Los análisis luego de conocer los resultados electorales del pasado 9 de febrero exponen una corriente de interpretación en expansión que apunta a aplicar dos elementos fundamentales: la memoria y la difusión. ¿A qué me refiero? A la invitación de voces diversas a recordar el pasado histórico reciente y las prácticas de mayor empleo por parte de los actores políticos de primera línea, así como de los dirigentes de importantes grupos poblacionales. Y a la demanda, principalmente al gobierno y a actores sociales y políticos deseosos de avanzar algunos pasos en dirección democrática, de difundir las acciones que en este sentido se han producido desde las sucesivas derrotas del caudillo de la revolución ciudadana (RC).
En cuanto a la memoria, urge evocar las pretensiones de la RC por perpetuarse en el poder político gubernamental y desde este lugar dominar todas las funciones del Estado, para ponerlas al servicio de los intereses grupales y particulares de sus principales dirigentes. Y hacerlo a costa de debilitar, cuando no de destruir, la incipiente institucionalidad democrática que, desde el fin de las dictaduras militares, en 1979, el estado y la sociedad ecuatorianas han buscado construir, no siempre de la mejor manera, para mantenerla y ampliarla. O ese otro empeño de la RC, de pretender destruir toda opinión, interpretación o consideración que discrepe de la de sus cabecillas. Sigue siendo tan vigente esta pretensión que uno de los asambleístas electos de la RC no pudo contener su ansiedad y la expuso.
La recuperación y actualización de la memoria exige también rememorar las prácticas de quienes hoy se presentan como los representantes de la nueva socialdemocracia, es decir como cultores de la moderación, de la reforma social y económica y de las libertades. Como si fuera posible eliminar, con unas cuantas frases, la violencia y virulencia con la que uno de sus exponentes, el ex candidato presidencial Leonidas Iza, atacó a sus propios compañeros campesinos en la supuesta “movilización espontánea” de 2019. O cómo evidenciaron en su afán por destruir y dañar áreas estatales como la Contraloría en 2019, y la Fiscalía en 2021 e infraestructura de los sectores estratégicos, además de espacios simbólicos como el centro histórico de Quito. Y sin importarles la afectación económica a un enorme conglomerado productivo y el consiguiente empobrecimiento que ello trajo consigo.
Esta recordación implica también difundir esos hechos históricos, entre otros. Y divulgar las gestiones emprendidas por una diversidad de actores para enfrentar los embates expuestos desde entonces
Comprende, además, dada la coyuntura electoral, informar las acciones recientes del candidato y actual presidente constitucional, que está enfrentando a la heredera de la RC.
Informar, enfatizo, no publicitar solamente, peor propagandizar. Cuando hay hechos por dar a conocer, la información de ellos es la mejor comunicación posible desde el ámbito gubernamental.
Informar implica divulgar en detalle las gestiones para superar finalmente, las crisis de generación de energía eléctrica; las dirigidas a ordenar ámbitos macroeconómicos dañados sobre todo entre 2007 y 2017; las tendientes a disminuir los índices de desnutrición crónica infantil y ciertos intentos por erradicar los subsidios regresivos. Todas estas iniciativas, cierto es, se enmarcan en el ejercicio de la función de gobierno y contienen, por supuesto, errores y limitaciones. ¿Qué obra humana no tiene estas condiciones?
También exige el trasmitir a los nuevos electores los daños sociales y la polarización que inició con la persecución a toda expresión de diversidad y de pluralidad emprendida por el gobierno de la RC desde su primera administración. ¿Como no examinar las consecuencias que provocaron y alentaron la constituyente de 2007 y su engendro, la constitución de 2008, al patrocinar y exaltar el hiperpresidencialismo? ¿O las reformas conseguidas mediante la consulta popular de 2011 que facilitaron el control del pensamiento y de la participación social y ciudadana, a partir de la expedición de la ley de comunicación en 2013, añorada por el correísmo? Una legislación que afectó no solo a los profesionales de la información, como son los periodistas y las organizaciones de prensa, sino a todo ciudadano que se atrevió a publicar sus opiniones y cuestionamientos a la gobernante RC a través del antiguo Twitter y otras redes sociales.
Hay mucho más por señalar. Pero no es crucial hacerlo. Lo primordial es efectivizar esta alianza entre recordar y divulgar: unir la memoria y la difusión.