Los negocios que todavía abren sus puertas en la Plaza Foch lo hacen en voz baja. Sus dueños prefieren no ser fotografiados ni dar sus nombres. Dicen que el sector está más tranquilo, pero hablan de grupos criminales que amenazan a funcionarios de la Administración Zonal La Mariscal, de «campaneros» apostados frente al edificio municipal y de «infiltrados» que alertan sobre cada operativo policial antes de que comience. Mientras tanto, casinos y prostíbulos funcionan a plena luz del día en lo que fue el corazón de la vida nocturna de Quito.
La Policía Nacional tiene esa dinámica mapeada. “En La Mariscal existen territorios repartidos”, confirmó el mayor Byron Flores, jefe de operaciones policiales del distrito Eugenio Espejo. Lo que complica el trabajo es que quienes operan ahí no se perciben como delincuentes. “Pueden ser carameleros, flayeros, guardias de los locales», explicó. Rostros cotidianos del sector que sirven de ojos y oídos, y a veces de distribuidores, para las estructuras que controlan la zona. Cuando la Policía detiene a uno, el engranaje no se detiene. «Los detenemos, pero ponen a otra persona en reemplazo», admitió el oficial.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, La Mariscal acumuló 26 homicidios intencionales en los últimos 12 años, el 1,33% del total registrado en el Distrito Metropolitano, con un pico de seis casos en 2025. En el mismo período, sectores como Ecuatoriana, Guamaní o Turubamba triplicaron esa cifra.
Entre 2025 y lo que va de 2026 el número de homicidios cayó de seis a uno en La Mariscal. El oficial Flores prefiere leer ese dato con cautela. “Puede ser que todo se encuentre en calma porque no hay disputas (criminales) ahorita”, dijo. Pero las muertes del año pasado no fueron aleatorias. “Se dieron a personas que cumplían algunos roles y actuaban como flayeros, enganchadores, guardias. Son muertes selectivas, es decir, ya existe una motivación detrás”.
Flores advierte que la calma depende del equilibrio entre estructuras criminales. Si ese equilibrio se rompe por una pelea interna, dice, las muertes violentas volverán. “Son personas fácilmente reemplazables”, indicó en referencia a los distribuidores de calle. Pero los homicidios cuentan solo una parte de la historia.
Pese a los números relativamente bajos, el barrio ocupa el cuarto lugar entre los sectores con más detenidos de todo Quito. Con 2.770 arrestos entre 2019 y 2025, La Mariscal solo está detrás de los sectores Iñaquito, el Centro Histórico y Las Cuadras. Los homicidios son bajos; las detenciones, altas. El barrio no es el más violento de la ciudad en términos de muertes violentas, pero sí uno de los que más actividad criminal registra.
La caída de un populoso barrio
Desde la década de los ochenta, La Mariscal fue el centro de la juerga capitalina, escena cultural, de encuentro social y corazón de un centro financiero en auge. Ese barrio ya no existe. El arquitecto y urbanista Fernando Carrión, experto en ciudad y violencia, lo estudió durante años y reconstruye la caída por etapas. «Nació como barrio residencial de élite. Después se convirtió en una centralidad: aparecieron los bancos, los centros comerciales. Luego empezó a ser un espacio de ocio”, explicó. Después llegó lo demás. «Con el espacio de ocio entró el consumo de alcohol, de marihuana, y finalmente caímos en el consumo de cocaína», agregó.
Antes del COVID-19 en 2020, el sector ya arrastraba problemas estructurales de seguridad que espantaron al comercio local, pero aun así se mantenía como núcleo del entretenimiento, la gastronomía y el turismo en la capital. La pandemia golpeó lo que quedaba con el confinamiento, las restricciones de aforo, el teletrabajo de las torres corporativas aledañas y la ausencia de turismo internacional desmantelaron el tejido comercial.
