La imagen clásica en caricatura —un político prepotente rodeado de uniformados llenos de medallas y pandilleros en ternos y con gafas oscuras, que gobierna a punta de miedo; o de populistas de masa y demagogia— ya no describe bien lo que ocurre hoy en la región. El ocaso de las razones democráticas ocurre a partir de nuevas formas de gobierno: las autocracias; sistemas globalmente interconectados cuya huella imprime la voluntad de una sola persona que se impone como ley suprema, moviendo engranajes complejos: dinero opaco, aparatos de seguridad diversificados, tecnología al servicio de la vigilancia para el control social, desinformación.
Ese nuevo modelo del poder no actúa en solitario. Se conecta. Regímenes de distintos países cooperan sin necesidad de parecerse: comparten métodos, se venden servicios, intercambian herramientas para vigilar y difundir propaganda. Lo que circula no es solo influencia, sino también negocios. La autocracia contemporánea no es solo el mando de uno. Es una red que se asegura de que nadie más mande. Ecuador, como economía abierta y políticamente vulnerable, no está aislado de estas dinámicas. La entrada de capitales, la contratación de servicios tecnológicos y las alianzas estratégicas insertan al país en circuitos donde la transparencia no es la regla.
No hay una ideología que unifique a los autócratas. Conviven modelos distintos —nacionalistas, religiosos, comunistas, monárquicos, libertarios— que incluso desconfían entre sí, pero que coinciden en lo esencial: gobernar es un negocio, y para lograrlo hay que concentrar el poder, reducir la voz de la ciudadanía, comprando medios, periodistas e influencers, y silenciar cualquier forma de oposición.
La diferencia con el pasado es clara. Antes, el poder se justificaba en grandes ideas, hoy se administra desde el interés que mueve mercados; se forjan alianzas movidas por la codicia financiera y se expanden pisoteando principios, se privilegian acuerdos: protegerse, sostenerse mutuamente.
En ese marco, los nuevos regímenes emergen por doquier en la región y a nivel global: desde Trump hasta Milei, pasando por Xi Jinping, Mark Carney, y cuanto político tropical o andino con aires refundacionales pueda uno imaginar en Latinoamérica; estos nuevos liderazgos construyen su legitimidad en medio de una crisis múltiple -seguridad, economía, institucionalidad- que habilita decisiones excepcionales y acelera la reconfiguración del estado empujadas por la élite económica en el poder.
Lo que es particularmente relevante es la conexión con dinámicas estructurales más profundas: la creciente interrelación entre poder político, capital económico y tecnologías de vigilancia.
Por ejemplo: en Ecuador, la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024 no solo redefinió el campo de acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; también reorganizó el lenguaje político, desplazando el eje del debate público hacia la urgencia, el miedo y la necesidad de control.
En ese tránsito, el discurso político dejó de ser una respuesta coyuntural para convertirse en el marco dominante de interpretación de la realidad nacional y las decisiones oficiales en materia económica, social, política exterior, comercio… A partir de ese giro todo está justificado. Cuando la seguridad se convierte en el principal organizador de la política, la deliberación democrática tiende a comprimirse; las decisiones se justifican por su eficacia inmediata, no por su legitimidad normativa, y en ese terreno, el riesgo no es únicamente el abuso de poder, sino la naturalización de formas de gobierno que priorizan la estabilidad sobre la participación, el orden sobre la transparencia, la eficacia sobre la rendición de cuentas.
Sin embargo, el fenómeno no se agota en el plano discursivo. Lo que es particularmente relevante es la conexión con dinámicas estructurales más profundas: la creciente interrelación entre poder político, capital económico y tecnologías de vigilancia. En distintos países, este ensamblaje ha permitido la consolidación de regímenes que no dependen exclusivamente de la coerción, sino de redes que combinan financiamiento opaco, control del relato en medios y redes, blanqueo de información (minimizar importancia de asuntos públicos clave, callar, desinformar, usar distractores de atención, construcción de enemigos internos, gran inversión en publicidad y propaganda en redes), y alianzas transnacionales.
