El 14 de noviembre del 2012, el Pleno del duro de matar y cantera de destituciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), designó un equipo técnico de siete “expertos”, para revisar la idoneidad de 15 aspirantes a vocales del nuevo Consejo de la Judicatura. O sea igualito que ahora.
El proceso de revisión de dichas idoneidades generó controversia interna, toda vez que el reglamento aprobado para el efecto fue cuestionado por dos vocales del CPCCS, entre ellos, David Rosero Minda —sí, hace 13 años también formaba parte de ese Consejo— pues habían artículos que contenían «parámetros subjetivos» en el sentido que solo se admitirían impugnaciones de relevancia pública o que no afecten derechos constitucionales del impugnado.
A la pregunta de ¿quién decide, qué es de relevancia pública? David Rosero, con tono firme y alto, como de controlador de bus interprovincial que al salir del terminal grita ¡a Ibarra, a Ibarra! dijo: “esta figura es una forma elegante de archivar las impugnaciones de los ciudadanos«, y añadió, “esto impide ejercer el derecho que tiene cada persona para objetar con documentos la actuación de un candidato”.
Aseguró además el entonces consejero, tal como lo recoge la noticia de 15 de noviembre de 2012 de diario El Comercio, bajo el título: Fase de impugnación para vocales de nueva judicatura causa polémica que, “se trata de un término subjetivo, por lo que los miembros del Cpccs tendrán problemas para calificar un pedido que reúna esos parámetros».
Es decir, Rosero exigía objetividad, transparencia, parámetros técnicos para el importante proceso de contraloría social que implica impugnar por parte de los ciudadanos a los candidatos al Consejo de la Judicatura.
Trece años después, el 22 de agosto de 2025, cuando el Pleno del CPCCS resolvió no admitir 19 impugnaciones contra ocho de los quince candidatos al Consejo de la Judicatura, Rosero tuvo una postura distinta.
La decisión de inadmisión de impugnaciones se basó en el informe no vinculante de la llamada comisión técnica, (los dizque expertos) que concluyó de manera subjetiva y falsa —arrogándose funciones que no tienen y violando el reglamento— que las impugnaciones no cumplían con los requisitos de forma ni tenían pruebas conducentes que les permitan pensar que los impugnados no son probos ni idóneos, es decir se inventaron una figura (en el caso) nada elegante, de archivar las impugnaciones de los ciudadanos, y grotescamente impidieron ejercer el derecho que tiene cada persona para objetar con documentos la actuación de un candidato.
Para la aprobación de tal informe la, mas que consejera, socia, Johanna Verdezoto, elevó a moción que se la apruebe tal cual. Rosero con brillo de cargos futuros en los ojos la secundó con entusiasmo: “respaldar esta importante moción que ha hecho la consejera Johanna Verdezoto” dijo. Con ese gesto, y con los votos de Verdezoto, del “independiente” Andrés Fantoni y la “analítica” Jazmín Enríquez, enviaron a las impugnaciones ciudadanas al tacho de la basura.
En contraste, los demás vocales —Nicole Bonifaz, Gonzalo Albán y Piedad Cuarán— cuestionaron la falta de análisis de fondo y la exclusión de audiencias públicas posteriores, que habrían permitido escuchar a los ciudadanos impugnantes, y el país enterarse de los argumentos en los que se sustentan la falta de probidad e idoneidad de los candidatos al Consejo de la Judicatura que Rosero et al protegen.
No conforme con ser el eco obediente de una moción farisaica, Rosero aplaudió el informe técnico con una frase que repugna a la razón: “El Consejo no puede actuar ni decidir al son de la opinión pública; el objetivo debe ser la reinstitucionalización”.
Las impugnaciones a candidatos como Mario Godoy, aun cuando se han sustentado en documentos y criterios objetivos, no pasaron por una razón que aparece como evidente: sus futuros y potenciales electores, los consejeros del CPCCS, no tendrían ante la opinión pública manera de justificar por qué los seleccionan habiendo pruebas que muestran que no cumplen con los requisitos de idoneidad ni probidad. Por lo tanto, lo mejor es no dar paso a las impugnaciones.
El CPCCS ha estado conformado, excepcionalmente, por ciudadanos con integridad y ética, pues la mayoría —el país lo ha visto— no han sido más que impostores que calculan cómo le sacan tajada al pastel del poder y pueden decir cualquier cosa con tal de justificar sus amarres.
El impostor viste con la máscara de la virtud para ocultar su verdadero rostro. El impostor se alimenta de la memoria corta de los demás, confía en la impunidad propia y en la de quienes beneficia.