La pandemia hirió de gravedad al sector. En julio de 2021, un levantamiento de la Administración Zonal sobre 2.237 establecimientos reveló que el 28% había cerrado sus puertas. Para mediados de 2023, la Asociación de Hoteles de La Mariscal reportó apenas 840 locales activos; al menos 1.600 habían cerrado o estaban en proceso de cierre.
A inicios de 2024, el estado de conflicto interno del país trajo toques de queda y restricciones nocturnas que fueron el golpe de gracia para un barrio cuya economía dependía en un 60% de la vida nocturna. Hoy hay más carteles de «se arrienda» que locales abiertos.
«La venta de drogas y los robos apagaron el ambiente. Llevamos años esperando que el Municipio cumpla su plan de rehabilitación», dijo bajo reserva uno de los dueños de un local de venta de comida en la Plaza Foch.
La Foch como epicentro
Quienes viven y ayudan en la organización del barrio señalan a la Plaza Foch como el punto crítico de los problemas de La Mariscal. Para el arquitecto Esteban Najas, especializado en temas urbanos, ese punto es clave. “Hay una pieza crucial que, de no resolverse, cierra toda posibilidad: la plaza El Quinde. Durante décadas fue el corazón nocturno del norte de Quito. Hoy es un epicentro de todo tipo de ilegalidades y del microtráfico que degrada de manera devastadora la percepción integral del barrio”, explicó.
«No puedes recuperar una zona como La Mariscal mientras La Foch siga manteniéndose como un foco de conflicto, de inseguridad, delincuencia y crimen», complementa David Montesinos, residente, urbanista e integrante del colectivo Mariscal Sur, una iniciativa ciudadana para la recuperación del barrio.
Paola Romero, exsecretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Quito y expresidenta barrial, sostiene que La Foch tiene un problema propio que no define a toda La Mariscal, pero que su deterioro ahuyenta residentes y cierra negocios. “El abandono se propaga, de edificio en edificio”, dijo. “El reto es darle la vuelta al barrio y sanar el foco problemático”.
Para Najas, La Foch no es solo un epicentro de La Mariscal, sino su metástasis. “Son 130 hectáreas. Hay edificios que dan hacia la 10 de Agosto, hoteles, equipamiento, patrimonio moderno, restaurantes exitosos de alto nivel. No todo está dañado», advierte. Lo que ocurre en La Foch, sin embargo, puede expandirse. “Si ya es difícil poblar una zona que se está despoblando por un cambio demográfico, más difícil es que la gente quiera volver si hay una zona roja en donde hay tráfico de droga”.
Un 70% de los bares y discotecas de la zona se concentra en la calle Calama, según estimaciones de la Administración Zonal. En ese tramo, entre las calles Diego de Almagro y la Av. Amazonas, el consumo de alcohol en la vía pública es algo común y normalizado pese a los operativos de control estatales. Las tiendas de abarrotes operan junto a las discotecas y venden licor en combo, con vaso y hielo para consumir en la vereda. En algunos locales hay letreros que ofrecen guardar mochilas escolares y bolsos mientras sus dueños se divierten.
La escopolamina y el silencio
La noche del 17 de abril de 2026, Fernando, un repartidor de comida que prefirió no revelar su apellido, se reunió con cuatro amigos en la puerta de una discoteca en el corazón de la calle Calama. Compraron cervezas en la tienda y parquearon sus motos sobre la vereda. Un portero se acercó: «Quita la moto, vienen los policías, te multan a ti y también a nosotros». Fernando no hizo caso.
Llegó la patrulla y pasó frente a ellos a paso lento. Los miró. Fernando levantó el vaso a modo de saludo. La patrulla siguió de largo. “Nunca hacen nada esos manes”, dijo mientras servía otra ronda. Luego bajó la voz. “Eso sí, tengan cuidado. Nunca vengan solos. Aquí afuera hay una patrulla, pero dentro de las discotecas hay otra gente que te escopolamina”.
