Las acciones de protesta campesina en América Latina, particularmente aquellas que se despliegan con una lógica de escalada progresiva en el uso de la violencia, pueden ser comprendidas en un marco más amplio de tácticas políticas que, en distintos momentos históricos, han buscado interpelar y desbordar al Estado mediante la confrontación directa. Aunque responden a contextos socio históricos diversos, resulta posible establecer una analogía entre estas prácticas, los lineamientos estratégicos planteados por Carlos Marighella en su Mini-manual del guerrillero urbano (Brasil, 1969), y las tácticas de los denominados Black Bloc en Europa y Chile hacia 2021.
En las luchas campesinas, el recurso a la violencia no suele ser inmediato ni absoluto. Generalmente, se articula como una secuencia progresiva de presión, que inicia con marchas, bloqueos de caminos o la ocupación de tierras, y que puede derivar en choques directos con las fuerzas del orden si las demandas no encuentran eco institucional. Buscan conflictuar para alcanzar heridos o muertos en filas propias como un sacrificio para generar la victimización extrema.
Esta lógica escalonada responde a una racionalidad pragmática: aumentar la intensidad de las acciones hasta que el Estado se vea obligado a negociar. La violencia, en este sentido, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de visibilización y de fuerza negociadora; pronto intervienen las ONG, las Universidades alineadas con el socialismo e indigenado, la iglesia, e incluso gobiernos extranjeros que ofertan su línea de apoyo para buscar el fin negociado la violencia creada.
Carlos Marighella, en su manual de 1969, sistematizó la práctica de la guerrilla urbana como una estrategia política en la que la violencia adquiría un valor instrumental y pedagógico. No se trataba únicamente de infligir daño material al Estado o a sus instituciones, sino de generar un clima de inestabilidad que erosionara su legitimidad, incentivando la participación popular. La escalada, con el concepto de “manada en movimiento”, hace que aún quienes no se identificaron con la causa de manera inicial, finalmente se termina uniendo por presión o asimilación. Los ataques selectivos contra bancos, cuarteles o policías buscaban demostrar la vulnerabilidad del poder y, en consecuencia, abrir un horizonte de posibilidad revolucionaria. Así, la violencia se concebía como un catalizador de la conciencia colectiva.
En el caso de los Black Bloc, particularmente visibles en las protestas europeas y en Chile durante 2021, usan la violencia con un carácter performativo y simbólico. La táctica se funda en la acción directa contra símbolos del capital (entidades financieras, cadenas comerciales) y en el enfrentamiento con las fuerzas policiales, bajo una dinámica de anonimato colectivo que impide la individualización de los participantes, siendo la principal estrategia el anonimato (vestimentas negras con las caras tapadas) pueden dar esa sensación de impunidad que les permite ir más allá en cada ataque. A diferencia de la progresividad campesina o de la planificación estratégica de Marighella, el Black Bloc privilegia la irrupción inmediata, cuyo objetivo es la deslegitimación del orden vigente y la creación de momentos efímeros de autonomía en el espacio urbano.
Su violencia es menos negociadora que disruptiva, lo que se ha visto de manera clara en la confrontación de los entornos de Otavalo, Cotacachi, las comunas de San Rafael del Lago, comunidad de Toglla (sur de Quito), donde los agitadores mantienen una distancia prudencial gritando consignas que enardecen a los comuneros que enfrentan a las fuerzas del orden poniendo en primera línea a mujeres y adolescentes, para que cualquier acción de control se torne en un abuso de autoridad, mientras tanto en segunda línea los agitadores utilizan armamento artesanal para disparar una respuesta.
Una analogía estructural
Al comparar estos tres fenómenos, puede observarse una analogía estructural en el modo en que la violencia se inserta en la acción política:
- En la protesta campesina, la violencia constituye una estrategia de presión acumulativa, graduada según la respuesta del Estado, que ante las muestra de debilidad, crecen las protestas.
- En Marighella, se articula como un proyecto insurgente consciente, orientado a desestabilizar y a producir efectos multiplicadores en la subjetividad política, lo que se traduce en el apoyo manifiesta de las organizaciones políticas interesadas en la inestabilidad.
- En el Black Bloc, la violencia es acto simbólico y comunicativo, destinado a exponer las contradicciones del sistema y erosionar su legitimidad en el terreno mediático y urbano, pero permite que agitadores y protestantes tradicionales de minorías y grupos anárquicos encuentren su razón y actúen como coadyuvantes de las protestas, convirtiéndose en los catalizadores de la violencia
De esta manera, aunque divergen en sus objetivos y contextos, las tres experiencias comparten un eje común: la comprensión de la violencia no como un fin aislado, sino como un dispositivo estratégico de visibilización, confrontación y disputa del poder.
