I. Ecuador, aranceles, Uribe y el trino de Paloma Valencia
Primero, una resolución aduanera ecuatoriana del 24 de enero de 2026 estableció una tasa de seguridad del 30 % a las mercancías procedentes de Colombia. Después, Ecuador anunció, el 26 de febrero, un aumento del 30 % al 50 %, vigente desde el 1 de marzo. Finalmente, el 9 de abril, el Ministerio de Producción elevó la tasa del 50% al 100 %, con vigencia desde el 1 de mayo. La agencia de noticias británica, Reuters, coincide con esa cronología y subraya que el contencioso arrancó en enero y escaló en febrero y abril.
En estas tensas semanas políticas se ha confirmado que Uribe viajó a Ecuador. Él mismo dijo que estuvo en enero en la Universidad Espíritu Santo, en Guayaquil, y luego en un evento académico en Cuenca. No hay prueba de reunión con autoridades de este país vinculada a las decisiones arancelarias. Más aún: las dos declaraciones públicas verificables van en sentido contrario. Uribe afirmó que no se había reunido ni hablado recientemente con Daniel Noboa, y Noboa declaró el 18 de abril de 2026: “No tuve ninguna reunión con él”, añadiendo que ni siquiera lo vio personalmente. A la luz de lo publicado y contrastado, lo verificable hoy es la visita; no una coordinación política probada con el Gobierno ecuatoriano. Ese argumento está en el limbo de las presunciones, pero tiene mucho hilo para hilvanar.
Paloma Valencia candidata a la presidencia de Colombia pertenece al partido Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe, que en la literatura política y en la cobertura especializada se ubica en la derecha del espectro político colombiano. La cobertura de la campaña presidencial colombiana la ubica como candidata del uribismo en competencia con Iván Cepeda en el actual ciclo electoral. La dirigente del uribismo se identifica como una política de línea conservadora y promotora de seguridad fuerte.
Durante un acto de campaña en Ipiales, el 16 de abril de 2026, Valencia dijo: “El primer día de nuestro gobierno voy a llamar al presidente de Ecuador … y que nos quite los aranceles”.
La pregunta correcta no es si Ecuador “metió la mano” de forma subrepticia en las elecciones colombianas, sino si sus decisiones soberanas de seguridad y comercio han reordenado el debate interno en Colombia.
II. El sutil encanto de las conjeturas y la frígida mirada de la prospectiva
No se puede sostener sin pruebas que el Gobierno ecuatoriano haya intervenido de manera directa y comprobada en la política interna colombiana, pero es evidente que ha incidido de manera indirecta, visible y material en la contienda electoral. La razón es simple: cuando un gobierno extranjero transforma un desacuerdo de seguridad fronteriza en una sanción comercial escalonada —30 %, luego 50 %, luego 100 %— y justifica esa decisión por la conducta del Gobierno vecino frente al narcotráfico, deja de operar solamente en el terreno aduanero. Pasa a intervenir, aunque sea por vía de incentivos y discursos, en la disputa sobre quién tiene la autoridad moral y política para gobernar el problema de la seguridad en Colombia.
Esa incidencia se vuelve políticamente más fuerte porque toca el nervio histórico del conflicto colombiano: la fusión entre narcotráfico, control territorial y representación política. No estamos ante una controversia técnica sobre café, acero, cosméticos o balanza comercial. Estamos ante un conflicto binacional cuya justificación explícita es la presunta insuficiencia de Colombia frente a la economía criminal en frontera. En un país donde las fuentes oficiales siguen registrando asesinatos masivos, reclutamiento infantil, desplazamiento y persistencia de actores armados, ese reproche externo cae sobre un terreno ya extremadamente polarizado.