La escopolamina, conocida también como «burundanga», es usada por criminales para adormecer a sus víctimas. «Se sabe que si entras solo te ven y te siguen. Te pueden drogar en los baños de las discotecas», aseguró Fernando.
La noche anterior a uno de los recorridos del equipo para esta investigación, el 16 de abril de 2026, dos militares —uno de ellos parte de la seguridad presidencial— denunciaron que fueron víctimas de escopolamina en una discoteca de la zona. Pasada la medianoche, subieron a un vehículo con unas mujeres para seguir la fiesta en otro lugar. Ambos despertaron horas después en distintos puntos de la ciudad, sin recordar lo ocurrido. De sus cuentas habían desaparecido cerca de USD 10.000.
El caso de los militares no es un hecho aislado. En el distrito Eugenio Espejo, del que es parte La Mariscal, se registraron 92 casos de robo mediante sustancias de aturdimiento (como la escopolamina) en todo 2025. Según la Policía, en lo que va de 2026, ya son 145 casos, un incremento de 53 casos en apenas seis meses.
“Los días que más frecuentan son los viernes, entre las 19:00 y las 22:00. Los hombres son las víctimas en un 80% de los casos», detalló el oficial Flores. Indicó que las pérdidas económicas de las víctimas en lo que va del año se estima en USD 66.000 y podría ser mucho mayor. «Mucha gente no denuncia por vergüenza «, reconoció el jefe de Operaciones del distrito.
«Todos los fines de semana se escucha por lo menos un caso, se sabe que todo esto pasa en las discotecas de la Calama”, dijo una bartender de la zona que pidió reservar su identidad. «He visto a niñas salir de ahí hasta en uniforme de colegio. A uno de mis amigos se le acercó una chica, muy amable, se veía inocente… luego nos enteramos que le dieron escopolamina”.
El administrador zonal de La Mariscal, Leandro Buratovich, aseguró no tener conocimiento de estos casos. Fue informado durante la entrevista para esta investigación. Se le preguntó sobre la situación en la Calama, sobre el casino en pleno funcionamiento en el cruce de la Almagro y Foch, las decenas motocicletas sobre las veredas mientras sus dueños se embriagan en la vía pública. Buratovich responsabilizó a las autoridades nacionales. “En temas de escopolamina, vacunas, microtráfico, mafias, robos en la propiedad privada se encarga la Policía Nacional. Nosotros no tenemos a funcionarios capacitados ni con las herramientas necesarias para poder abordar estos temas”, alegó.
La espiral del silencio
En Quito, la gente no denuncia. Según datos de la iniciativa Quito Cómo Vamos, en 2025 el 74% de las víctimas de delincuencia no presentó denuncia; la mayoría, el 56%, porque siente una falta de interés de las autoridades. Según la misma fuente, la extorsión aumentó un 682% en la ciudad en los últimos seis años. “La extorsión es el flujo de caja directa del crimen organizado”, señaló Jaime Mendoza, coordinador técnico del colectivo.
El silencio no se limita a la denuncia. El viernes 17 de abril, en un bar de la calle Almagro, una bartender atendía a los clientes con sonrisa fingida mientras se secaba las lágrimas. Minutos antes, un auto había atropellado a un motociclista justo afuera del local. Ella prefirió no decir una palabra al respecto salvo que se trataba de un cliente habitual del lugar.
La administradora del local tampoco podía disimular. Conocía al muchacho y la herida parecía grave. Cuando intentó hablar, el encargado la interrumpió y tomó su lugar. No se negó a conversar, pero eligió las palabras con cuidado, pues su bar siempre se ha mantenido al margen de los problemas. Pidió no ser identificado. Dijo que podrían tener problemas, incluso con las autoridades locales que, en el pasado, le habían advertido de no contratar seguridad privada. La autoridad de la administración zonal rechazó esta información tras ser consultado.
