consiste únicamente en haber tenido gobiernos autoritarios o excesivamente concentradores del poder (y a la vez ineptos para resolver los problemas). Consiste, sobre todo, en haber normalizado un diseño institucional donde el Poder dejó de estar sometido al Derecho y el Derecho terminó subordinado al Poder.
Y esa, quizá, sea la derrota más profunda de un Ecuador democrático y republicano.