La próxima visita de Daniel Noboa a China, anunciada por el primer mandatario para agosto de 2026, no inaugura una relación: la profundiza. Ecuador se incorporó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en diciembre de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo que Noboa ha hecho —especialmente en su encuentro con Xi Jinping en junio de 2025— es reactivar ese vínculo con un objetivo claro: atraer inversión, ampliar exportaciones y asegurar financiamiento en sectores clave.
Según los comunicados oficiales chinos, Jinping y Noboa se comprometieron a profundizar la asociación estratégica integral y ampliar la cooperación en comercio, ciencia y tecnología, cultura, educación y juventud. Pero Jinping dejó claro dónde está el centro material del vínculo: energía, minería, electricidad e infraestructura. Noboa, de su parte, expresó interés en ampliar intercambios y comercio, y la relación produjo además señales concretas para expandir exportaciones ecuatorianas al mercado chino. En otras palabras: Beijing no solo ofrece mercado; busca consolidar presencia en sectores donde se juega soberanía efectiva.
Del otro lado, la relación con Estados Unidos sigue un carril distinto. Seguridad, cooperación antidrogas, control migratorio. La reunión con Donald Trump en marzo de 2025 confirmó ese eje. La lógica es evidente: Washington contiene; Beijing invierte.
Es un error creer que esas dos agendas pueden mantenerse separadas. No pueden.
Cuando una potencia entra por puertos, redes eléctricas o proyectos mineros, no está operando solo en la economía. Está asegurando influencia estructural. Y cuando otra potencia se posiciona en seguridad, inteligencia y control territorial, tampoco actúa únicamente en lo policial. Ambas intervienen en los nodos donde se define la capacidad del Estado para decidir.
El pragmatismo tiene un límite: la pérdida de control sobre sectores estratégicos. Ese límite empieza a ser visible. El acuerdo para que Power China opere Coca Codo Sinclair durante 25 años no es un dato técnico, es una señal política.
El gobierno presenta esta estrategia como pragmática. Y en parte lo es: Ecuador necesita inversión, mercados y cooperación urgente en seguridad. El Tratado de Libre Comercio con China, vigente desde mayo de 2024, abre oportunidades reales para exportaciones no petroleras. Y la cooperación con Estados Unidos responde a una crisis de violencia que el país no puede enfrentar solo.
Pero el pragmatismo tiene un límite: la pérdida de control sobre sectores estratégicos.
Ese límite empieza a ser visible. El acuerdo para que Power China opere Coca Codo Sinclair durante 25 años no es un dato técnico. Es una señal política. La agencia británica Reuters reportó el 9 de abril de 2026 que Ecuador acordó entregar a Power China la operación y mantenimiento de la central por un cuarto de siglo, en el marco de un arreglo arbitral por USD 400 millones. La fórmula es reveladora: USD 200 millones de desembolso inmediato y otros USD 200 millones diferidos, asociados a la ejecución del propio contrato. Es decir, el pago no solo compensa el litigio, se integra al esquema de control operativo. La propiedad sigue siendo estatal, pero la gestión —y con ella una parte sustantiva de la capacidad de decisión sobre un activo crítico en un sector estratégico— queda atada, por diseño financiero, a quien lo administra.
Aunque el Estado conserva la propiedad, no se trata de un asunto periférico: Coca Codo aporta alrededor del 30 % de la electricidad del país. Ceder por un cuarto de siglo su operación a una empresa estatal china no es un dato técnico; es una señal de vulnerabilidad estratégica.
Además, el acuerdo lava la cara indirectamente al correísmo al que tanto se ha criticado durante años por su responsabilidad en el caso Coca Codo Sinclair; pero más allá de esta digresión, no es un caso aislado. Es un patrón.
Energía, minería, infraestructura. Allí converge el interés chino. Y allí también se está reconfigurando la política económica ecuatoriana bajo presión fiscal y urgencia de resultados. La discusión más delicada no está en Beijing ni en Washington. Está en el territorio ecuatoriano, porque cada decisión en esos sectores tiene un impacto directo sobre ecosistemas frágiles y comunidades que no están en la mesa de negociación.
La expansión extractiva, acelerada por la necesidad de inversión, entra en tensión con obligaciones constitucionales que no son opcionales: consulta previa, libre e informada; protección ambiental; respeto a territorios indígenas.
Ecuador ya ha trazado líneas claras en ese campo. La Corte Constitucional ha delimitado el alcance de la consulta previa. Y la consulta popular del Yasuní en 2023 dejó un mandato político contundente: hay límites sociales a la explotación de recursos.
Ignorar esos límites no es una decisión económica. Es una decisión de poder, y tiene costos no solo en términos ambientales o sociales, sino en legitimidad política, porque un modelo que se apoya en inversión externa, pero desatiende las reglas internas, termina debilitando la autoridad del propio Estado que busca fortalecerse.
Ese es el punto ciego de la estrategia actual.
No se trata de elegir entre Estados Unidos o China. Se trata de definir bajo qué condiciones Ecuador negocia con ambos. Lo que se observa es una apertura simultánea en sectores sensibles, sin un marco robusto que proteja la capacidad de decisión nacional.
Cuando la seguridad se terceriza, la energía se externaliza y los recursos se negocian sin anclaje territorial sólido, el problema deja de ser quién invierte o quién coopera, el problema pasa a ser quién decide.
La estrategia de Noboa con Trump y Xi no es, por sí sola, un error. El error sería gestionarla como si Ecuador pudiera repartir funciones entre dos hegemonías, sin pagar costos de soberanía.