Ahora que el Municipio de Quito apunta a un proceso de depuración de licencias de funcionamiento, algunos propietarios temen ser obligados a irse. “Cualquier declaración puede ser interpretada por las autoridades como una denuncia”, dijo uno de ellos y explicó que hablar con la prensa es un riesgo que prefiere no correr en este momento.
Sofía, una mesera en otro de los bares de La Foch, fue más directa. También eligió el anonimato. Aseguró que las operaciones criminales en esta zona se normalizaron en algunos negocios. Según ella, quienes más saben lo que ocurre son los flyeros, trabajadores, en su mayoría jóvenes, que reparten publicidad e intentan llevar clientes a las discotecas.
Cuando el equipo periodístico intentó hablar con al menos tres de ellos, todos dijeron que no tenían autorización para conversar con periodistas. Que si alguien los ve podrían tener problemas. Al igual que los dueños de los negocios, también temen represalias, pero no de las autoridades de control.
Según la Policía, los trabajadores informales son los más expuestos a las extorsiones y amenazas de los actores criminales que controlan las economías ilícitas del sector. Esto convierte a los flyeros, carameleros y guardias de locales en parte de la cadena. En operativos nocturnos, los policías han encontrado pruebas de esto. También han detenido a algunos robando o en actividades vinculadas al microtráfico.
Negocios se adaptan al crimen por supervivencia
El abandono residencial y el cierre de comercios fuera del hipercentro espantaron también al turismo de mochileros, viajeros independientes que hacían de La Mariscal su base en Quito. Su salida transformó el comercio local y dejó a varios negocios al borde del cierre. Ante las dificultades, algunos hostales comenzaron a rentar habitaciones sin supervisar su uso.
“Ante la necesidad, algunos rentan habitaciones en condiciones de hacinamiento como un mecanismo de supervivencia», explicó Galo Benítez, fundador de los antiguos bares La Bunga, El Aguijón y el Café Democrático, todos cerrados actualmente. Benítez recuerda que en 2009 vio salir a unas 60 personas de un pequeño hostal de la zona a las tres de la madrugada, sin que el lugar diera abasto para tanta gente. Llegó un camión y se marcharon sin explicaciones. Esa opacidad, dice, fue creando las condiciones para que esos espacios, en hacinamiento, sin control sobre quién entraba o qué se hacía ahí, sirvieran de soporte a redes criminales una década después, con la pandemia.
Durante un recorrido para este reportaje, un residente de la zona señaló discretamente un hostal en la esquina de Diego de Almagro y Wilson. “Si quieres saber lo malo que ocurre aquí, ahí están las respuestas”, dijo bajo reserva. En 2025, ese mismo hostal fue sancionado y clausurado en un operativo policial por presunto tráfico de personas y hallazgo de sustancias sujetas a fiscalización. La policía y la autoridad zonal confirmaron esta información.
En 2026, hostales de La Mariscal aparecen como puntos clave de la logística criminal en los casos que investiga la Policía. Uno de ellos, según la fuente oficial, fue la captura de un sicario detenido tras cometer un crimen en el sector de Iñaquito. Llevaba ocho días alojado en uno de esos hostales cuando fue capturado.
En otro operativo, en un hostal entre la Calama y el parque Gabriela Mistral, se encontraron cerca de USD 15.000 en billetes falsos dentro de una habitación. “Detectamos que varios hostales permiten que algunos vivan ahí por tiempos prolongados”, explicó el policía Flores. Los registros de ingreso son mínimos y las administraciones son permisivas, según el oficial.
Cuando las autoridades intervienen, los negocios deciden clausurar y cerrar el negocio de forma temporal. Después de un tiempo los locales sancionados presentan justificativos ante la autoridad y reabren el negocio, o simplemente cambian de nombre, su imagen y así empiezan de cero sin un historial de sanciones a cuestas.
