En el Ecuador, las consultas populares han dejado de ser un ejercicio de deliberación ciudadana para convertirse en un salvavidas político de último minuto. En la última década, desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, cada gobierno ha encontrado en las papeletas un refugio discursivo para evadir crisis, maquillar su gestión o, peor aún, confrontar a las instituciones que deberían equilibrar su poder.
El país vive en apnea: la inseguridad y crimen organizado crecen, la economía palpita con debilidad, el desempleo agobia, el sistema de salud pública está colapsado y las instituciones se tambalean ante la desconfianza ciudadana. En este escenario, el Ejecutivo recurre otra vez a la consulta popular como festín mediático: una receta rápida, visible, que no cura la enfermedad, pero intenta disimularla. En el Ecuador de hoy, la consulta ha dejado de ser una herramienta democrática para transformarse en una aspirina política que pretende contener una hemorragia.
El referéndum como escape en los últimos gobiernos
En 2018, Moreno convocó una consulta con siete preguntas que buscaban, entre otras cosas, eliminar la reelección indefinida, reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y endurecer penas por delitos sexuales. Aunque presentada como un “mandato popular de renovación institucional”, fue la antesala de su ruptura con Rafael Correa y una jugada para legitimar un mandato débil.
En 2023, Lasso, acorralado por denuncias de corrupción y con una Asamblea bloqueada, apostó por un referéndum con ocho preguntas sobre extradición, reducción de asambleístas y cambios en la designación de autoridades de control. El resultado fue un “no” mayoritario que lo dejó en terapia intensiva política. Menos de tres meses después, aplicó la “muerte cruzada”.
Noboa: la consulta como confrontación
Ahora Daniel Noboa pedalea en la misma bicicleta, pero con un añadido preocupante: usar la consulta popular como arma contra la Corte Constitucional, el órgano que debe calificar sus siete preguntas.
El 12 de agosto de 2025, el presidente lideró una marcha contra la Corte, con rostros de jueces expuestos en vallas publicitarias y mensajes que los responsabilizaban de “robar la paz” al país. Según el comunicado oficial del tribunal, ese día se retiraron sin previo aviso las vallas de seguridad de su edificio, se militarizó el perímetro y se exhibieron carteles que constituyen “una estigmatización que incrementa el riesgo” para la integridad de sus magistrados. La ONU, Human Rights Watch y WOLA (Washington Office on Latin America), calificaron estos actos como inaceptables ataques a la independencia judicial.
Las siete preguntas van desde eliminar el CPCCS hasta permitir bases militares extranjeras, pasando por habilitar casinos en hoteles de lujo y someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Si bien algunos temas pueden discutirse legítimamente, el contexto político revela su verdadero propósito: distraer de la crisis de social y económica, la falta de políticas publicas claras, y de la ausencia de resultados concretos.
Culpar a la Corte Constitucional por frenar leyes no es solo una estrategia discursiva: es un acto que erosiona el sistema de pesos y contrapesos. Presionar públicamente a los jueces crea precedentes peligrosos y alimenta la idea de que la justicia debe subordinarse al poder político.
La improvisación como política pública
Moreno usó la consulta para legitimarse, Lasso para sobrevivir, Noboa para confrontar. En los tres casos, el patrón es el mismo: ausencia de un plan estructural y uso de la consulta como espectáculo político, un acto de campaña encubierto y no como herramienta de transformación o un mecanismo para fortalecer la democracia.
En medio de escándalos de corrupción, crisis sanitaria y choques con otros poderes del Estado, el gobierno de Noboa anunció su consulta sin técnica ni planificación, como una reacción apresurada más que una propuesta de debate nacional. Los ataques sistemáticos contra los jueces constitucionales no son gestos democráticos, sino actos de improvisación con alto valor mediático y bajo contenido institucional que buscan desplazar la crisis mediante espectáculo, no por medio del debate público informado.
En un país donde la violencia crece y la confianza institucional se erosiona, apostar por el plebiscito improvisado no es gobernar: es patear la pelota al pueblo esperando que la cancha se incline a favor. La historia reciente demuestra que, más temprano que tarde, la factura llega. Y en democracia, esa factura se paga caro.
Siete preguntas
Las preguntas que se someterán a votación mezclan asuntos dispares y de distinta gravedad, sin el debate técnico que merecen: desde autorizar bases militares extranjeras, ya tratadas en la Asamblea, hasta eliminar el financiamiento público a partidos, medida que favorecería a grandes grupos económicos y reduciría la participación democrática. Se repite la supresión del CPCCS como “pregunta bono”, se propone reducir asambleístas sin discutir los requisitos para ejercer el cargo, y se plantea la contratación por horas en turismo bajo el pretexto de una emergencia, cuando en realidad flexibilizaría derechos laborales. A esto se suma permitir el juicio político a jueces de la Corte Constitucional, un golpe a su independencia judicial disfrazada de consulta ciudadana, y reabrir casinos con la promesa simplista de financiar la lucha contra la desnutrición infantil, un mensaje populista que simplifica un problema estructural.
La combinación de medidas técnicas, populistas y ataques institucionales en un solo paquete busca arrastrar el voto en bloque, diluyendo la discusión seria de cada tema y transformando la consulta en una herramienta de marketing político, no un mecanismo de cambio, muy necesario.
Un placebo que no cura
La consulta de Noboa no resolverá la violencia, la corrupción ni el deterioro institucional. Al contrario: normaliza que la solución a una crisis sea un acto de marketing político. Si la ciudadanía acepta este placebo como sustituto de un plan de Estado, estaremos allanando el camino para que la política se convierta en espectáculo y la democracia en una pieza decorativa.
El país no necesita más consultas populares: necesita políticas coherentes, sostenibles y con visión de largo plazo. Porque una democracia que se gobierna a base de referéndums de ocasión no se fortalece: se agota.
Ecuador esta asfixiado por problemas estructurales que ninguna papeleta resolverá. Frente a esta realidad, la consulta popular luce más como un distractor que como una hoja de ruta para sacar al país del abismo.