El Reino Unido actual suena como la canción “the long and winding road” (el largo y sinuoso camino) de los Beatles y así parece que han sido los diez años luego de su salida de la Unión Europea, tras la aprobación en referéndum del Brexit (el tratado que lo estableció). Una década después, las olas cambiaron de rumbo, como cambian también los vientos en el Mar del Norte.
Fue en el verano de 2016, cuando el Reino Unido conmocionó al tablero geopolítico mundial al votar en un referéndum histórico su salida de la Unión Europea. Aquel proceso, bautizado como Brexit, prometía la recuperación de una soberanía absoluta, el control total de las fronteras y una era de prosperidad global e independiente bajo el lema Global Britain. Sin embargo, la realidad de la década posterior ha dictado una sentencia muy distinta.
Hoy, a diez años de aquella consulta rupturista, el debate político británico dio un giro copernicano. Lo que en su momento pareció una decisión irreversible se transformó en un clamor creciente por deshacer el camino. Este fenómeno, denominado popularmente como Brentry (combinación de Britain y Re-entry), no es un mero ejercicio de nostalgia por el pasado, sino un movimiento pragmático, impulsado por una complicada realidad macroeconómica, el relevo generacional y un aislamiento geopolítico impensable en el nuevo orden multipolar.
El Brentry representa el intento formal del Reino Unido por renegociar su estatus y solicitar, de una forma u otra, el reingreso al bloque comunitario. Existen algunas causas estructurales que provocaron el viraje, las barreras institucionales en Bruselas, las divisiones internas en Westminster y los escenarios de una reconciliación que promete ser tan traumática y prolongada como lo fue el divorcio.
Para entender el nacimiento del movimiento Brentry, hay que examinar el balance de la última década. Las promesas de la campaña del leave (salir) se enfrentaron a la fricción inevitable de los mercados internacionales y la geografía. La economía británica sufre lo que los analistas denominan una «anemia estructural».
Lo que en su momento pareció una decisión irreversible se transformó en un clamor creciente por deshacer el camino. Este fenómeno, denominado popularmente como Brentry (combinación de Britain y Re-entry), no es un mero ejercicio de nostalgia por el pasado, sino un movimiento pragmático.
Al perder el acceso preferente al mercado único y a la unión aduanera, el Reino Unido experimentó una contracción del comercio por las barreras no arancelarias, el exceso de burocracia y los controles fronterizos, que redujeron el comercio con su socio más cercano en casi un 15% en términos reales en relación con los tiempos en que fue parte de la UE.
Esto ha conllevado a una crisis de productividad e inversión. La inversión empresarial extranjera se estancó. Las multinacionales automotrices y financieras reubicaron sus centros de ensamblaje y negocios en Fráncfort, París y Ámsterdam.
La drástica restricción de la libre circulación de personas golpeó sectores críticos como la agricultura, la hostelería y, de manera catastrófica, el Servicio Nacional de Salud (NHS), que pasó de la promesa publicitaria de recibir 350 millones de libras semanales extra a sufrir un colapso por falta de personal técnico y sanitario generando una escasez de mano de obra:
Nuevas generaciones y demografía
El factor demográfico es un motor silencioso pero implacable del Brentry. En 2016, el voto estuvo dividido y polarizado por la edad: los adultos mayores votaron para salir, mientras que los jóvenes lo hicieron para seguir. Diez años después, la demografía modificó el censo electoral. Millones de votantes euroescépticos de edad avanzada fallecieron, mientras que una nueva generación de jóvenes nativos europeos —los que perdieron las becas Erasmus y su libertad de trabajar en el continente— llegaron a la mayoría de edad. Hoy, las encuestas de opinión muestran que más del 60% de la población británica considera que el Brexit fue un error.
El término Brentry comenzó como un meme en foros académicos y think-tanks de Whitehall, pero rápidamente se transformó en una plataforma política viable por la presión de la sociedad civil y el empresariado. Pero fueron la Confederación de la Industria Británica (CBI) y la City de Londres los primeros actores que rompieron el tabú político.
