Más de 137 mil personas con discapacidad física sufragaron en las elecciones seccionales del 2023, es decir el 46,70% de las 294.073 que ejercieron su derecho al voto para elegir a sus autoridades locales. El otro 53,30% que sufragó, se dividió entre personas con discapacidad auditiva, intelectual, de lenguaje, psicosocial, visual y psicológica. No obstante, pese al gran compromiso e interés de este grupo vulnerable por elegir a sus representantes, la accesibilidad es un problema no resuelto que ha motivado a distintos organismos de la sociedad civil a buscar iniciativas que promuevan el derecho a la participación electoral de estos ciudadanos.
Un ejemplo de ello, es la campaña Tienen derecho a votar organizada por la Federación Ecuatoriana de Personas con Discapacidad Física (FENEDIF), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Federación Nacional de Taxis (Fedotaxis). Esta campaña benefició a más de 300 personas en las Elecciones Generales de 2021 y a cerca de 2 000 en la Consulta Popular de 2018 y las Elecciones Seccionales y del CPCCS de 2019. Además, en los últimos 14 años, el porcentaje promedio de sufragantes con discapacidad alcanzó el 72.7% con relación al 27.3% de ausentismo.
El Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, también cuenta con cinco modalidades de votación que se ejecutan el día de las votaciones, entre ellas el Voto en Casa, que beneficia a las personas con discapacidad física igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%); y que hayan cumplido cincuenta años de edad (50 años) a la fecha definida para el día del sufragio.
Pero, ¿por qué no ampliar la modalidad de votación telemática, empleada desde el año 2021 hasta el 2023 para los ecuatorianos residentes en el exterior, a las personas con discapacidad? De hacerlo, se podría garantizar el derecho al sufragio de este grupo vulnerable a través de dispositivos tecnológicos y la Internet, y superar cualquier problema de accesibilidad física a los recintos electorales. Algunos de los beneficios y resultados que podrían obtener tanto el Estado en su componente electoral, así como la sociedad civil organizada en las Federaciones de Personas con Discapacidad, son:
-Mayor número de sufragantes con discapacidad en las elecciones, lo cual se traduce en mayor accesibilidad.
-Medición de la democracia digital y la participación ciudadana al cuantificar el número de usuarios con acceso a la aplicación del voto telemático.
-Número y porcentaje de electores registrados que podrán sufragar desde la comodidad de sus hogares con cualquier dispositivo tecnológico: Tablet, teléfono inteligente, computador.
Desde luego, el desafío es superar los inconvenientes administrativos suscitados en la primera vuelta electoral de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2024, los cuales ocasionaron la forzosa repetición de las elecciones en las tres circunscripciones del exterior el mismo día en que se celebró el balotaje entre Daniel Noboa y Luisa Gonzalez. Algo nunca antes ocurrido en la historia democrática del Ecuador.
¿De qué depende ampliar el sistema de voto telemático para el sufragio de las personas con discapacidad? Simplemente de voluntad política, solvencia tecnológica y honestidad profesional, solo así se fortalecerán la participación online y las libertades innatas de los ciudadanos que integran este grupo vulnerable.