Que al país lo jodan únicamente los que tienen plata —como ocurre ahora— es el “tremendo privilegio” que el presidente/candidato, Daniel Noboa, pretende entregar a los contados pudientes del país, ya que su propuesta de reforma a los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República —presentada en medio de las Elecciones Generales 2025— cerraría todo tipo de financiamiento estatal a una abultada lista de partidos y movimientos políticos para los siguientes procesos electorales. Es decir, a partir de las seccionales del 2027.
¿Cuál es verdadero objetivo de esta reforma? ¿Clausurar el aventurerismo electoral y, por ende, a futuros competidores; o simplemente privilegiar a quienes desde el ejercicio de su cargo en el Estado podrían hacer campaña electoral con recursos públicos?
Si la intención es desechar la proliferación de partidos y romper el giro de negocio de las organizaciones políticas de alquiler y los candidatos de transacción, el camino sugerido por el Gobierno de Noboa no es el indicado, porque la calidad de la democracia y la gobernabilidad en el país no están supeditadas a la asfixia económica de los partidos y movimientos, sino a un cambio de fondo en las reglas de la competencia electoral.
Este cambio implicaría: 1) Mejorar la calidad de la representación incluyendo el requisito de la probidad notoria y sanción al transfuguismo; 2) Exigir verdaderos procesos de democracia interna para que los candidatos a las distintas dignidades pertenezcan a las organizaciones que los auspician; 3) Contar con afiliados y adherentes reales, que se encuentren debidamente inscritos en el registro de cada organización política y que tengan una permanencia activa y mínima de dos años ininterrumpidos en un solo partido o movimiento; 4) Controlar con mecanismos eficientes y modernos la posible presencia del dinero ilícito en las campañas electorales, así como la precampaña y campaña electoral en la digitalidad (redes sociales) sin excepción de candidatura alguna; 5) Obligar a los partidos y movimientos políticos a realizar: formación, publicaciones, capacitación e investigación que sean de libre acceso a los ciudadanos tanto en sus páginas web como en la del Consejo Nacional Electoral; y, 6) Democratizar al Estado en su componente electoral para recuperar la transparencia e independencia de su gestión.
De todo esto, lo único cierto es que los cambios estructurales no vendrán de mano de la propuesta del presidente/candidato, por una sencilla razón: al gobierno no le interesa una reforma seria al sistema de partidos porque su organización política, ADN, también se benefició —como muchas otras tiendas partidistas— de las miserias y la permisividad del Código de la Democracia. Al contrario, si se hiciera realidad la modificación de los artículos 110 y 115 de la Constitución de la República, se violentaría el principio de igualdad que debe primar entre todos los sujetos políticos que intervienen en una campaña electoral y, con ello, que las grandes chequeras —hoy ocultas tras bambalinas— aparezcan públicamente para hacer efectiva la compra del poder.
Pero esto no queda ahí, existen dos riesgos adicionales: 1) que se intente confundir y desinformar a la ciudadanía bajo el argumento falaz de que el “éxito” de cualquier adinerado en los negocios, el comercio o las finanzas, se puede extrapolar —con “resultados satisfactorios”— al complejo campo de la política; y, 2) que, sin el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas, tanto en lo relacionado a su promoción electoral como a su funcionamiento operativo, los partidos y movimientos sean permeados por el dinero ilícito y las agendas de los grupos reñidos con la ley.
Sin embargo, pese a que esta inusual propuesta de reforma constitucional y electoral, anclada al proselitismo populista y a la crisis multifactorial que atraviesa el país, ha generado debate y críticas de distintos sectores, dada la coyuntura política no deja de ser más que un polémico distractor comunicacional frente a la inmisericorde impavidez e imprecisión del Gobierno Nacional a la hora de asumir con liderazgo el cúmulo de problemas que hoy dejan al país en tinieblas. Estrategia comunicacional que, dicho sea de paso, también fracasó, porque la lógica de que un escándalo tapa otro o sirve para sacar de la agenda de los medios y la opinión pública la avalancha de noticias negativas contra el régimen, está por demás desgastada, sobre todo cuando el actor involucrado en la polémica recibe críticas de sectores diametralmente opuestos tanto en la sociedad civil como política.
* Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.