Luego de años de «adaptación silenciosa», las grandes cámaras de comercio exigieron formalmente al gobierno un marco de alineación regulatoria total con Bruselas para evitar la irrelevancia económica. El argumento empresarial es directo: el Reino Unido no puede competir de forma aislada contra bloques como EE. UU. y China sin la masa crítica del mercado europeo.
Por casi una década, tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista mantuvieron la política de «el Brexit no se toca» por miedo a alienar a las bases electorales del norte de Inglaterra (el llamado Red Wall). Sin embargo, la presión de los datos económicos obligó a un realineamiento:
Mientras tanto, los laboristas, luego de asumir el poder bajo una plataforma de «reparar los lazos con Europa», por presión interna de sus diputados y votantes jóvenes empuja la agenda más allá de un acuerdo comercial de mínimos, obligándolos a explorar la entrada al Mercado Único.
En el caso de los Liberal Demócratas y Partidos Nacionalistas, algunos como el SNP en Escocia y el Plaid Cymru en Gales han utilizado el Brentry como su bandera principal, argumentando que la reintegración es la única forma de salvar la cohesión territorial del propio Reino Unido, que sigue bajo la amenaza constante de la secesión escocesa y la unificación irlandesa.
Desde la perspectiva de Bruselas
Si la política británica asume que regresar es tan fácil como pulsar un botón, la respuesta de la Unión Europea ha sido una ducha de agua fría. La UE de hoy no es la misma que el Reino Unido abandonó en 2016.
Por eso, la postura de la Comisión Europea y de las principales capitales (París y Berlín) es unánime: el Reino Unido no recibirá el estatus de «miembro especial» del que gozaba antes. No tendrá los privilegios históricos de la época de Margaret Thatcher y de gobiernos posteriores. Si el Reino Unido quiere reingresar bajo el Artículo 50 o un nuevo proceso de adhesión, deberá aceptar las reglas estándar.
Una condición clave será la adopción del euro y la obligación teórica de unirse a la eurozona (sin el antiguo opt-out), entrar al espacio Schengen, eliminando los controles fronterizos con el resto de la UE y, además, sujetarse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se pone fin al Cheque Británico, que es la contribución neta completa al presupuesto comunitario sin descuentos.
Actualmente, frente a esta posibilidad, existe un profundo escepticismo político en las capitales europeas. El temor principal es que el Reino Unido regrese y, ante un cambio de gobierno en elecciones posteriores, vuelva a desestabilizar las instituciones comunitarias con debates internos sobre soberanía. Francia, en particular, lidera la postura de que Gran Bretaña debe demostrar un consenso nacional sólido y multipartidista que dure al menos una generación antes de que se formalice cualquier solicitud de reingreso.
A pesar de las mayorías en las encuestas, el camino del Brentry dentro de las islas británicas está sembrado de minas políticas y constitucionales. Aunque debilitada, la derecha populista y las facciones del ala derecha del Partido Conservador mantienen una capacidad de movilización mediática considerable. Grandes medios como The Daily Mail y The Daily Telegraph ya catalogan el Brentry como una “traición de las élites” y una capitulación ante Bruselas. El argumento de la soberanía nacional y la retórica de la “libertad británica” siguen siendo herramientas potentes para incendiar la guerra cultural.
¿Hace falta una nueva votación?
Hay un debate constitucional complejo sobre cómo validar el Brentry. Los constitucionalistas argumentan que, dado que el Brexit se decidió mediante un referéndum vinculante de facto, el reingreso requiere algo similar: un «Referéndum de Reingreso”, que es un escenario que aterra a los estrategas políticos. Una nueva campaña de referéndum reabriría las heridas sociales no cicatrizadas de la década pasada, polarizando nuevamente a familias, regiones y clases sociales en un momento en que el país necesita estabilidad regulatoria.
Debido a las dificultades de una adhesión total inmediata, los expertos sugieren que el Brentry no ocurrirá como un evento único, sino como un proceso por fases a lo largo de los próximos años. El Reino Unido probablemente optará por una estrategia de aproximación gradual que puede adoptar algunos escenarios.
