Los sobresaltos de septiembre marcan el pulso de un gobierno que se ha atrevido a andar. La eliminación del subsidio al diésel fue una prueba de fuego. Dos presidentes, Lenin Moreno y Guillermo Lasso dieron ese paso, pero la reacción, en especial del movimiento indígena, fue determinante. Los estallidos del 2019 y 2022 desestabilizaron al régimen democrático y los mandatarios se vieron obligados a retroceder. Noboa midió los tiempos y las circunstancias y tomó esa medida pero, adelantándose a las posibles reacciones de la Conaie, trasladó la sede del gobierno a Latacunga desde donde la Conaie se organizó en los anteriores levantamientos para asediar a Quito. Desarmó así la estrategia indígena que apuntaba a tomarse Quito. Esto tomó de sorpresa a los dirigentes del paro. Por eso perdió fuerza. Venir a Quito dejó de tener sentido.
El paro dejó de ser nacional y se localizó en Imbabura. Nuevamente Noboa se trasladó a esa provincia y su presencia quitó legitimidad a la protesta. Antes impidió que los transportistas plegaran al paro mediante un programa de compensaciones. También el presidente entregó bonos a agricultores y pescadores artesanales. Los dirigentes del paro en Otavalo cerraron vías y así perjudicaron a pequeños empresarios, y a las propias comunidades indígenas. La policía y el ejército reprimieron los actos violentos de los manifestantes que fueron detenidos y enviados a las cárceles de seguridad. Estas manifestaciones no fueron pacíficas, a ellas se juntaron grupos terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Lo cual también vació de legitimidad al paro.
La Conaie se apega a una estrategia de guerra que rebasa la protesta social por la eliminación del subsidio al diésel. Diario Expreso se pregunta sobre los objetivos de las guardias indígenas: “¿resistencia ancestral o riesgo subversivo?”. Hay un componente militar y uno ideológico. En octubre del 2019, estas guardias no solo resguardaron marchas, sino protagonizaron enfrentamientos violentos. En cuanto al componente ideológico, Expreso señala a Leonidas Iza y a otros líderes que han insistido en que los pueblos indígenas son “un grupo vulnerable atropellado por el Estado”. Este discurso se conecta con planteamientos del radicalismo de izquierda que rechaza la institucionalidad.
El ataque a un convoy militar que llevaban alimentos y ayuda humanitaria a las comunidades indígenas de Cotacachi y que provocó la muerte de un comunero y 17 militares desaparecidos son una expresión de esta estrategia de guerra. En esas condiciones ¿qué diálogo es posible entre el gobierno y la Conaie?
Paralelamente a este conflicto Noboa dio otro paso aventurado: la convocatoria a una asamblea constituyente. Aparentemente esta iniciativa respondió a la pugna del presidente con la Corte Constitucional. El dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad e Integridad Pública testimonian la interferencia de la Corte a la creación de medidas gubernamentales para combatir a la delincuencia organizada. El tema del garantismo que la constitución vigente impuso es una de las razones por las que Noboa cree necesario convocar una asamblea constituyente. Otro tema que aparece como derivación de la estrategia de guerra de la Conaie es el del Estado plurinacional. “Decir que el Ecuador es plurinacional es como afirmar que Cuba es libre”, afirma Bernardo Tobar en Expreso. Que existan distintas culturas es una cosa, que haya múltiples nacionalidades, otra.
Dados los cambios que se han producido en el país, desde el 2008, y la experiencia habida con un andamiaje institucional predominantemente ideológico, se vuelve necesario pensar en una nueva constitución que recoja estas experiencias y que oxigene la normatividad constitucional, dando lugar al pluralismo y a la construcción de un Estado moderno en el que las distintas culturas estén plenamente representadas en el marco de una identidad nacional común. Aquí también se juega la necesidad de un camino y la tarea de construir este camino al andar.
Pero, claro, mientras se decide si vamos a una constituyente y se apruebe una nueva constitución pasará mucho tiempo. El gobierno no puede cruzarse de brazos. Debe seguir andando para enfrentar problemas prioritarios que no requieren de reformas constitucionales sino de capacidad de gestión.
La convocatoria a una asamblea constituyente requiere de asambleístas bien preparados y con firmes convicciones ciudadanas. Esos 80 asambleístas, más que jurar lealtad al gobierno, deberán estar comprometidos con el país. La nueva constitución no debe tener un sello ideológico sino un acuerdo social básico. A diferencia de la constitución de 1998, socialcristiana y demócrata cristiana, y de la del 2008, de Alianza País, la del 2027 no debe ser de ADN sino del Ecuador que emerge hacia el futuro.