Los operadores criminales
La penetración de grupos criminales internacionales en Ecuador redibujó el mapa del crimen en Quito y La Mariscal no quedó al margen. “Cuando entraron las bandas y mafias mexicanas y colombianas todo cambió. Sucedió a la par de las masacres en las cárceles», comentó bajo reserva un exmiembro de los Latin Kings entrevistado para este reportaje. Según él, la reorganización del crimen en Quito dejó a La Mariscal sometida bajo una sola estructura.
«Ahora todo es de Los Lobos, incluida La Mariscal. Algunas células operan en el barrio y les pasan dinero para tener el control de una cuadra o una zona en específico. De cualquier forma, cada cédula les responde”, aseguró. Al menos tres funcionarios del gobierno local ratificaron bajo reserva la misma versión.
Respecto a la presencia de Los Lobos como grupo dominante coincide el experto en ciudad y violencia Fernando Carrión. “Probablemente son el grupo más fuerte que hay en Quito en general”. Para Carrión, la consolidación de un solo grupo dominante sobre un territorio es el síntoma más claro de lo que él llama gobernanza criminal. “La vacuna (extorsión) es el mecanismo central. Quienes la pagan tienen seguridad. Quienes no la pagan tienen que irse o desaparecer. En esos territorios el Estado prácticamente ha desaparecido”, explicó.
Según la Policía, esa dinámica es real, pero no responde a un solo grupo criminal. En entrevista para este reportaje, el jefe de Operaciones del distrito Eugenio Espejo explicó que las estructuras criminales tienen distribuidores que reciben la droga y luego la fraccionan en dosis para la venta callejera. Esos distribuidores de calle son prescindibles por diseño. “Son fácilmente reemplazables”, explicó. “Si los detienen, al poco tiempo ponen a otra persona en el puesto. Es un tema de economía criminal”.
El mecanismo busca evitar que vendedor y comprador se encuentren cara a cara durante el intercambio. La droga se deja en un punto y el dinero en otro, de manera que ninguna de las dos partes presencia el momento exacto en que la otra recoge lo suyo. Así, si la Policía interviene, es más difícil sorprender a alguien con droga y dinero al mismo tiempo, o probar que ambas personas estuvieron en contacto directo.
“Dejan en algún lado la sustancia, en otro lado dejan el dinero, para que en algunos casos no exista cruce de mano”, agregó. El oficial indicó que recientemente, en un operativo coordinado con Antinarcóticos y Policía Judicial, más de 16 personas fueron aprehendidas mientras operaban bajo ese mecanismo.
La violencia en La Foch tiene nombre y fecha:
- El 23 de junio de 2025, dos presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia tras robar un celular a un estudiante en La Mariscal. Luego de una persecución, fueron detenidos en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Cordero. Se incautó la motocicleta que usaban para cometer los delitos. Según la Policía, la banda operaba en la zona y sus principales víctimas eran estudiantes.
- El mismo mes de junio en 2025, la Policía capturó a 12 sospechosos en el sector de La Mariscal. Seis fueron detenidos por porte ilegal de armas, robo y receptación, entre ellos un presunto miembro de Latin Kings. Se incautaron dos armas de fuego, 100 gramos de droga, seis motocicletas, siete celulares, una balanza digital y un chaleco balístico.
- Al mes siguiente, el 24 de julio de 2025, dos hombres fueron asesinados a tiros en las calles Calama y Reina Victoria, a una cuadra de la Plaza Foch. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos en motocicleta que abrieron fuego sin mediar palabra y huyeron. Las víctimas eran un colombiano y un venezolano. La Policía presume que fue un ajuste de cuentas vinculado al expendio de drogas.
- El 8 de agosto de 2025, seis presuntos integrantes de una organización delictiva fueron detenidos tras una ola de asaltos en La Mariscal. El grupo se dedicaba a la venta de droga, el asalto de locales comerciales y posibles sicariatos.
