Veo las fotos y los reportajes del jueves 14 de mayo. Veo los uniformes camuflados saltando de las lanchas, las puertas reventadas en Las Katias, el ministro de Defensa anunciando desde su cuenta de X que «Puerto Bolívar le pertenece al Bloque de Seguridad» y me cuestiono, con un sabor amargo, qué es exactamente lo que se está recuperando. Y, sobre todo, durante cuánto tiempo.
La operación Limpieza total duró noventa y seis horas. Mil militares, trescientos policías, 85 manzanas, 1.600 viviendas allanadas. Los números son claros. Pero, ¿qué pasará después? Seguramente los hombres con casco y fusil subirán de nuevo a las lanchas, regresan a sus bases, y Puerto Bolívar deja de “pertenecerle” al Bloque de Seguridad y volverá a ser disputado por los Grupos Delictivos Organizados.
Esa es la primera pregunta, que en verdad importa: ¿qué pasa el lunes? Porque la militarización de la seguridad pública, en su forma actual, es una política y en Puerto Bolivar, un episodio más. Y los episodios, por intensos que sean, no modifican estructuras: las decoran. ¿Y nosotros? apaciguados. ¿Y nosotros? callados.
Ecuador lleva dos años bajo declaratoria de conflicto armado interno. Dos años en los que hablar de objetivos de alto valor, bloques, frentes, casas del terror se volvieron cotidianos e, incluso, algo normal. Dos años en los que las cifras, sin embargo, siguieron empeorando: 2025 cerró con cerca de 9.300 muertes violentas, récord absoluto. Vergüenza contundente. Machala, con el segundo puerto más grande por carga, registró 113 asesinatos en el primer trimestre de 2026. Algo no está funcionando, o al menos no está funcionando como nos lo cuentan. O como quisieran contarlo.
Aquí la pregunta se vuelve incómoda: ¿la militarización busca resolver el problema o representarlo? Porque resolver el narcotráfico que mueve el setenta por ciento de la cocaína andina por puertos ecuatorianos exige estrategias que ningún operativo de cuatro días puede ofrecer: control aduanero permanente, depuración judicial, inteligencia financiera para rastrear las economías criminales, un sistema penitenciario que no funcione como universidad del delito, política social en barrios donde el reclutamiento de menores ha pasado a ser economía de subsistencia. Representarlo, en cambio, es más barato y más vistoso: basta un puesto de mando, una declaración rotunda y la foto del ministro caminando entre escombros para que, durante un par de noticieros noticiosos, parezca que el Gobierno incide y controla la situación. Y no se malinterprete: uno reconoce el labor de los servidores de las fuerzas del orden que ponen el pecho y luchan por el país. El problema viene de una estrategia probada como, por decir poco, nada efectiva. ¿estamos mejor que antes?
No diré jamás que un operativo sea inútil. Reflexiono sobre su insuficiencia y que su insuficiencia revela algo más grave: la confusión entre política de gobierno y política de Estado. Una política de gobierno se mide en titulares y en ciclos electorales. Una política de Estado se mide en décadas, en presupuestos sostenidos, en reformas que sobreviven al ministro que las firmó y al partido que lo nombró. Lo que vimos el jueves en Puerto Bolívar es, sin duda, lo primero. Y mientras siga siendo solo lo primero, el puerto seguirá perteneciéndole, al final de cada operativo, a quien tenga la paciencia de esperar las noventa y seis horas.