La oposición colombiana leyó de inmediato esa oportunidad. Uribe convirtió los aranceles ecuatorianos en prueba de su narrativa sobre una frontera dominada por el “narcoterrorismo”; Paloma Valencia llevó esa misma idea a la campaña, ofreciendo como gesto inaugural una llamada a Noboa para desmontar los aranceles. El efecto político es innegable: Ecuador aparece, voluntaria o involuntariamente, como instancia de validación externa de un argumento central del uribismo, a saber: que el Gobierno de Petro debilitó la seguridad y con ello afectó el empleo, el comercio y la soberanía fronteriza. Aunque Quito no haya redactado ese libreto para la campaña colombiana, sus decisiones lo alimentaron.
Por eso la pregunta correcta no es si Ecuador “metió la mano” de forma subrepticia en las elecciones colombianas, sino si sus decisiones soberanas de seguridad y comercio han reordenado el debate interno en Colombia. La respuesta es sí. Lo han hecho porque castigan sectores fronterizos, proveen munición discursiva a la oposición, erosionan la imagen regional del Gobierno de Gustavo Petro y convierten a Daniel Noboa en actor de referencia dentro de la contienda ideológica colombiana. La incidencia, entonces, es indirecta pero real; la intervención directa, a fecha de hoy, no está demostrada. Esa distinción importa mucho: permite criticar con precisión, sin caer ni en la ingenuidad diplomática ni en la sobreinterpretación conspirativa.
La primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo de 2026 y, como es habitual en un sistema de mayoría absoluta, la probabilidad de una segunda vuelta en junio es alta ante la fragmentación del voto.
III. De enero a la fecha, el tablero electoral se ha movido en Colombia
En Colombia, no se registra crecimiento de la intención de voto en favor de Iván Cepeda, pero sí en la intención de voto de Paloma Valencia, lo que reconfigura el escenario electoral y fortalece la probabilidad de una segunda vuelta competitiva.
La primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo de 2026 y, como es habitual en un sistema de mayoría absoluta, la probabilidad de una segunda vuelta en junio es alta ante la fragmentación del voto. A ello se suma una característica institucional relevante: el voto en Colombia es voluntario. Esta condición no es menor; introduce un componente decisivo de movilización y desmovilización que puede alterar de forma significativa los resultados, especialmente en escenarios de competencia cerrada.
En este contexto, las encuestas más consistentes entre marzo y abril muestran una fotografía relativamente estable pero políticamente sugestiva. Iván Cepeda lidera con un rango aproximado entre 34 % y 37 %, seguido por Abelardo de la Espriella con entre 20 % y 28 %, mientras Paloma Valencia se ubica entre 17 % y 20 %. El resto de candidaturas no supera el umbral del 10 %. Este cuadro revela un liderazgo claro, pero insuficiente para una victoria en primera vuelta, lo que desplaza el centro de gravedad de la elección hacia un eventual balotaje.
Sin embargo, lo más relevante no es la fotografía estática, sino su evolución. Desde enero, el mapa electoral ha experimentado un reacomodo significativo. Cepeda mantiene una posición estable como candidato puntero, sin saltos abruptos. En contraste, Valencia registra el crecimiento más acelerado: pasa de niveles marginales —entre 3 % y 5 %— a convertirse en una candidatura competitiva. De la Espriella también crece, aunque de manera más gradual y sin alterar sustancialmente la jerarquía del primer lugar.
Este desplazamiento configura una dinámica distinta a la polarización clásica. Colombia no enfrenta hoy un escenario binario, sino una competencia estructurada en tres bloques: una izquierda relativamente consolidada en torno a Cepeda; una derecha fragmentada que disputa liderazgo entre De la Espriella y Valencia; y un centro debilitado, incapaz de articular una alternativa con peso electoral propio.
El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia —especialmente el aumento progresivo de aranceles hasta el 100%— ha tenido un efecto político claro en la campaña colombiana, aunque no determinante por sí solo.
Es irónico pensar cuánto se ha acostumbrado Ecuador a esperar que llueva para que haya energía eléctrica; que no llueva para que no se inunde la costa; que sus gobiernos devuelvan o no a la gente la esperanza ante el futuro.
