Cicerón en La República, sostenía que la justicia es la virtud que armoniza autoridad, libertad y leyes basadas en principios morales, previniendo la opresión. Luego de siglos vendrá la dogmática jurídica y diferenciará la ética de la legalidad en el contenido de las normas, pero de ello trataremos en otro ensayo; lo que sí importa ahora señalar es que en democracia, el Poder Judicial de ser un sistema que funcione con independencia de los otros poderes estatales y que asegure que la libertad gracias a las leyes no derive en arbitrariedad.
Sin justicia, advertía Cicerón, el Estado pierde legitimidad, permitiendo que el poder arbitrario vulnere los derechos de todos.
La falta de 753 jueces y el 50.61% de dependencias judiciales en mal estado —como lo han dicho las autoridades del Consejo de la Judicatura— generan demoras inaceptables en todos los procesos, negando el derecho a la justicia.
La corrupción, evidenciada por 57 jueces con patrimonios injustificables, agrava el atropello a los derechos que hay atrás de ello. Esta disfuncionalidad no solo falla en proteger derechos, sino que perpetúa la injusticia, equiparándose al daño causado por la delincuencia. Y a más de patrimonios injustificables, tampoco existe una evaluación de su desempeño.
Es decir, una administración de justicia diagnosticada con casos de corrupción e impunidad, sin jueces ni fiscales que rindan cuentas, con déficit de ellos en número, sin independencia, permeable por el poder político de turno, está indiscutiblemente enferma, en crisis.
Un 90% de jueces en estos últimos 17 años fueron nombrados en el gobierno de la Revolución ciudadana, nos informaba Fernando Villavicencio.
Un ejemplo breve: Galápagos, isla San Cristóbal, desde el 2019 un proceso de alimentos acumula a la fecha una deuda de USD 48.000., sin que la jueza del caso, —que venía de una provincia donde no fue evaluada ni rindió cuentas de su gestión—, ordene apremio contra el alimentante ni la audiencia respectiva, pese a los recursos holgados —demostrados— del demandado.
A más de vulnerar el derecho a la subsistencia digna de la demandante, este comportamiento de la jueza es un real arrebato del patrimonio de una adolescente, tal como lo hace la delincuencia común al asaltarte. En su defensa —muy oronda— la jueza, que ha atendido durante estos años todos los pedidos del demandado y no de la adolescente, ha dicho que tiene una «elevada carga procesal».
La justicia funciona como pilar de toda República, garantizando la dignidad humana a través de derechos universales que se instrumentalizan en leyes y normas constitucionales, las cuales limitan el abuso del poder de quien gobierna. La administración de justicia se activa con el derecho de petición y tiene la obligación de responder con eficiencia, imparcialidad, con jueces capacitados. Estos elementos son esenciales para proteger todo tipo de derechos, desde la subsistencia, la libertad de expresión, los derechos laborales, contractuales, etc.
Los derechos humanos, tanto como normas, son principios morales que exigen un sistema judicial robusto para ser efectivos. La percepción, tan fuerte actualmente, de que solo benefician a delincuentes, ignora su más noble propósito: proteger a todos contra la arbitrariedad, contra la negligencia estatal.
Principios como el debido proceso y la legalidad no son privilegios de delincuentes, sino salvaguardas que garantizan desde los jueces a los ciudadanos que éstos y cualquiera otra autoridad no abusen de su poder.
Una correcta administración de justicia es garante de los derechos humanos, pero una débil, erosiona la dignidad humana y el Estado de Derecho.
Sin justicia, la república se desmorona independientemente del gobierno de turno.