El primero es el Modelo Noruego que consiste en unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y al EEE, permitiéndole al Reino Unido reincorporarse al Mercado Único, resolviendo de golpe los problemas de las cadenas de suministro y el sector servicios. Su principal ventaja es la reactivación económica inmediata. La desventaja es que el Reino Unido tendría que aceptar todas las leyes de la UE y la libre circulación de personas, pero perdería el derecho a voto en las instituciones de Bruselas, convirtiéndose en «receptor de reglas» (rule-taker en vez de rule-maker).
Un segundo escenario es el Modelo Suizo de acuerdos bilaterales sectoriales específicos en materia de energía, ciencia (Horizonte), seguridad y transporte comercial. Esta es la opción preferida por los laboristas moderados, pero Bruselas muestra su fatiga ante el modelo suizo por su excesiva complejidad y difícil gestión.
El tercer escenario sería la Adhesión Total de Segunda Generación en la que se haría una solicitud formal bajo el Artículo 49 del Tratado de la UE. Este escenario sitúa al Reino Unido a la cola de la adhesión, teniendo que armonizar toda su legislación revertida en los últimos diez años y negociar capítulo por capítulo bajo la atenta mirada de veintisiete estados miembros con derecho a veto.
A diez años del referéndum de 2016, el balance del Brexit ofrece una lección histórica sobre los límites de la soberanía nacional en un planeta interconectado. El Brentry no nace de un amor idílico hacia el proyecto europeo, sino de la constatación empírica de las limitaciones de la geografía y la economía británicas.
El intento del Reino Unido por regresar a la UE marca el fin de una era de excepcionalismo político. No obstante, el camino de vuelta puede ser más largo, costoso y humillante que la propia salida. Para que el Brentry tenga éxito, la sociedad británica debe realizar un doloroso ejercicio de realismo político: aceptar que volver al continente es renunciar a privilegios del pasado y asumir el rol de un socio estándar, desprovisto de su antigua arrogancia imperial. La próxima década decidirá si el Reino Unido se reinserta en el corazón de Europa o si queda relegado de forma permanente a la periferia de un continente que aprendió a avanzar sin él.
Una condición clave será la adopción del euro y la obligación teórica de unirse a la eurozona (sin el antiguo opt-out), entrar al espacio Schengen, eliminando los controles fronterizos con el resto de la UE y, además, sujetarse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Crisis política en el Reino Unido
Diez años es lo que en muchos países dura la validez del pasaporte, el documento de identidad, el censo de población, el catastro inmobiliario, algunas modas y tendencias culturales. Tras una década los románticos celebran las bodas de aluminio, se relanzan películas, discos y videojuegos que fueron populares, y el planeta Mercurio cruza por delante del Sol visto desde la Tierra. Es también lo que se tardó el Partido Laborista británico en replantear el regreso a la Unión Europea.
Pero no todo el Labour. No el todavía primer ministro Keir Starmer y sus seguidores, pero sí los dos principales aspirantes para sucederlo antes del fin del verano, el dimisionario exministro de Sanidad, Wes Streeting, y el alcalde de Manchester Andy Burnham, si cumple consigue derrotar a la ultraderecha del “brexista” Nigel Farage en su propio campo y conquista el escaño en los Comunes por Makerfield.
Streeting abrió la caja de Pandora al anunciar su candidatura al liderazgo del Labour con la premisa de regresar a la UE “para neutralizar el efecto catastrófico del Brexit, defendernos de la doble amenaza de la Rusia de Putin y la América primero de Trump», y porque “el lugar natural del Reino Unido está en el corazón de Europa”.
Su posición fue criticada de inmediato por la ministra de Cultura, Lisa Nandy (fiel a Starmer), con los viejos argumentos de que hay que respetar la voluntad popular y sacar el mayor partido posible de las ventajas de ir libres, en vez de librar la misma guerra de nuevo.
¿Cuánto tiempo es razonable aceptar la “voluntad popular”, aunque las estadísticas dejen claro que fue un desastre, y al menos el 55% de los británicos quieran retornar a la UE? Como consecuencia de la salida del club, se estima que la economía del Reino Unido perdió del 6% al 8% del PIB, la inversión cayó en torno a un 15%, las exportaciones y la productividad sufrieron, la burocracia aumentó y el costo de la vida se disparó.