De este lado de la frontera muchos esperan que gane la presidencia colombiana quien pueda sensibilizar al presidente ecuatoriano —por ejemplo, con una llamada telefónica— y, en un gesto de magnanimidad, Noboa dé por terminada su decisión de imponer aranceles a Colombia. Tal gentileza debería basarse en un sustento técnico y razones fundamentadas; sería impresentable que el cese de hostilidades arancelarias se base en afinidades ideológicas edulcoradas con publicidad oficial, entre otras cosas porque en estos meses las pérdidas económicas no son un chiste que se cuente solo; importaciones desde Colombia están siendo reemplazados por proveedores de otros países. Paralelamente, la actitud de los gremios comerciales e industriales ecuatorianos ha comunicado baja sensibilidad con emprendedores, comerciantes y medianas industrias que han soportado el peso del impasse; en épocas no muy lejanas, el peso simbólico de las Cámaras en Ecuador era tan gravitante como el susurro que hoy ratifica su debilidad.
Si gana Cepeda, el escenario político y comercial difícilmente se resolverá en corto plazo, por razones obvias. Es irónico pensar cuánto se ha acostumbrado Ecuador a esperar que llueva para que haya energía eléctrica; que no llueva para que no se inunde la costa; que sus gobiernos devuelvan o no a la gente la esperanza ante el futuro, o que el actual CNE termine o no sus funciones prorrogadas para que haya inobjetable transparencia electoral.
Dentro de la campaña electoral colombiana, el tema arancelario ha reforzado el eje de seguridad. La derecha, particularmente Paloma Valencia, ha utilizado el conflicto como evidencia de una supuesta pérdida de control territorial del Estado colombiano, vinculando narcotráfico, frontera y debilidad gubernamental. Esto explica en parte su crecimiento en intención de voto: logra conectar un problema externo con una narrativa interna de orden y autoridad.
Segundo, ha internacionalizado la campaña. Ecuador, a través de sus decisiones se convierte en un actor indirecto del debate político colombiano. No interviene formalmente, pero sí introduce un elemento de presión externa que los candidatos reinterpretan según su posición ideológica.
Tercero, ha tensionado al oficialismo. El entorno político de Iván Cepeda enfrenta el desafío de responder no solo a críticas internas, sino a señales de desconfianza provenientes de un país vecino, lo que puede erosionar percepción de gobernabilidad.
IV. La pirotecnia verbal para desviar al atención
Mientras esto sucede, desde Ecuador la pirotecnia verbal y las acusaciones del presidente Noboa en contra de la gestión de Petro en la frontera común ha elevado el tono. En una declaración pública, el presidente ecuatoriano agregó a los insistentes reclamos sobre los déficits colombianos en la seguridad, la acusación de que durante su presente en Manta, Petro se había reunido con personajes vinculados el ex cabecilla de Los Choneros, alias Fito, hoy preso en Estados Unidos. Una acusación grave, que vincula al presidente Petro con el crimen organizado en Ecuador y develaría el misterio de qué fue a hacer el presidente colombiano dos días en el puerto de Manta, tras su participación en la posesión presidencial de Noboa en mayo del 2025.
Petro reaccionó en X con su ya tradicional largo hilo: He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la república del Ecuador.. A Jorge Glas lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregué a Colombia. No solo me acompaño el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro. No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer. Al lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico solo una cabaña de madera que fué un buen lugar donde mirar el mar. Publicaré la lista de ecuatorianos extraditados por mi mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede duda de nuestra actividad Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mi, tal como paso con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida. (sic).
Luego, las acusaciones mutuas de apoyar al narcotráfico escalaron de lado y lado, en un contencioso verbal que ha opacado la crisis económica extrema que viven los pueblos de y el comercio ambas fronteras, luego de que Ecuador elevara al 100% el castigo arancelario a Colombia, y ha mantenido la medida a pesar de la crítica tibia de las cámaras empresariales del país y la beligerante postura de los comerciantes fronterizos.