Decía Carlos Monsiváis que los olores en los baños de la Arena México, ese monumental templo de la lucha libre mundial, no podían ser obra de una sola generación. Con este cáustico toque escatológico, Monsiváis sugería cómo debe entenderse el concepto de proceso en el funcionamiento de las sociedades latinoamericanas: una secuencia de acciones encaminadas a conseguir un objetivo no siempre loable ni edificante.
La pestilencia que hoy corroe al sistema de justicia del Ecuador no puede ser explicado como un evento circunstancial, aislado o casual. La corrupción de la justicia no se produce por generación espontánea, por arte de magia ni por la acción perversa de ciertos personajes enemistados con la moral. La acumulación reiterada de vicios que nos ha conducido a la actual descomposición institucional viene de mucho tiempo atrás, y tiene responsables mucho más importantes que los que hoy están siendo procesados por la justicia.
Es imposible entender la metida de mano en la justicia, propiciada y publicitada durante el correato, sin hacer referencia al cerco militar de la Corte Nacional de Justicia dispuesto por León Febres Cordero, 27 años antes. Ambos episodios constituyen los principales hitos en el proceso de demolición institucional en que se empeñaron las élites ecuatorianas con el fin de poner en práctica un esquema eficaz de ejercicio del poder.
No es causal, entonces, que el epicentro de la lumpenización judicial esté ubicado en la ciudad de Guayaquil, ese territorio que durante las últimas tres décadas ha sido feudo exclusivo del Partido Socialcristiano. Desde esa especie de cuartel general de la corrupción se han irradiado al resto del país las prácticas y las estrategias para ejercer un control mafioso de la justicia. Únicamente así se entiende que los socialcristianos hayan podido cogobernar durante tanto tiempo sin ganar ni una elección presidencial. La orientación, la composición o las intenciones de los distintos gobiernos de turno con los que han pactado han sido meras trivialidades.
Tampoco es casual que los operadores judiciales del correísmo estén metidos hasta el cuello en el albañal de la corrupción judicial. Los vasos comunicantes entre estas dos fuerzas políticas tienen un largo historial; hoy simplemente han sido destapados gracias a la intervención de la Fiscalía General del Estado, como también ha sido destapada su relación directa con el crimen organizado.
En efecto –y esto sí es una novedad–, de la condición de ejecutores del trabajo sucio al servicio de ciertos grupos de poder, como era habitual en la historia nacional, los grupos delincuenciales han pasado a ser parte de las estructuras políticas. El crimen organizado y el narcotráfico reclaman su potestad en las grandes decisiones nacionales. Para ello han permeado o se han aliado con partidos legales. La lumpenización de la política es la nueva faceta del poder.
Marzo 31, 2024