Sin reglas eficaces de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas sobre el uso político de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales, las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador enfrentarán el primer proceso en el que la disputa por el poder no se librará fundamentalmente en el territorio, sino en ecosistemas tecnológicos capaces de amplificar la desinformación, intensificar la polarización, manipular percepciones, erosionar la confianza ciudadana y comprometer la legitimidad de los resultados, con una virulencia potencialmente superior a la observada durante las elecciones generales de 2025, que fueron el abreboca de lo que se vendría.
Las suspicacias sobre la inequidad y la opacidad del proceso forman parte del contexto político de la contienda. El 14 de febrero de 2026, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido entonces por Diana Atamaint, aprobó el calendario que fijaba las elecciones seccionales y del CPCCS para el 14 de febrero de 2027. Sin embargo, apenas seis semanas después, el 27 de marzo, el propio organismo modificó ese cronograma y adelantó la jornada electoral al 29 de noviembre de 2026, invocando informes técnicos que advertían sobre los riesgos climáticos asociados a la temporada invernal y a un eventual fenómeno de El Niño.
La justificación formal existe, pero no convence: Ecuador ha celebrado elecciones en circunstancias adversas: las presidenciales de 1998 se realizaron en medio de una profunda crisis económica, financiera e institucional, con primera vuelta el 31 de mayo y balotaje el 12 de julio; se realizaron las elecciones generales de 2021 (primera vuelta el 7 de febrero y balotaje el 11 de abril) bajo condiciones sanitarias y logísticas complejas marcadas por la pandemia del COVID‑19. El argumento climático resulta insuficiente para despejar las dudas sobre una decisión que redujo los plazos del proceso electoral, comprimió los tiempos de democracia interna y reconfiguró las condiciones de competencia, afectando a la mayoría de las organizaciones políticas obligadas a reorganizarse contrarreloj.
El reemplazo de Diana Atamaint por José Cabrera en la Presidencia del CNE, el 11 de junio de 2026, añade otra capa de desconfianza. Cabrera fue designado con cuatro votos cuando faltan menos de seis meses para los comicios.
La Revolución Ciudadana enfrenta el golpe más severo: el TCE suspendió por nueve meses a RC por una investigación fiscal, dejándola impedida de participar con su denominación oficial en pleno arranque del ciclo seccional. Eso no elimina su voto, pero lo obliga a migrar: alianzas, siglas prestadas, candidaturas locales, acuerdos de supervivencia. La política ecuatoriana entra así en una fase de camuflaje organizativo: menos partidos con identidad programática y más cascarones habilitados para transportar votos ajenos. A más de votar por caras conocidas en sus localidades o por su exposición mediática, los electores deberán votar entre caballos de Troya.
El reemplazo de Diana Atamaint por José Cabrera en la Presidencia del CNE, el 11 de junio de 2026, añade otra capa de desconfianza. Cabrera fue designado con cuatro votos cuando faltan menos de seis meses para los comicios. Su presencia como vocal en el CNE está asociada a una postulación vinculada al Partido Social Cristiano; su ascenso a la presidencia en reemplazo de Atamaint generó varias especulaciones, entre ellas, desencuentros sobre el manejo político a la solicitud de formularios para la revocatoria de Daniel Noboa y de su vicepresidenta, María José Pinto.
La coincidencia, sin embargo, pesa. El 9 de junio de 2026, Washington Andrade y Leonidas Iza presentaron solicitudes de formularios para activar la revocatoria de mandato contra el presidente Noboa.
El 24 de junio, la Presidencia respondió al CNE con 22 cajas y 14.532 folios, pidiendo inadmitir el trámite. El argumento del Ejecutivo: no se puede declarar incumplido un plan de gobierno plurianual sin identificar metas, fases ni parámetros objetivos. Políticamente, el Gobierno no solo contestó: intentó inundar el expediente, convertir la admisibilidad en litigio técnico y colocar al CNE bajo el microscopio antes de que empiece la campaña territorial.
