La política de seguridad del Ecuador está envuelta en una mezcolanza entre declaraciones de estado de emergencia, cuestionadas por organizaciones internacionales de derechos humanos; una “tasa de seguridad” dirigida a quebrar la relación con Colombia; una cooperación condicionada y dependiente con Estados Unidos; y un multilateralismo guiado a terminar con principios históricos de la política internacional de la nación.
El Ecuador eliminó tarifas a bienes provenientes de los Estados Unidos, pero elevó al 100% los aranceles a productos que ingresen desde Colombia: ambos actos irresponsables, sin precedentes, que han superado con creces toda ponderación.
La seguridad, mezclada con comercio y “cooperación” que conforman la política exterior planteada por el Gobierno, afecta al Ecuador en su posición internacional, pero, ante todo, causa serios perjuicios a la población ecuatoriana y a sus empresas grandes y pequeñas.
De inicio, es preciso insistir que un elemento básico de política exterior es actuar en función de los intereses nacionales; y, uno central de política de gobierno es defender el bienestar de sus ciudadanos.
Al ser Estados Unidos un referente del presidente ecuatoriano, conviene observar cómo ese país aplica su interés nacional. Al comienzo del segundo mandato, el presidente Trump impuso aranceles sobre el 100% a sus adversarios, en particular a China. El interés nacional está en la defensa de la producción estadounidense y de los puestos de trabajo de los obreros norteamericanos. Eso es lo que motiva a su gobierno a imponer medidas comerciales a productos chinos.
La principal diferencia entre la política americana y la ecuatoriana es que las acciones de los Estados Unidos responden a una estrategia de largo plazo, estructurada para evitar que China adquiera mayor poder, en tanto que la del Ecuador es evitar que ascienda al gobierno de Colombia un presidente de signo opuesto al del mandatario ecuatoriano.
La seguridad, mezclada con comercio y “cooperación”, que conforman la política exterior del Gobierno, afecta al Ecuador en su posición internacional, pero, ante todo, causa serios perjuicios a la población ecuatoriana y a sus empresas grandes y pequeñas.
No hay una sola acción que esté fuera del objetivo estadounidense. Todo lo demás, como el sistema de “cooperación”, no es sino un artificio para conseguir el mismo fin. En esa línea está la guerra en Medio Oriente y la alianza con Israel, incluida la “guerra contra el narcotráfico”. Esas acciones, como se ha visto, conllevan presencia militar que se convierte en disuasiva a cualquier presencia e interés chinos.
Esta política exterior, de llevar a cabo plenamente sus intereses nacionales, ha sido una constante histórica de los Estados Unidos. Por lo general se ha caracterizado por ser una política de Estado. La actual también es evitar el predominio de China. Otra cosa es que la ejecución de esa política sea conducida por un personaje de las características del actual mandatario.
El Ecuador, en cambio, es lo opuesto. La norma general de la actual política exterior ecuatoriana es la improvisación. La espontaneidad y la sorpresa parecen ser la estrategia.
El presidente del Ecuador destaca que los inconvenientes del país son de seguridad, los que no disminuyen. La última fase de ese diagnóstico presidencial ha apuntado que esos problemas provienen de la falta de control de sembríos de hojas de coca y de la delincuencia de Colombia.
Valido de sus afinidades ideológicas, el mandatario ecuatoriano ha acudido al presidente Trump, para que, con su poder, envíe elementos que resuelvan el problema del Ecuador, en tanto que a Colombia exige una contribución a través de la imposición de una “tasa de seguridad”.
Por su parte, Colombia también castigará con aranceles a bienes ecuatorianos “necesarios” para su país, y vetará la venta de energía, en medio de señalamientos de que cada país debe hacerse cargo de su seguridad y cuidar sus propias fronteras; expresión que recuerda la política del Ecuador a inicios de los años dos mil: “no intervenir en asuntos internos de otro Estado”, fue la respuesta a Colombia que reclamaba apoyo del Ecuador contra las FARC.