Entendiendo esta lógica, ya utilizada en múltiples ocasiones anteriores con resultados favorables al accionar de los irregulares sobre las fuerzas del orden, porque estas deben limitar su accionar a líneas de progresión de fuerza y disposiciones superiores, más allá de su entrenamiento o capacidad de acción; no pueden hacer uso del poder de fuego o capacidad abierta de respuesta, aplicables a las amenazas de un enemigo externo o interno ligado a la GAO o GDO. Cualquier política cuyo objetivo sea “neutralizar” un conflicto social debe partir de dos premisas mínimas:
a) Proteger la seguridad pública y el derecho de las personas a vivir sin violencia.
b) Respetar la libertad de reunión y manifestación pacífica en los estándares internacionales.
Las normas internacionales establecen que las fuerzas del orden deben privilegiar medios no violentos, usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en forma proporcional, y recurrir a armas de fuego únicamente en circunstancias excepcionales. Pero por ello se torna imprescindible utilizar alternativas menos letales, como marcadoras de pepper balls, traumáticas o métodos de control de multitudes alternos a los convencionales.
La gestión policial basada en derecho y desescalamiento (respuesta operativa) debe adoptar protocolos basados en estándares internacionales, pero también de documentar, identificar y singularizar a los violentos, evidenciando su accionar para que puedan ser judicializados por cada uno de los actos ejecutados, y de acuerdo al tipo penal específico. La presentación de acciones de investigación singularizadas evita el efecto Alcalde de Zalamea. Si no se entiende que la impunidad es corrosiva para la comunidad, pues destruye la confianza en la autoridad y degrada la dignidad de las personas comunes y la destrucción de la propiedad pública y privada, la violencia queda justificada por haber sido ejecutada por hordas impersonales de desenfrenados o violentos infiltrados en la protesta. La justicia, aplicada de manera imparcial, es el único modo de restituir el orden social.
Una política de inteligencia orientada al crimen organizado debe identificar las líneas logísticas, los agitadores y los recursos recibidos con la trazabilidad inversa para alcanzar a los verdaderos financistas de estas asonadas sociales. Los sistemas de inteligencia y operativos deben lograr singularizar a los grupos que cometan delitos (vandalismo, saqueo, ataques a personas), evitando prácticas que criminalicen la protesta legítima, pero también que la masificación derive en impunidad.
Tal como enseñaba Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, la impunidad de los poderosos, ya sean actores estatales o criminales, degrada el tejido social y abre espacio a la violencia como forma de hacer justicia.
Seguimos teniendo una enorme falencia como Estado en las estrategias de comunicación proactiva. Información oficial clara sobre decisiones, medidas y vías de diálogo disminuye rumores y motiva canales pacíficos.
Las operaciones militares y policiales deben tener un lógica y una misión específica que no genere desgaste sino una respuesta firme del Estado. Las detenciones, lesionados, órdenes de uso de fuerza deben quedar documentados con el detalle más claro que evite elucubraciones y permita que todo proceso investigativo sea debidamente sustentado en informes elaborados bajo la óptica de los derechos humanos.
Medidas de seguridad jurídica y reparación
Las detenciones deben ser selectivas y sostenerse judicialmente en una investigación rápida de flagrancia. Arrestos basados en evidencia, cadena de custodia, garantías procesales. Evitar detenciones masivas arbitrarias que alimentan la protesta.
La Fiscalía General del Estado debe actuar como investigador objetivo, tanto de delitos cometidos por manifestantes (violencia, saqueos, ataques, terrorismo, financiación del terrorismo) como de presuntos abusos por parte de la Policía/FFAA (uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias). La credibilidad de la Fiscalía es central para la legitimidad del Estado.
Lo que debe quedar absolutamente claro para todos los ecuatorianos es que jamás estas manifestaciones violentas han favorecido a la ciudadanía en general, sino únicamente a ciertos grupos políticos que las promueven para obtener ventajas estratégicas o económicas. El efecto inmediato ha sido la erosión de la confianza en las instituciones, mientras el despliegue de militares y policías en el control del orden público, lejos de resolver la crisis ha permitido que traficantes, miembros de Grupos de Delincuencia Organizada (GDOs) y estructuras vinculadas al narcotráfico se fortalezcan en el caos.
Tal como enseñaba Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, la impunidad de los poderosos, ya sean actores estatales o criminales, degrada el tejido social y abre espacio a la violencia como forma de hacer justicia. Si la respuesta del Estado se limita a la represión sin sanción a los responsables políticos y económicos que manipulan estas protestas, se repite el círculo vicioso: la sociedad queda atrapada entre la violencia de los manifestantes radicales, el endurecimiento del aparato de control y el crecimiento de poderes paralelos ligados al crimen.
En este contexto, la lección es clara: la fuerza sin justicia produce impunidad, y la impunidad engendra más violencia. Solo un Estado que combine firmeza democrática con transparencia, sanción imparcial y control institucional puede quebrar la alianza perversa entre violencia política y criminalidad organizada. De lo contrario, los beneficiarios seguirán siendo los mismos: quienes lucran del desorden mientras la ciudadanía común paga el precio.
* Director general de Stratoslegal Corp SAS