A la presión electoral se suma la presión fiscal sobre los GAD. El 20 de febrero de 2026, la Asamblea aprobó, con 77 votos, la reforma al COOTAD enviada por Noboa como económica urgente. La norma obliga a municipios y prefecturas a destinar al menos 70 % del presupuesto anual codificado de egresos no financieros a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, dejando 30 % para gasto corriente. El Gobierno la vende como disciplina fiscal; varios GAD, opositores y analistas independientes la leen como cerco a la autonomía local. En campaña, esa regla será munición: el oficialismo acusará de despilfarro; los alcaldes y prefectos dirán que Carondelet les impone obligaciones sin resolver transferencias, seguridad ni competencias y también podrían argumentar que presiona a sus adversarios en la campaña electoral.
El tablero seccional se arma sobre un mapa de soberanía territorial erosionada
El Decreto Ejecutivo 423, del 16 de junio de 2026, declaró un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias —Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Azuay— y en tres cantones adicionales: La Maná, Las Naves y La Troncal.
La propia geografía del decreto equivale a una confesión estatal: no se trata de focos aislados, sino de corredores, puertos, fronteras, cárceles y economías locales penetradas por organizaciones criminales; eso incide sobre la competencia.
En 2026 no se disputa únicamente quién administra basura, vías o agua potable; se disputa quién puede gobernar bajo extorsión, miedo, financiamiento opaco y amenaza armada. En al menos una decena de provincias, las candidaturas no solo deberán convencer a los votantes: deberán sobrevivir al control territorial de actores criminales y a la excepcionalidad convertida en la única estrategia del régimen frente a la inseguridad. Esa es la costra más grave del proceso: la democracia local se organiza donde el Estado admite que necesita medidas extraordinarias porque no controla plenamente el territorio.
De nuevo el correísmo será la fuerza de mayor oposición
La definición del paquete de precandidaturas en Guayas evidencia la apuesta del correísmo por utilizar la plataforma del movimiento AMIGO como vehículo principal de rearticulación territorial, ante la suspensión formal de la Revolución Ciudadana. La sustitución de Aquiles Álvarez por Juan Pablo Molina, en Guayaquil, expresa un intento de refrescar el liderazgo urbano con un perfil parlamentario que combina lealtad al núcleo correísta y capacidad de confrontación institucional. Adicionalmente, la RC evita una muy probable impugnación a la candidatura de Álvarez y mantiene su narrativa de victimización sobre el alcalde en funciones.
La postulación de Sofía Espín a la Prefectura, también bajo el paraguas del movimiento AMIGO, refuerza una estrategia de “doble ancla” en la provincia, apuntando a consolidar el histórico bastión guayasense mediante una coordinación más estrecha entre prefectura y alcaldías clave del cordón metropolitano.
En Quito, el sábado 27 de junio, luego de las primarias realizadas por la Revolución Ciudadana se confirmó que Pabel Muñoz buscará la reelección a la alcaldía, y Alex Tonello será el candidato a la Prefectura de Pichincha.
Jorge Yunda aspira a la Alcaldía de Quito por AVANZA. Es plausible presumir que de ganar, apoyara al Gobierno, bajo el argumento de darle gobernabilidad a la capital.
Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento del presidente Daniel Noboa, presentó en sus primarias una lista de precandidatos para distintas dignidades del país, aunque hasta el cierre de este análisis no ha oficializado quiénes serán sus postulantes definitivos, tanteó días atrás la temperatura del agua al proyectar figuras como John Reimberg, Andrés Guschmer, Gabriela Sommerfeld y Juan Carlos Vega para plazas clave. Luisa González (Amigo-RC) es la candidata a la Prefectura de Manabí.
En Quito, el sábado 27 de junio, luego de las primarias realizadas por la Revolución Ciudadana se confirmó que Pabel Muñoz buscará la reelección a la alcaldía, y Alex Tonello (actual viceprefecto) será el candidato a la Prefectura de Pichincha.
