En el Ecuador, la corrupción es la otra cara de la moneda del control sobre la sociedad. Todos los gobiernos, indistintamente de su ideología o tendencia política, las aplican con menor o mayor intensidad, dependiendo de las circunstancias.
Mientras el control sobre la sociedad es el motor de la política, la corrupción es el combustible que lo hace funcionar. Así lo han diseñado los grupos de poder que actúan con o detrás de la denominada clase política.
El control sobre la sociedad, ese dispositivo que se creó con la Modernidad a fin de asegurar el ejercicio del poder sin mayores contratiempos, en países informales como el nuestro se convirtió en un instrumento para blindar la corrupción. En otras palabras, para proteger los chanchullos y negociados que se hacen a la sombra del Estado. De esa manera, la interpelación ciudadana, la transparencia pública y la fiscalización social, elementos imprescindibles de una verdadera democracia, quedan excluidas de la política.
La corrupción, a su vez, contribuye a apuntalar este blindaje burocrático. Lo vemos a diario con la crisis de los organismos de control. Se trata de un circuito de ida y vuelta: la corrupción penetra en las instituciones y estas impiden investigar y sancionar.
El andamiaje está montado, y todas las agrupaciones o individuos que llegan al poder son sus feudatarios. La lógica del carrusel se impone: cada uno espera su turno para montarse en el caballito. Únicamente cuando los socios y compadres se pelean por algún mal reparto se arma la batahola.
El caso Sinohydro ejemplifica de la manera más cruda y descarada esta triste realidad.
Rafael Correa, en su condición de presidente de la República; Lenin Moreno, en su calidad de vicepresidente, y Jorge Glas, como responsable de los sectores estratégicos, fueron parte desde un inicio de las negociaciones para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Durante los cuatro gobiernos de Alianza PAIS (2007-2021) eran los principales jerarcas del correo-morenismo, a tal extremo que durante la siguiente década intercambiaron cargos sin la más mínima resistencia. Todo lo que sucedía en las alturas no podía pasar desapercibido para ninguno de ellos.
Otra cosa es que ahora, a la luz del juicio por cohecho instaurado por la Fiscalía General del Estado, salgan a desentenderse de sus responsabilidades y acusarse mutuamente. Es una ingenuidad suponer que el esquema de sobornos y sobreprecios que hoy se ventila en los tribunales haya funcionado sin la venia, la complicidad o la negligencia de los tres.
¿Por qué fue imposible destapar a tiempo estas irregularidades? Pues porque el autoritarismo que se ejerció sobre todos los espacios democráticos e institucionales del país, particularmente durante los gobiernos de Correa, impidió un ejercicio democrático de transparencia y auditoría social. Aquel que osaba cuestionar con datos y pruebas la supuesta honestidad del régimen se exponía a la persecución o la cárcel. Inclusive altos funcionarios del gobierno que se percataron del saqueo callaron por miedo. Me consta.
Mayo 13, 2026