Entre otros acuerdos en proceso, aunque aún no finalizados, se encuentra un programa para facilitar la movilidad a corto plazo para estudios y trabajo de jóvenes de entre 18 y 30 años. Esto también provocó fuertes protestas de Reform UK.
Alineación dinámica con la UE
Entre los puntos del acuerdo entre la UE y el Reino Unido, destaca la alineación británica con las normas de la UE en salud y seguridad fitosanitaria, con muy pocas excepciones. En otras palabras, el Reino Unido acepta la normativa veterinaria de la UE y se adapta a su evolución para eliminar los controles perjudiciales que dificultan la exportación de productos agroalimentarios frescos al continente.
Esta situación es inaceptable para los partidarios del Brexit, quienes exigen la recuperación del control y la eliminación de la normativa de origen europeo que aún rige en el país. Y son muchos, por razones obvias, después de que la realidad le diera al Reino Unido un duro golpe, dejando claro que romper el vínculo regulatorio entre ambas áreas provocaría un colapso burocrático para la economía británica.
Además, parece que la alineación dinámica implica que el Reino Unido debe someterse a la UE y pagarle para participar, con un papel consultivo no vinculante, en las reuniones europeas donde se decide la evolución de la normativa fitosanitaria. Además, la alineación dinámica somete al Reino Unido a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Para que el Reino Unido pueda acogerse a esta alineación, algunos estados ribereños de la UE, en particular Francia, Dinamarca y los Países Bajos, han solicitado la concesión de derechos de pesca a largo plazo en aguas territoriales británicas. Starmer ha aceptado un plazo de doce años. Como se puede apreciar fácilmente, estas no son líneas rojas: para los partidarios del Brexit, se trata de una provocativa señal de alerta.
Movilidad para jóvenes
Entre otros acuerdos en proceso, aunque aún no finalizados, se encuentra un programa para facilitar la movilidad a corto plazo para estudios y trabajo de jóvenes de entre 18 y 30 años. Esto también provocó fuertes protestas de Reform UK, cuyos líderes afirman que sería un retroceso encubierto de la libre circulación de personas y que muchos permanecerán en el país, dejando que sus visados caduquen. El gobierno responde que ya existen acuerdos similares de forma bilateral con muchos países no pertenecientes a la UE.
Pero Bruselas quiere más: por ejemplo, que sus jóvenes puedan estudiar en universidades británicas pagando las mismas tasas que los ciudadanos británicos. A cambio, se espera que los ciudadanos británicos puedan utilizar las puertas electrónicas actualmente reservadas para ciudadanos de la UE y del Espacio Económico Europeo a su llegada a los aeropuertos de la UE. Esto reducirá las colas que actualmente sufren los turistas británicos.
También se prevén acuerdos de seguridad y defensa, con el objetivo de Londres de asegurar la participación de sus empresas en contratos en el marco del programa de rearme de la UE, denominado SAFE (Acción de Seguridad para Europa). Esto superó la fuerte resistencia de París, obviamente para proteger su industria nacional, pero presentado como una forma de evitar que el dinero de los contribuyentes europeos saliera de la UE para beneficiar a empresas británicas, canadienses e incluso estadounidenses. Esto plantea un dilema considerable entre el aumento del gasto público, las exigencias de Trump y la experiencia nacional especializada en la fabricación de material de defensa.
Ahora, con este reinicio, Starmer será fácilmente acusado por Farage y los moribundos conservadores de vender la soberanía británica y los resultados del referéndum de 2016. Ahora parece que se preparan para reintroducir una especie de visa dorada, aunque no definida en esos términos, porque no es apropiado, sino más bien para facilitar la acción de sectores estratégicos de la economía desde el punto de vista tecnológico.
Quizás convenga reiterar esto: el primer autoengaño fue el Brexit. Sin embargo, la persistencia de Farage y su regreso al éxito (con probabilidades de un relanzamiento de sus campañas pro-Brexit) indican que en el Reino Unido existe un segmento creciente de la población que cree en cuentos de hadas y se resiste a abandonar esa creencia.