Uno de los datos a tomar en cuenta es la progresiva opacidad en la toma de decisiones estratégicas. En contextos de crisis, la ciudadanía tiende a tolerar —e incluso demandar— respuestas rápidas y de “mano dura”. Pero esa velocidad suele ir acompañada de una reducción en los mecanismos de control institucional. Las decisiones se concentran, los procesos se simplifican y la información se vuelve menos accesible.
Ecuador, a estas alturas, no pasa de ser una pseudocracia -retomando la categoría acuñada por Víctor Sampedro Blanco- paralizada dentro de un estado fallido. El país es un territorio en disputa donde confluyen -cada vez con mayor nitidez- las lógicas de poder que definen el nuevo orden político global y los modelos de gestión económica creando redes de influencia, blanqueo de capitales, blanqueo de información, acceso a tecnologías de control social y narrativas de seguridad que reconfiguran el vínculo entre Estado y ciudadanía.
Por ello, lo que ocurre hoy en el país no puede leerse únicamente en clave nacional. Ecuador se está insertando, de manera progresiva, en una arquitectura de poder más amplia: una constelación de prácticas que, en otros contextos, ya ha sido descrita como una forma contemporánea de autoritarismo en red.
Cuando el poder económico y el político se articulan sin controles efectivos, el resultado no es solo corrupción, sino una forma de gobernanza donde el acceso a recursos define la estabilidad de los gobiernos.
Otro elemento clave es la dimensión económica del poder. Las crisis suelen abrir espacios para la reconfiguración de intereses, contratos y alianzas. En Ecuador, el debate sobre sectores estratégicos -minería, energía, petróleo – se entrelaza con decisiones políticas en marcos de alianzas con potencias extranjeras que no siempre son transparentes para la opinión pública, y para realizarse deben haber estado mediadas por operadores políticos lobistas y asesores internacionales que son invisibles ante la opinión pública. En este punto, la experiencia comparada es clara: cuando el poder económico y el político se articulan sin controles efectivos, el resultado no es solo corrupción, sino una forma de gobernanza donde el acceso a recursos define la estabilidad de los gobiernos.
A modo de ejemplos cercanos: crisis sistémica de Petroecuador EP; durante el actual régimen se han sucedido al menos siete gerentes generales en menos de dos años, no solo evidencia inestabilidad estructural en la conducción de la empresa, sino que insinúa conflictos de interés mucho más profundos, denunciados documentadamente desde hace décadas.
Otro ejemplo: Tras el laudo del 8 de abril de 2026, Ecuador entregó a PowerChina la operación de Coca Codo Sinclair, con riesgo técnico incluido. Se pactaron USD 400 millones. Sin cesión de propiedad, bajo CELEC EP. ¿Y las denuncias de corrupción y millones en disputa? ¿Y la santa inquisición contra el correísmo? … Se disiparon como gas licuado.
Un tercer patrón: el modelo de extracción minera. Más que una actividad económica, el extractivismo configura una arquitectura global de poder: Estados Unidos lidera la extracción de petróleo y gas mediante fracking (una técnica para extraer petróleo o gas atrapados en rocas profundas, que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar esos recursos hacia la superficie), China domina el carbón y las tierras raras y proyecta su control minero hacia África y América Latina; Rusia articula su influencia geopolítica a partir de hidrocarburos y metales como el níquel; Arabia Saudita sostiene un modelo rentista petrolero, y el eje Canadá–Australia concentra la explotación de hierro, litio, oro y arenas bituminosas (depósitos naturales de arena, arcilla y agua impregnados de bitumen, un petróleo pesado que requiere procesos intensivos para ser extraído y convertido en crudo utilizable).
Este orden no solo se define por lo que ya se extrae, sino por territorios en disputa donde, incluso sin explotación activa, operan lógicas de posicionamiento estratégico, capital transnacional y anticipación geopolítica. Se trata de U$ miles de millones y poder en juego.
