El empleo formal y estable en el Ecuador es precario, excepto para quienes pueden moverse como pez en el agua en ambientes burocráticos donde el mérito no importa, pero sí la astucia. Hace algunas semanas el Instituto Superior de la Policía Nacional, ISUPOL, abrió convocatorias para contratar docentes civiles. Para dictar una materia llegaban alrededor de 200 a 300 personas, de todas las edades para aplicar al puesto y los perfiles eran uno mejor que otro, sin embargo, las vacantes eran pocas. Sólo sería electo un docente por materia. El ISUPOL nada tiene que ver con la cantidad de personas que acudieron a presentar sus hojas de vida, pero sí en la transparencia del proceso. A los postulantes no se les dijo cómo se hizo la selección, al final del proceso solo enviaron un correo electrónico con un mensaje que invitaba a retirar los papeles de las oficinas del Instituto. Cuando se solicitó por el mismo medio los nombres de quienes fueron elegidos y cuál fue el puntaje, no hubo respuesta, lo cual produjo un hilo de correos solicitando transparencia que hasta este momento es nulo.
Estas convocatorias se hacen cada seis meses o son anuales. Las personas que presentaron sus carpetas ya lo habían hecho en anteriores ocasiones y el desánimo fue el mismo. Los títulos hay que recogerlos bajo el brazo y probar suerte en otra parte.
Por otro lado, en el contexto violento que vive el país por la presencia del crimen organizado, el narcotráfico, minería ilegal y nuestra guerra interna a escala nacional, cuando se solicita información sobre cómo está la seguridad ciudadana, ya que debe existir un tejido social que nos cubra las necesidades de seguridad inmediata en nuestros barrios, no hay respuesta. Al menos por parte de la llamada Universidad de la Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales que, según su página web, se va conformando con una mejor imagen, pero sus autoridades cuando se les solicita una entrevista o información sobre futuras postulaciones para docentes civiles o que respondan a preguntas de seguridad actual, guardan silencio.
Si bien el gobierno hace sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y sus secuelas, hay instituciones que no transparentan procesos. Es hora de reflexionar que todos formamos parte del Ecuador y que cada uno desde nuestra existencia debemos luchar contra este peligroso mal. No solo se trata de ocupar un cargo sino de contribuir a la seguridad ciudadana.
Quito es una ciudad que actualmente vive violencia y desde la ciudadanía se dan iniciativas impulsadas por el concejal Wilson Merino, quien indicó para esta columna de opinión que este trabajo debería ser parte también del alcalde Pabel Muñoz, pero no existe su trabajo y voluntad política. Se presentó, dijo, un proyecto de ley a la Asamblea para recuperar zonas abandonadas, el control del espacio público, mayor seguridad vial, que se respete que ya no estén dos personas en moto. También enfatizó que el tejido social se rompe, mientras unos viven entre grandes muros se pierden los barrios tradicionales y su identidad por miedo al crimen. Está impulsando un Acuerdo por la Seguridad y solicita firmas para que se concrete. Enfatiza en que los GAD deben hacer un trabajo preventivo con la policía de proximidad. Esta propuesta toma aportes de sociólogos, académicos y ciudadanía en general. Porque algo hay que hacer desde nuestros lugares. Pero los esfuerzos no son suficientes si no hay compromiso nacional. A pesar de que la violencia ya se vive en las zonas urbanas, es una etapa inicial, en la cual, nos ponemos manos a la obra o el crimen nos gana en un viaje sin retorno.