Ecuador es un país en el que se respira vida por cada grieta del suelo, por lo que resulta absurdo que la minería siga apareciendo como una promesa de progreso. Para quienes defendemos la naturaleza, los territorios y la vida, la apuesta por el extractivismo es una estrategia fuera de lugar.
La megabiodiversidad no es un dato técnico: es el pulso que sostiene comunidades, ríos, rituales, economías y futuros posibles. El discurso oficial insiste en elegir un camino que erosiona el territorio, perforando montañas y abriendo cráteres como “vía de desarrollo”, sin duda, es un absurdo. En un país que posee uno de los patrimonios biológicos más valiosos del planeta, mientras la naturaleza ofrece un horizonte fértil y renovable, el modelo extractivo insiste en una estrategia que deja profundas heridas.
Del 6 al 8 de mayo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito tiene lugar Expominas, un evento internacional del sector minero y energético. Esta es la vitrina oficial del sector minero ecuatoriano, un espacio que muestra la visión minera empresarial del país. Se promueven inversiones y se discuten los retos de sostenibilidad. Los cuatro enfoques que plantean son: minería responsable y sostenible, innovación tecnológica, atracción de inversión extranjera, debate sobre energías renovables y transición energética.
En realidad, la “minería responsable” es cosmética que busca maquillar el discurso de esta actividad que, por su propia naturaleza, destruye para extraer. ¿O hay forma de hacer minería industrial sin afectar agua, bosques, clima y comunidades?
El impacto sobre el territorio
Para extraer oro o cobre se dinamitan montañas, se deforestan amplias extensiones, se remueven millones de toneladas de tierra y se generan enormes tajos abiertos que alteran para siempre el ciclo del agua. La actividad depende de abrir caminos, excavar, dinamitar y procesar minerales con sustancias tóxicas. Los pasivos ambientales quedan por décadas y casi nunca se restauran completamente.
En Ecuador, gran parte de los proyectos se ubican en: cabeceras de cuenca de agua, páramos, bosques nublados, zonas megabiodiversas, territorios indígenas. En este país que alberga una de las mayores concentraciones de vida del planeta, la minería no solo es una actividad de alto riesgo: es una apuesta que compromete el futuro de territorios irremplazables.
La minería metálica —legal o ilegal— genera drenaje ácido, metales pesados y sedimentos que terminan en ríos y quebradas, que se depositan enormes piscinas llenas de líquidos tóxicos, las relaveras o diques de cola. Ninguna mina del mundo ha garantizado agua limpia y, con el tiempo, fallan los sistemas de contención, especialmente en zonas sísmicas y lluviosas como los Andes y la Amazonía. Bastaría con recordar los graves deslaves en Brasil, sea en Maria o en Brumadihno. Además, los desechos sólidos, medidos en millones de toneladas, conforman gigantestas montañas: las escombrera, que son la fuente del drenaje ácido que puede perduras por cientos de años. No hay forma de compatibilizar minería industrial con la protección de ecosistemas tan sensibles.
En el país hay aproximadamente 6.330 concesiones mineras, lo que equivale al menos 9 mil kilómetros de ríos dentro de estas concesiones; así como 10 millones de hectáreas de bosques, páramos y ecosistemas frágiles.
Dos minas a cielo abierto a gran escala operan desde el 2019 en Zamora Chinchipe — Mirador y Fruta del Norte — son de cobre y oro, respectivamente. Están en camino Cangrejos, en la provincia de El Oro, con minería de oro, y Curipamba–El Domo, en Bolívar para extracción de oro y plata, así como Cascabel en Imbabura, que podría convertirse en una de las minas superficiales a cielo abierto más grandes del país.
La minería genera conflictos sociales y rompe tejidos comunitarios. Estudios realizados en el país y en otros demuestran que la llegada de las empresas mineras trae división comunitaria, criminalización de defensores ambientales, militarización, aumento de violencia y economías ilegales.
La economía minera no compensa sus costos reales. La minería genera pocos empleos, altos costos ambientales, dependencia de precios internacionales, beneficios concentrados en pocas empresas. Esta actividad configura una multiplicidad de subsidios ocultos, es decir, costos que no se transparentan, que pueden estar asociados, por ejemplo, a las remediaciones que son necesarias por la contaminación, por la destrucción de ecosistemas, por la afectación de la salud pública, por la pérdida de biodiversidad, por la destrucción del hábitat de especies endémicas y en peligro de extinción, entre otros. Son costos que no aparecen en los cálculos de costo-beneficio empresariales / oficiales. El país, es decir toda la sociedad, a la postre, asume los daños mientras las ganancias salen.