Las seccionales se están convirtiendo en un nuevo plebiscito sobre Noboa. El Presidente llega con desgaste acumulado por inseguridad persistente, estados de excepción sucesivos, conflicto con los GAD, conflicto con la prensa y la revocatoria en trámite inicial. El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tampoco llegan con su credibilidad ilesa: uno cambia de mando en plena cuenta regresiva, el otro aparece como actor que puede definir quién compite y bajo qué sigla, y con qué clima.
El riesgo mayor no está en quién gane una ciudad: está en que Ecuador llegue a noviembre con una democracia formalmente activa y territorialmente condicionada: partidos mutilados, autoridades locales fiscalmente acorraladas, árbitros electorales bajo sospecha, crimen organizado instalado en corredores estratégicos y un Ejecutivo que gobierna con calendario, expediente, excepción, propaganda y silencios estruendosos en casos que golpean su reputación y credibilidad. Esa combinación no clarifica las opciones, las vuelve más ásperas, menos libres en los márgenes y más decisivas en sus consecuencias.
En un contexto de creciente desconfianza institucional, las tecnologías digitales y las redes no solo son una amenaza a la reputación de candidatos y autoridades; pueden alterar la percepción pública, distorsionar la deliberación electoral y condicionar el voto mediante emociones intensas antes que mediante hechos verificables. El riesgo ya no consiste únicamente en la desinformación, sino en la consolidación de una esfera pública donde la verdad pierde capacidad competitiva frente a contenidos diseñados algorítmicamente para viralizar indignación, miedo y descrédito.
Cabe recordar que el carácter aún preliminar de estas candidaturas mantiene abierto el margen para ajustes tácticos durante la fase de inscripción y eventuales impugnaciones ante el CNE.
La disputa por el control de Guayaquil
Guayaquil es el trofeo mayor en estas elecciones seccionales. Quien se lleve la perla influirá en la agenda política con una fuerza de alcance nacional. Por ahora, la disputa por Guayaquil se traba en el Salón de Olmedo. La sesión extraordinaria del Concejo de Guayaquil del 26 de junio de 2026 negó la remoción de Aquiles Álvarez como alcalde del puerto principal. El Concejo no solo interpretó de forma garantista la causal del artículo 333 del COOTAD, sino que también protegió una marca política que sigue siendo clave para el correísmo en la ciudad. El resultado consolida un arreglo híbrido: un alcalde-ícono, jurídicamente vigente pero materialmente ausente, y una autoridad subrogante que gestiona sin haber sido plebiscitada de forma directa. Esta combinación produce una “doble legitimidad” que tensiona la relación representación-gobernabilidad y ofrece al oficialismo local un relato victimista, útil en campaña pero que expone al municipio y a Guayaquil —a sus millones de habitantes— a una creciente presión de actores estatales, judiciales y criminales que disputan el control del territorio urbano.
El proceso que mantiene encarcelado al alcalde de Guayaquil, puede reventar políticamente en las narices de quienes lo transformaron en una víctima. Es una probabilidad que no se puede descartar.
Las seccionales de 2026 inauguran en Ecuador una doble brecha de legitimidad tecnológica y procedimental. Por un lado, la ausencia de regulaciones sobre el uso político de IA y plataformas digitales deja el campo abierto para operaciones opacas de segmentación, desinformación y ataque reputacional, capaces de redefinir la competencia más en la arquitectura algorítmica que en el espacio público territorial. Por otro, las “movidas” del CNE de adelantar en pocos meses una elección ya convocada alimenta la percepción de reglas móviles y arbitraje interesado, incluso cuando se esgrimen argumentos técnicos como el riesgo climático. Este cruce de incertidumbres amenaza con convertir las seccionales en un plebiscito sobre la confianza en el sistema electoral, tanto como sobre las autoridades.