Estados Unidos, por su lado, “coopera” para evitar que la droga llegue a sus consumidores por medio de ataques letales a barcos de pescadores, cuyos familiares desconocen su paradero.
Acorde con el carácter transaccional de su mandatario, Estados Unidos ha exigido “reciprocidad”, con un “acuerdo” comercial (ART) calificado de “asimétrico” e inequitativo.
El presidente del Ecuador se ha propuesto “aportar” a que disminuyan las posibilidades electorales de Iván Cepeda, el candidato del actual mandatario colombiano a la presidencia de ese país.
Si bien ese convenio sortea el problema de una “sobretasa”, dispone reformar las “licencias de importación” de la CAN, demanda apertura del mercado ecuatoriano —en perjuicio de agricultores nacionales—, exige reconocer el sistema sanitario estadounidense, establece medidas restrictivas a la importación de productos cuando EE. UU. haya tomado una medida similar. En síntesis, los bienes americanos ganan acceso y se restringe a los del Ecuador.
Conforme a este cuadro, una parte de los problemas de la seguridad del Ecuador pagaría Colombia (a través de la “tasa de seguridad”); la otra, los Estados Unidos (por medio de cooperación principalmente de inteligencia y equipo militar), contribución que será ampliamente recuperada con la apertura del mercado ecuatoriano a productos estadounidenses como cerdo y pollo, con serias afectaciones al productor nacional, así como impedimentos al ingreso de camarón ecuatoriano al mercado estadounidense.
Pero, además, en cuanto a Colombia, el presidente del Ecuador se ha propuesto “aportar” a que disminuyan las posibilidades electorales del candidato del actual mandatario colombiano a la presidencia de ese país. El “aporte” sería la imposición de los aranceles que, finalmente, termina pagando la población ecuatoriana e incrementando el contrabando, en afectación a las arcas públicas nacionales.
Detrás de esta política exterior —personalizada, con fuerte sesgo ideológico— supeditada al triunfo de un candidato afín a los gustos del presidente ecuatoriano, hay una combinación excesivamente peligrosa para un país pequeño, con una economía débil, población empobrecida y dividida como la ecuatoriana, rodeada, además, de un vecindario internacional polarizado y cargado de problemas similares, pero con territorios y economías bastante mayores a las del Ecuador.
De todo esto, lo cierto y más grave es que la apertura del mercado ecuatoriano a productos agrícolas estadounidenses, el impedimento a los ecuatorianos, y esa descomunal imposición de tarifas arancelarias a Colombia, dañan con severidad a sectores empresariales —grandes, pequeños y medianos— y a la población ecuatoriana en general.
Hay que subrayar que esas medidas no cuentan con apoyo de ningún segmento de la población: ni habitantes de frontera, ni gremios comerciales, ni cámaras empresariales, ni agrupaciones académicas. Es una cuestión que solamente responde a intereses que están fuera del orden interno del Ecuador.
El interés nacional, base fundamental de la relación internacional de un Estado y la defensa del bienestar de los ciudadanos han quedado hecho trizas. Como se pregunta un especialista económico: ¿hay que “autocastigarnos porque Colombia no cuida su frontera?”. Pero, peor aún: ¿los intereses ideológicos deben anteponerse a los intereses del Estado ecuatoriano y de su población? ¿Debe la política exterior del Ecuador estar supeditada al triunfo de una tendencia ideológica en un país vecino?
La ideologización partidaria de la política exterior es la peor de las lacras que puede sufrir un Estado. Los temas internacionales deben buscar representar al conjunto del país. En el caso de los aranceles y de la apertura a productos agrícolas estadounidenses, no solo que no representan, sino que los habitantes en su mayoría se oponen, porque se sienten afectados, incluso quebrados, cuando se ha llegado a límites del 100%.
(*) Ex Vice Canciller