El impacto sobre el ambiente
Los planes de cierre y remediación suelen ser incompletos, subfinanciados o incumplidos. La evidencia internacional muestra que las minas abandonadas siguen contaminando por décadas o siglos, mientras que los Estados asumen el costo de la limpieza.
La zona norte de Chile, está marcada por cientos de minas abandonadas: relaves que filtran arsénico, salares perforados, pueblos fantasmas que alguna vez vivieron del cobre. En Perú, la sombra de Cerro de Pasco se ha vuelto símbolo continental de lo que significa sacrificar territorio por minerales; esta es una ciudad partida por un tajo abierto que avanza como una herida. En Bolivia, el legado del Cerro Rico de Potosí muestra cinco siglos de extracción y una montaña incapaz de sostener su propio peso pues se desmorona después de tanta explotación. Brasil, no solo con los dos casos mencionados, es un duro ejemplo de la brutalidad minera. Y en Canadá, país que suele presentarse como modelo de minería moderna, más de diez mil sitios mineros abandonados siguen filtrando ácido y metales pesados hacia lagos y bosques boreales, recordando que ni la tecnología ni la regulación han logrado revertir los daños.
Es contundente la lección que dejan estos países. Cuando una mina se va, no se va del todo. Quedan los relaves, las aguas ácidas, los suelos muertos, las comunidades desplazadas y rotas, los paisajes irreparables. Queda, sobre todo, la evidencia de que la minería, sobre todo a cielo abierto, no es un paréntesis en la vida de un territorio, sino una devastación palpable con una transformación irreversible, tal como se constata ya en la Cordillera del Cóndor. Y si eso ocurre en países con larga tradición minera, con décadas de experiencia y marcos regulatorios robustos, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué destino puede esperar a territorios megadiversos y frágiles como los nuestros?
Los planes de cierre y remediación suelen ser incompletos, subfinanciados o incumplidos. La evidencia internacional muestra que las minas abandonadas siguen contaminando por décadas o siglos, mientras que los Estados asumen el costo de la limpieza.
El impacto sobre el futuro
La minería industrial contradice los Derechos de la Naturaleza y viola el mandato constitucional de respetar los ciclos vitales, regeneración y estructura de los ecosistemas. Hablar de “minería responsable” en un país con Derechos de la Naturaleza es una contradicción jurídica y ética.
Conociendo los impactos generados históricamente por la minería en el mundo, es injustificable que se planteen nuevos sacrificios territoriales; destruyendo bosques y fuentes de agua.
Ecuador, sin tradición minera a cielo abierto, está entrando aceleradamente en un modelo extractivo que en otros países ha dejado miles de minas abandonadas, ríos contaminados y territorios irrecuperables. La expansión ocurre, además, en zonas de altísima biodiversidad, cabeceras de cuenca y territorios indígenas.
La pregunta más urgente que debemos hacernos, es si un país megabiodiverso puede permitirse repetir la historia de Chile, Perú, Bolivia o Canadá, donde las minas abandonadas son hoy monumentos a la devastación.
La respuesta ya ha sido dada por la ciudadanía. En las urnas, Ecuador ya ha dicho varias veces, que no quiere convertirse en un país minero. Ese mandato popular —expresado en consultas locales, cantonales, provinciales y nacionales-, presenta una línea clara: la ciudadanía se ha pronunciado a favor de proteger el agua, los páramos, los bosques y los territorios indígenas frente al avance del extractivismo. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa ha impulsado una agenda que va en dirección contraria: apertura acelerada de concesiones, promoción de nuevos proyectos a cielo abierto, acuerdos comerciales que facilitan el arbitraje internacional y un discurso que presenta la minería como “inevitable” para el desarrollo.
Mientras la gente vota por limitar o detener la minería, el Ejecutivo actúa como si ese mandato no existiera. En un país donde la democracia ya se siente frágil, esta tensión entre voluntad popular y decisiones gubernamentales se vuelve un síntoma más de un modelo que prioriza intereses extractivos sobre derechos colectivos y ambientales.
En un país donde la democracia patalea, ignorar lo que la gente decide en las urnas es la confirmación de un futuro deplorable: se sacrifican derechos y territorios para sostener intereses extractivos que no representan al país.
La defensa de la vida exige fortalecer las luchas de resistencia no solo en los territorios directamente afectados por la minería, sino en todo el país. El 6 de mayo, el colectivo Quito Sin Minería, junto a organizaciones ambientales, realizó una acción artística y no violenta frente a Expominas para exigir respeto a los derechos de las comunidades, de la naturaleza, del agua, de los territorios y de la vida en el Ecuador.