La propaganda oficial maquilla a las reformas legales y a las consultas populares, como mágicas; transformadoras de la noche en día y suprema expresión del “nuevo país”. Propaganda y manipulación que cuenta con corifeos de alto impacto. La masa responde como Nietzsche calificó al “espíritu de rebaño”. Me refiero, como masa, a los adherentes del mensaje gubernamental y a los amplificadores en redes sociales. Todos, en unidad de acto, recitan las frases de una perversa campaña: la Corte Constitucional es la enemiga del pueblo; añaden, es la responsable de las muertes violentas: y otros, más autómatas, acusan que es un reducto correista.
La Corte Constitucional, esta, la anterior y la anterior han tomado decisiones muy controvertidas, ha sido cenáculo de activismo woke y coadyuvó —por un exceso de exégesis jurídica— a un golpe de Estado contra el presidente Lasso, que fue orquestado por la alianza mafiosa entre el correismo, el PSC y los asalariados de La Posta. Fue un severo error jurídico dar paso de ese juicio político. Todo esto es cierto; y sucede contrario a la expectativa de Kelsen de un derecho puro. Los jueces, en cualquier lugar del mundo, tienen sus entornos, sus ideologías y convicciones que inciden en sus fallos. Pero, también la Corte, en varios momentos, ha sentado precedentes que dan interpretación a normas sustantivas y de procedimiento. La Corte, más allá de sus integrantes, se ha posicionado en el mundo del Derecho, como una institución. Y eso es un gran logro en un país con instituciones atravesadas por la corrupción y por la parte sucia de la política.
Se ha visto en Noboa una tendencia a rebasar los límites. No pidió licencia y sus fans y corifeos en redes sociales, justificaron que no tenía alternativa para evitar que una vicepresidenta correista asuma la presidencia. Ha enviado leyes notablemente inconstitucionales y se ha justificado el abuso y fraude a las normas constitucionales, pues son herramientas —las únicas (?)— para enfrentar la delincuencia, han dicho. Y se ha sentido que Noboa no tiene tampoco eso noción de institucionalidad y sentido republicano que lo lleve a auto glosar su conducta. Cuenta, además, con un entorno, digamos, servil, de funcionarios, entre amigos y empleados, que tampoco filtran sus decisiones. Peor en la asamblea. Basta ver la penosa foto de Niels Olsen erguido haciendo dúo, escoltado por militares, a una ministra nadie (como decía Roberto Aguilar). En esa asamblea se consumó las inconstitucionalidades de las leyes impugnadas. Y cometerán una nueva violación constitucional a propósito del proyecto de ley que busca someter a las organizaciones sociales y que crea un nuevo impuesto a las utilidades no distribuidas; que no tiene razón factual para ser calificado de urgencia económica y que no tiene unidad de materia.
Era obvio que lloverían las demandas contra las leyes recientemente aprobadas y así sucedió. La Corte Constitucional dictó medidas de suspensión de la vigencia, lo que era obvio por la urgencia de evitar se sigan aplicando (en este punto me pregunto, si se declara inconstitucional la barbaridad de interferir comunicaciones sin orden judicial ¿qué van a hacer con la estructura de espionaje armada en el CIES al mando de Jarrín?). Sin embargo, el gobierno no entiende que hay límites legales y éticos a sus poderes y, pudiendo rectificar, ha optado por desatar una repugnante campaña para intimidar a los jueces a fin que obvien el análisis jurídico y se olviden de las violaciones constitucionales, porque según Noboa, el pueblo así lo pide.
Luego de casi diez años que un autoritario corrupto dejó el gobierno, volvemos a la discusión sobre que la legitimidad no está en el apoyo popular, por más que sea cierto; que ese respaldo no convierte a un presidente electo en un proceso democrático en dueño del poder, no es cheque en blanco. Volvemos a discutir que la legitimidad proviene del ejercicio de la autoridad subordinada a la ley. ¿Acaso no aprendimos que un abuso lleva a otro hasta que se arrasa con leyes y derechos? Está historia circular me recuerda la tratados sobre la estupidez humana. Cuánta razón tiene Carlos Cipolla en su libro de la Teoría de la estupidez.
Noboa y su equipo — que no han podido reducir muertes violentas, porque las acciones para combatirlas son complejas y de resultado de mediano y largo plazo (y conozco por experiencia directa)— han buscado culpables. Los jueces y fiscales son los causantes del fracaso de reducir la violencia, dijeron, lo que es cierto. Pero desataron una campaña de propaganda denunciando supuestos errores judiciales, en vez de nominar gente decente al Consejo de la Judicatura, que emprenda en un proceso de limpieza judicial transparente y honesto, lo que se hizo fue maniobrar para designar sumisos para lograr, como durante el correismo: tener jueces de bolsillo.
La nueva enemiga es ahora la Corte Constitucional. Y contrario a reconocer los errores jurídicos y contradecir con argumentos legales, Noboa arremete con la amenaza de restituir un sistema de control político que persiga lo mismo que persigue en la justicia común, jueces constitucionales de bolsillo. Y no escatima en más exabruptos. ¿Habrá mayor expresión de demagogia y de irrespeto a las instituciones que la de un presidente encabezando turbas callejeras?
Nos lleva a otra consulta, que al igual que la anterior, es ofrecida como la solución para imponer el poder popular (que detestable es ese discurso de propaganda engañosa y ruin). Varias preguntas han sido ya resueltas y sin duda la Corte Constitucional deberá ratificar sus decisiones previas, de forma que esas preguntas deberían ser eliminadas. Siendo esto tan obvio, aparece la duda de si es premeditado presentar los mismos temas para consulta para que la Corte ratifique que lo que procede es reforma parcial y con esa esperada negativa de la Corte profundizar el hostigamiento.
No se entiende, mejor dicho, está clarísimo el interés de mantener el enfrentamiento — seguramente para distraer la atención de los malos resultados económicos, sociales y de seguridad—, pues si en realidad Noboa tiene intención de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o modificar sus atribuciones, debió tramitarlo por vía de reforma parcial para lo que cuenta con votos suficientes. ¿Por qué no lo hace?
Mal se ve el futuro inmediato. Y si no se frenan a tiempo, como muestra la historia, los políticos que se cobijan de propaganda y que se atribuyen la voz del pueblo,
siempre llevan la consigna de acumular poder, reprimir las voces contrarias (de lo que también hay hechos como forzar al retiro de periodistas o insultar a quienes denuncian los vínculos chuecos). Como a inicios de 2007, pocos quisieron escuchar y luego muchos pagamos las daños. ¡Qué nunca más se repita!