En esa estructura de redes, el crimen organizado es quizá la de mayor capacidad adaptativa. Históricamente la mafia se encuentra alrededor y dentro de los gobiernos, incidiendo a bala, sangre, fuego y también a punta de coimas, amenazas, y lobistas que tejen entramados de mutuo beneficio en un sistema cada vez más global y especializado, para acrecentar ganancias. El narcotráfico es actualmente su rostro más cruel y eficiente.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha estimado que el narcotráfico genera alrededor de 320.000 millones de dólares anuales en ingresos. Otros estudios amplían el rango y sitúan el mercado global de drogas entre 426.000 y 652.000 millones de dólares al año. Es muy difícil identificar el volumen exacto dada la diversificación del negocio de lavado de activos en megadiversos campos empresariales y comerciales, inversiones públicas o privadas, el blanqueo de activos en el sector bancario, financiero, estatal, y autónomo, y de microeconomías que circulan y reciclan en el mundo su dinero y sus influencias; ello sin contar con la inserción de las mafias en las élites económicas que gobiernan en muchos países, la contaminación de funcionarios públicos -jueces, diputados, funcionarios de gobiernos autónomos, militares, policías, agencias de control, empresas de comunicación, contrabando de armas, y las que uno pueda imaginar.
Históricamente, el crimen organizado es quizá la de mayor capacidad adaptativa. la mafia se encuentra alrededor y dentro de los gobiernos, incidiendo a bala, sangre, fuego y también a punta de coimas, amenazas, y lobistas.
Pero hay una asimetría estructural: frente al volumen calculado del narco, los Estados gastan entre USD 100.000 y USD 150.000 millones anuales para enfrentarlo. Esto implica que solo la red del narco opera con una ventaja económica persistente: Sumar los “negocios” legales o microeconomías, expondría una cifra obscenamente omnipresente.
En este ejemplo, el rango surge de agregar tres grandes componentes: seguridad, policía y control fronterizo. Países con alta presión (como Estados Unidos, México o Colombia) destinan decenas de miles de millones solo en este frente.
En EE. UU., el presupuesto federal antidrogas supera los USD 35.000 a USD 40.000 millones anuales, incluyendo interdicción, agencias federales y control fronterizo. A escala global, este componente puede representar 60% a 70% del gasto total.
Además, gran parte del gasto estatal se concentra en represión (oferta) más que en reducción de demanda (mejorando condiciones de vida y oportunidades a la población) o regulación lo que ha sido ampliamente cuestionado.
El presupuesto anual del gobierno federal de Estados Unidos —es decir, el gasto total del Estado en su conjunto— se sitúa actualmente en una magnitud extraordinaria: alrededor de 7 billones de dólares (trillions en inglés) al año. En el año fiscal 2025, el gobierno federal gastó aproximadamente 7,1 billones de dólares. Esa cifra representa cerca del 23% del PIB estadounidense. Es uno de los presupuestos públicos más grandes de la historia mundial, está compuesto por tres grandes bloques; para dimensionarlo:
Es más de 10 veces lo que mueve el narcotráfico global.
Es similar al tamaño de economías completas como Alemania o Japón.
Solo el gasto militar puede superar el billón de dólares anual en algunos escenarios recientes.
Las cifras disponibles —principalmente de Substance Abuse and Mental Health Services Administration para Estados Unidos y del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para Europa— permiten trazar un panorama comparado bastante consistente, aunque con diferencias metodológicas.
En Estados Unidos, se estima que alrededor del 18%–20% de la población mayor de 12 años consumió alguna droga ilícita en el último año. Si se restringe a adultos, el porcentaje se mantiene en ese rango, impulsado sobre todo por el consumo de cannabis. En términos de prevalencia a lo largo de la vida, la cifra supera el 45%, lo que revela una normalización extendida del contacto con sustancias.
En Europa, el consumo es ligeramente menor pero igualmente significativo: aproximadamente el 15%–17% de los adultos (15–64 años) ha consumido drogas ilícitas en el último año, mientras que cerca del 30% lo ha hecho alguna vez en la vida. Al igual que en Estados Unidos, el cannabis domina ampliamente, seguido a distancia por cocaína, MDMA y anfetaminas.
