Tener el inmenso honor de escribir en este medio es una forma de defensa de la democracia, de demostrar que la palabra no puede quedarse en el aire sino impregnada como manifestación de convicción. Igual sucede cuando, en la arena de la realidad se acude a defender derechos de los ciudadanos, como lo hecho en este malhadado proceso de impugnación de los integrantes al Consejo de la Judicatura. Cada línea es un acto de responsabilidad, cada argumento una forma de resistencia. Cuando las instituciones fallan y son ajenas a la lógica y la decencia, es la ciudadanía quien debe defender la democracia …también con la pluma.
En Ecuador, los procesos de selección a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya no se parecen a concursos. Se parecen a capítulos de una telenovela escrita por Kafka y producida por Netflix: intriga, ocultamiento y traición a la buena fe ciudadana. Esta vez, el escenario fue una Comisión donde las impugnaciones por falta de idoneidad y probidad que presentamos los ciudadanos contra los candidatos al Consejo de la Judicatura (CJ), fueron tratadas con un libreto preconcebido.
La Comisión del CPCCS —que ostenta el adjetivo “técnica” con la misma propiedad que un vendedor de biblias se autodenomina teólogo— decidió blindar a los candidatos más impugnados. ¿Su argumento? Que no había pruebas conducentes. ¿Nuestra prueba? Presentamos documentos certificados y notarizados de todas las actas del Pleno del CJ, donde consta que el abogado Mario Godoy jamás incluyó en el orden del día temas como evaluación de jueces, concursos o gestión presupuestaria. También adjuntamos el expediente judicial que demuestra que defendió como abogado a los hermanos Larrea, procesados por narcotráfico en el extranjero, en un juicio contra el periodista Emilio Palacios. Y por si fuera poco, mostramos cómo omitió deliberadamente informar al Pleno sobre la sanción impuesta al juez Fabara por la Corte Nacional de Justicia, permitiendo que prescribiera el proceso disciplinario y habilitándolo para integrar el CJ por cuanto éste consta en la terna enviada por la Asamblea Nacional.
Pero nada de eso fue suficiente. La Comisión Técnica, que parece más bien una firma de abogados pro bono del presidente de la Judicatura, violó flagrantemente los artículos 7.3 (objetividad) y 8.4 (imparcialidad) del Reglamento de Selección. Emitió dictámenes valorativos sin atribución legal, invocó la presunción de inocencia como si fuera un escudo contra la probidad, y recomendó desechar todas las impugnaciones. El informe que elaboraron, que en teoría es un acto administrativo sin fuerza vinculante, terminó siendo el acta de defunción de la participación ciudadana gracias a una alianza con cuatro de los siete consejeros del CPCCS. ¿Asociación ilícita? No lo afirmamos. Pero tampoco lo descartamos. Un informe que, por donde se lo mire, causará la nulidad de todo lo que se haga a futuro en este proceso.
Y así llegamos al sainete. El abogado Mario Godoy, sin idoneidad ni probidad es protegido por el CPCCS. El juez Fabara, —que no dijo la verdad al llenar los formularios para su participación— sancionado por negligencia manifiesta, ya no pudo ser destituido, y se convirtió en candidato blindado. Todo esto pasó sin audiencia pública, sin debate ético, sin escrutinio ciudadano. Como si la transparencia fuera un trámite opcional.
Para coronar el espectáculo, la doctora Grijalva —integrante de la terna enviada por la Asamblea Nacional— presentó dignamente su renuncia al proceso de selección con un tono de elevada indignación, calificándolo como lo que es: un sainete jurídico, lo cual obliga a que se replantee, por lo menos, la terna del Legislativo.
A propósito de ello digo, ¿ no será que el doctor José Suing en un acto de inmensa sensatez, entiende que su candidato Godoy, tercero de la terna, no es idóneo ni probo, aprovecha que el legislativo presentará otra terna y él lo retira de la misma y presenta otra ?
De igual manera la Asamblea puede retirar al doctor Fabara y poner a profesionales sin tacha. Nada les impide hacerlo, sobre todo ahora que nos indican que es una “asamblea distinta”. A la final una Asamblea distinta no puede seguir blindando las mañoserías de siempre.
Pedir que los señores Godoy o Fabara renuncien sería como pedir a Herodes que declare que ama a los niños.
¿La Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia, que a propósito de este sainete ven que se equivocaron en poner esos nombres en sus ternas, acogen lo que ha presentado y demostrado la ciudadanía y replantean sus ternas en un acto noble y sin precedente de respeto por la institucionalidad y de desagravio a la participación ciudadana real ? Ello diría que en realidad son mejores y distintos que el CPCCS.
Ya que el CPCCS insiste en su tragicomedia de corrupción, exhortamos, en definitiva, al Presidente de la Corte y a la Asamblea: ustedes sí pueden leer y analizar los argumentos. Escuchen a la ciudadanía. Merecemos justicia, no sainetes. Los candidatos impugnados no son ni probos ni idóneos. Sacarlos de las ternas no solo es sensato: es la forma más honesta de evitar más desinstitucionalización.