- En marzo de 2026, un ataque armado entre sospechosos en las calles Juan León Mera y Luis Cordero derivó en una persecución policial que terminó con un choque en la intersección de 12 de Octubre y Mariscal Foch. Tres hombres y dos mujeres fueron detenidos. En un edificio corporativo cercano, el personal de Antinarcóticos encontró casi un millón de dólares en una caja fuerte donde presuntamente se almacenaba dinero relacionado con el narcotráfico.
- El 6 de mayo de 2026, una mujer de 59 años fue asesinada y otra de 47 resultó herida en un ataque armado ocurrido en las calles 9 de Octubre y Jerónimo Carrión, alrededor de las 20:45. La sobreviviente reconoció que ambas vendían droga en pequeñas cantidades, que adquirían a microexpendedores del sector de Plaza Foch. La Policía presume que el crimen está relacionado con una disputa por el control territorial del microtráfico.
La seguridad y el plan de reactivación
Durante uno de los recorridos para este reportaje, la noche y madrugada del 17 de abril de 2026, apenas había un escuálido control de tránsito en la avenida Amazonas, a la altura de la calle Jerónimo Carrión, en una cuadra donde pocos autos o peatones transitaban. En el interior de la Plaza Foch no había elementos policiales constantes. El edificio de la Inspectoría General de la Policía Nacional estaba vallado y sin presencia policial visible, apenas una patrulla haciendo rondas mientras a su alrededor grupos de jóvenes bebían sobre las veredas.
En 2025, La Mariscal registró 7.444 incidentes contra la convivencia ciudadana, entre escándalos, consumo de alcohol y drogas en la vía pública, o daño a la propiedad, según datos del ECU-911 procesados por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito. La cifra bajó respecto a los 8.544 eventos de 2024. Por su parte, el distrito Eugenio Espejo, al que pertenece La Mariscal, lideró el ranking nacional de robo a personas entre enero y noviembre de 2025, con 2.004 casos, el 7,94% del total del país.
En los primeros meses de 2026 el panorama no mejoró. Entre el 1 de enero y el 21 de marzo, el mismo distrito acumuló 990 denuncias de robos, cuatro de cada diez casos registrados en toda la ciudad. En ese sector funciona, dentro de la llamada Estrategia Capital 2026 del Municipio, un Puesto de Mando Operativo (PMO) que articula a agentes metropolitanos, bomberos y agencias de control municipal.
De enero a junio de 2026, la Policía realizó 2.522 operativos en La Mariscal, 229 personas fueron aprehendidas -40 más que el año anterior- , 250 armas blancas fueron decomisadas y varios vehículos y motocicletas recuperados. Desde la institución se informó que los jueves, viernes y sábados, entre las 22h00 y las 04h00, hay presencia permanente equipos tácticos y agentes de migración. Pero el propio oficial Flores reconoce que la operación tiene un techo. “Las dinámicas criminales no van a cambiar solo con operativos. Se necesita normar, tener muy claros y fuertes los controles para que la norma se cumpla». Para el policía, parte de la responsabilidad recae en los locales. “No le pueden vender alcohol a alguien hasta que esté en estado de embriaguez. Eso debe ser parte de la responsabilidad de los locales comerciales”, comentó.
Entre enero y septiembre de 2025, La Mariscal sumó 2.315 nuevos negocios, entre gimnasios, cafeterías y restaurantes, como parte del plan de reactivación impulsado por el Municipio de Quito. Al cierre del año, el propio alcalde Pabel Muñoz destacó que en 2025 se emitieron 3.110 nuevas Licencias Únicas de Actividad Económica en la zona.
La ordenanza aprobada el 10 de febrero de 2026 elimina una figura que hasta ahora permitía que bares, discotecas, licorerías, nightclubs y moteles siguieran operando, aunque la zona donde estaban ubicados ya no fuera apta para ese tipo de negocio. Las licencias vigentes podrán mantenerse hasta su fecha de caducidad, pero no se renovarán más allá del 31 de diciembre de 2026. En total, 21 bares y discotecas y 11 centros de tolerancia, varios de ellos ubicados frente a universidades en la Av. 12 de Octubre, tienen hasta fin de año para salir del sector.