Las redes sociales se han convertido en arena donde se disputa relatos, se construye percepciones y se moldea emociones colectivas. En Ecuador, el clima digital está atravesado por la polarización.
La diferencia central no es solo de magnitud, sino de patrón: Estados Unidos presenta mayores niveles de consumo problemático y mortalidad asociada, mientras Europa tiende a registrar consumos más estables y, en varios países, gestionados bajo enfoques de salud pública.
¿Estamos clarificando el panorama? ¿Aún alguien cree sensatamente que a la delincuencia política que gobierna desde autocracias, o desde otros modelos de gobierno en la mayoría de estados occidentales le interesa realmente combatir ese problema? ¿Alguien con un mínimo de neuronas, cree que, en esta dolorida región, patio trasero del trumpismo, algún líder refundador por A o B circunstancias y mandatos divinos está fuera de esa red global integrada?
A todo esto se suma la transformación del ecosistema comunicacional. Las redes sociales se han convertido en arena donde se disputa relatos, se construye percepciones y se moldea emociones colectivas. En Ecuador, el clima digital está atravesado por una creciente polarización, donde el miedo, la indignación y la desconfianza circulan con alta intensidad.
Este entorno no es neutral: favorece discursos simples, soluciones inmediatas, liderazgos que prometen control en medio del caos, y lo peor, la negación y rechazo ciudadano a involucrarse, que se fragmenta en burbujas solo unidas por el rechazo a todo y contra todo, debido al asco que les produce la política tal como se presenta, y donde brillan por su ausencia políticas públicas sobre desigualdad, autonomía institucional e independencia de poderes y Funciones del estado, desempleo, subempleo, crisis en la salud pública, seguridad y desarrollo.
En paralelo, se observa una creciente dependencia de tecnologías para el control y la gestión del orden público. Cámaras, sistemas de vigilancia, bases de datos y herramientas de monitoreo forman parte de una infraestructura que se consolida con asesoría internacional, en principio, buscaba mejorar la seguridad, pero la experiencia muestra que estas tecnologías dependen de marcos legales, controles institucionales y límites claros. Sin ellos, pueden convertirse en instrumentos de vigilancia masiva y regulación social.
Hoy es prudente preguntarse si Ecuador ya es parte o camina aceleradamente hacia la autocracia. También hay que preguntarse en qué punto están las garantías políticas para vivir en este país. La respuesta, en el mejor de los casos, es ambigua. Las instituciones encargadas de supervisar y fiscalizar el poder —desde la Asamblea Nacional hasta los organismos de control— atraviesan crisis de legitimidad y capacidad.
En este punto, la preocupación no es ya sobre la deriva hacia el autoritarismo, sino algo más complejo: la adopción gradual de prácticas que dinamitan la calidad democrática sin eliminar formalmente sus instituciones; se mantienen en apariencia —elecciones libres y competitivas, instituciones, libertades— pero en la práctica se las manipulan.
El desafío, entonces, no es solo político, sino también comunicacional y cultural. La ciudadanía enfrenta un entorno donde la información es abundante pero no necesariamente confiable, donde las emociones pesan más que los argumentos y donde la urgencia desplaza la reflexión. Datos actuales de organismos internacionales, incluidos la ONU, advierten que en el 2025 y lo que va del 2026, el 5to problema más grave que enfrenta la sociedad es la desinformación. El escenario soñado de políticos-empresarios codiciosos.
La ciudadanía tiene la responsabilidad de exigir que se gobierne sin reproducir las lógicas que, en otros países, han derivado en sistemas de poder cerrados, corruptos e impunes. Esto implica recuperar la transparencia, fortalecer instituciones, promover y ejercer controles independientes sobre decisiones del poder y, urgentemente, activar redes de comunidades reflexivas y organizadas para combatir la desinformación y la violencia que no solo viene de los GDOs sino también desde el poder político
El verdadero desafío en este momento ya no es cómo recuperar la seguridad, sino cómo recuperar la democracia.