Un repaso por la historia republicana del Ecuador permite llegar a una conclusión sobre el ejercicio del poder y la distribución de los recursos en el territorio. Para el gobierno central, el país se compone de ciertos centros urbanos y sus periferias: Quito, sus alrededores y, en alguna medida, sus ciudades satélite; Guayaquil y su área de influencia; a veces Manta, a veces Cuenca. El resto del país es casi invisible. El resto de cantones y provincias ha debido arreglárselas con la casi inexistente atención desde la centralidad y salir adelante a través de sus propios esfuerzos. La frontera norte, especialmente en la Costa y la Amazonía, así como la frontera sur, han sido sistemáticamente ignoradas y relegadas. Desde el poder central, pareciera buscarse la creación de un yermo de protección entre los límites del territorio nacional y los grandes centros urbanos. Sin embargo, las fronteras han demostrado ser resilientes y, pese al abandono, siguen allí.
Antes de analizar las malas y torpes decisiones que se han tomado en los últimos meses sobre la frontera, es justo aclarar que su situación no es producto exclusivo de este gobierno ni del anterior, sino de la desidia acumulada de los sucesivos gobiernos de turno, aunque, desde luego, existan excepciones que confirmen la regla. Basta recordar que, hasta la firma de la paz con el Perú, fue política de Estado no invertir en obra pública en la frontera sur, especialmente en carreteras, con el argumento de no facilitar un eventual avance de las tropas peruanas. ¿Un avance hacia dónde? Hacia Guayaquil, hacia el norte. Es decir, se privilegió la protección de los centros urbanos antes mencionados a costa del abandono de la frontera sur.
En los últimos seis meses se han adoptado ciertas decisiones, y se han ratificado otras que vienen de antes, que no solo confirman la desidia del gobierno central, sino que incluso rozan la sevicia. Ya no se trata únicamente del olvido histórico que ha mantenido en una agonía perpetua a las fronteras ecuatorianas, sino de medidas que revelan una crueldad excesiva. Me refiero, por ejemplo, a la decisión de cerrar los pasos fronterizos terrestres con excepción de Huaquillas y Rumichaca, coincidentemente los dos pasos que más convienen a Guayaquil y Quito, respectivamente. También me refiero a la imposición de “sobretasas arancelarias” que alcanzan hasta el 100 % del valor importado sobre todos los productos provenientes de Colombia. Y, finalmente, a la decisión de consolidar al sur del Ecuador como un territorio de sacrificio, para que el bicentralismo extraiga, a través de la minería metálica, los recursos que necesita para seguir subsistiendo, sacrificando las fuentes de agua del sur país.
Después de cuatro meses de haberse tomado la decisión de cerrar todos los pasos fronterizos que no sean Huaquillas y Rumichaca, puede afirmarse que, al menos en lo que respecta a la frontera sur, se trató de una medida sin sustento y sin plan alguno que la respaldara. Fue una decisión que cortó una de las pocas líneas de sustento de las pequeñas economías de la frontera sur, sin siquiera ofrecer alternativas a cambio. El impacto macroeconómico de cerrar Macará, Lalamor y Jimbura es insignificante para el bicentralismo. Por eso, desde Quito (o Samborondón), ni siquiera se considera necesario explicarlo. Sin embargo, el impacto sobre esos territorios es profundo, no solo en lo económico, sino también en lo social y cultural. Esta decisión confirma que, desde hace décadas, el sueño de que la paz, alcanzada en 1998, haga justicia a estos pueblos ya se terminó.
Desde Quito, las parroquias, cantones y provincias fronterizas son vistas con desconfianza. Para el poder central bastan los estereotipos para describirlos (son contrabandistas), sin detenerse a pensar que el mayor volumen de contrabando probablemente ingresa por los principales puertos del país. Tampoco existe una reflexión honesta sobre los obstáculos permanentes que enfrentan los emprendedores de estas zonas, impuestos desde escritorios quiteños. Por ejemplo, hace poco se instaló una importante industria de agrícola en Zapotillo (inversión extranjera), que hoy padece los altos costos del transporte, las trabas burocráticas y la escasez de mano de obra, provocada por los fenómenos migratorios y el abandono estatal. Las ventajas naturales de estos territorios para determinadas inversiones agrícolas o energéticas se ven frustradas por la propia actuación estatal.
A este cuadro de abandono fronterizo se suma otra decisión grave: la imposición de sobretasas arancelarias del 100 % a los productos colombianos. Se trata de una medida que vulnera los compromisos comerciales multilaterales y regionales asumidos por el Ecuador, desde el marco del GATT hasta el Acuerdo de Cartagena. Además, golpea una relación comercial bilateral de aproximadamente 2.500 millones de dólares, construida a lo largo de décadas de integración lenta pero sostenida. El mercado colombiano es particularmente importante para el Ecuador, porque constituye uno de los principales destinos de sus productos de mayor valor agregado. Pese a ello, el gobierno ecuatoriano ha optado por entorpecer un intercambio comercial que llevaba décadas de expansión.
El golpe a la frontera norte, provocado por las sobretasas arancelarias, es enorme. En días pasados, un sector importante del transporte amenazó con trasladar sus operaciones al Perú. Frente a ello, la respuesta del gobierno ha sido refugiarse en la esperanza de que las próximas elecciones presidenciales en Colombia lleven al poder a alguien afín a su línea política. Durante décadas, ambos países han tenido presidentes con visiones distintas y, pese a ello, han logrado sostener una relación bilateral e integración regional funcionales. Esta es la primera vez que un gobierno ecuatoriano actúa de forma tan burda y negligente frente a una relación estratégica de esta naturaleza.
Estas sobretasas encarecen los productos para el consumidor y reducen el comercio. No las paga el gobierno colombiano; las pagan los comerciantes y consumidores ecuatorianos. Por eso resulta irritante la posición expresada recientemente por la periodista Hinostroza, quien defendía en una radio la medida del gobierno bajo la lógica de que, aunque “paguen justos por pecadores”, era necesaria para forzar una reacción del gobierno colombiano. El mensaje de fondo es brutal: poco importa que sufran las economías de la frontera, siempre que los costos sociales no recaigan sobre los grandes centros urbanos.
Este conjunto de decisiones beneficia al comercio informal, fortalece los pasos irregulares en la frontera, erosiona una relación comercial construida durante décadas y siembra vientos que mañana pueden convertirse en tempestades. Estas políticas, sumadas a la escasa inversión pública estatal, nos acercan a lo que parece ser la verdadera aspiración de la bicentralidad ecuatoriana: perpetuar la agonía de las fronteras hasta convertirlas en el yermo de protección con el que sueñan quienes, desde el poder central, necesitan fabricar enemigos para justificar su abandono.