En la esquina de la Diego de Almagro y Foch opera un casino, pese a que Ecuador los prohíbe desde 2011. A unas cuadras funcionan dos prostíbulos, uno lleva más de 30 años ahí, mientras el otro tiene a sus trabajadores de chaleco negro y corbata roja dejando tarjetas en los autos o invitando a los transeúntes a entrar.
Esos negocios funcionan a mediodía, sin disimulo, en uno de los cruces más visibles del barrio. La Administración Zonal admite que no tiene herramientas para intervenir en esos delitos. La Policía hace operativos, pero los mismos locales vuelven a abrir una y otra vez. El debate sobre qué debe ser La Foch en el futuro choca con las capacidades reales de ejecución de las autoridades.
«La Foch tiene que reinventarse. No tiene que volver a hacer lo mismo que fue hace dos décadas. Puede ser un lugar donde las embajadas vuelvan a las casas patrimoniales. Donde haya hostales para los extranjeros que van al Centro Histórico antes de irse a Galápagos. Donde convivan niños, adultos mayores y jóvenes bajo un entorno que no se apague a las seis de la tarde”, plantea Najas. “Una cosa es una discoteca, otra cosa es un prostíbulo. Ahí vienen los usos permitidos, condicionados y prohibidos. La Mariscal tiene que reinventarse al 2026, no repetirse”.
El Parque Gabriela Mistral y el distrito de innovación que empieza a tomar forma a su alrededor son, para Najas, el «Caballo de Troya» que necesita La Mariscal. «La Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) ya se está mudando ahí. Ya compraron parte del subsuelo de las Torres del Almagro. Existe un presupuesto para mejorar el parque, un plan urbanístico. La Casa de Juan Rodríguez tiene actividades todos los sábados y domingos», comentó. “Ahí es donde se puede detener ese contagio es en La Foch”.
Montesinos, de Mariscal Sur, plantea el mismo problema desde otro ángulo. «El plan habla de recuperar la residencialidad, de recuperar y poner en valor el patrimonio, de potenciar el perfil cultural del barrio. Pero tú no puedes potenciar la residencialidad manteniendo una zona que es el foco de conflicto que genera toda la delincuencia y la percepción de inseguridad». Para él, la causa y la consecuencia se han invertido en el debate público. «La inseguridad es una consecuencia, no es la causa. Es consecuencia del abandono y la mala gestión, porque otros ocupan el lugar que tú abandonaste». También indicó que el colectivo al que representa tiene un inventario de unos 30 edificios vacíos que podrían rehabilitarse en las calles Veintimilla y Patria.
La fractura institucional
A la fecha de redacción de este reportaje, Buratovich era el administrador zonal que más tiempo lleva en el cargo, con apenas 11 meses en funciones. El registro lo respalda. Desde 2021, ningún administrador de La Mariscal completó el año en funciones. Diez personas pasaron por ese cargo en menos de cinco años. Con esa rotación, cualquier plan de recuperación del barrio debe comenzar desde cero cada vez que cambia el administrador.
“Tiene que haber una unión entre el municipio y el gobierno central, y eso está roto», dijo Najas sin rodeos. «Hay un rompimiento que debería ya absorberse. Ese problema está impidiendo que se tomen decisiones coordinadas». La rotación de administradores zonales es la cara más visible de esa fractura. Por debajo, las competencias se dispersan y las responsabilidades se esquivan. El crimen organizado, mientras tanto, opera con una continuidad que ninguna institución local logra igualar.
Mientras tanto, hasta que La Mariscal no trate el problema de La Foch, el nudo criminal seguirá estrangulando el barrio.
Este es un trabajo de la Red de Periodismo de Investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) y la Unidad de Investigación Tierra de Nadie, con la difusión de los medios aliados Plan V, Primera Plana y La Barra Espaciadora.