Duélale a quien le duela, en el Ecuador los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas son un engaño colectivo mediatizado en el que quieren creer —por instinto de supervivencia— los participantes de la competencia electoral, sus organizadores y las élites que la norman. A simple vista, estamos ante procesos de dedocracia cuyo resultado directo es que los dueños de los partidos o aquellos que circunstancialmente se encuentran apoderados de ellos, son los únicos que en realidad deciden quienes serán los precandidatos a las distintas dignidades de elección popular. De hecho, las primarias, lejos de generar expectativa en el electorado, sólo sirven para refrendar una decisión ya tomada, sin permitir incluso que existan más opciones electorales en ese proceso. Es decir, se castra y censura la pluralidad de ideas, pero también se muestra la construcción monolítica y unidimensional de las organizaciones y sus liderazgos, que refunfuñan por no aceptar, puertas adentro, el debate entre tendencias políticas.
En algunos casos, el descaro es tan grande que, antes de que se desarrollen las famosas primarias, varios aspirantes hicieron público su deseo de participar en las Elecciones Generales 2025 —y no a cualquier dignidad— sino exclusivamente como candidatos a la Presidencia de la República. ¿Acaso no es osado autoproclamarse precandidato presidencial sin antes haber pasado por un proceso interno real, abierto y ampliamente informado para que los ciudadanos conozcan sus méritos, perfiles y planes de gobierno? En este truculento escenario electoral, las primarias realizadas entre el 3 y 17 de agosto parieron 17 precandidatos presidenciales con sus respectivos binomios, uno por cada partido y movimiento de carácter nacional. La mayoría de ellos sin opción, pero todos financiados por el Estado, a través del Fondo de Promoción Electoral que también beneficiará a un extenso número de precandidatos a la Asamblea Nacional. Dineros que difícilmente serán restituidos al erario nacional, por una tramposa redacción del artículo 223.1 del Código de la Democracia.
¿Quién mismo debe pagar el costo del aveturerismo, la organización política o el candidato? Por otro lado, aunque una cosa es armar la lista para elecciones pluripersonales y otra la de los más buscados por la justicia, los candidatos a legisladores contarán con un bien inmaterial preciado en tiempos de abierta conflictividad, en donde una justicia politizada marca el compás del ritmo electoral: su libertad, pues el artículo 108 de la misma norma establece que, “Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”. Esto nos deja entrever que el proceso de dedocracia interna se dirimió -en algunos casos- por intereses poco éticos.
Pero el aventurerismo político, y la ausencia de diálogo y acuerdos para promover alianzas entre partidos no son los únicos síntomas de una democracia devaluada en donde pululan candidatos de alquiler y partidos de transacción. En medio de ello, existe una narrativa en disputa entre tres espacios de legitimación política: el correísmo con Correa, facción del chavismo en el Ecuador, que sin renovación alguna cree a ciegas en sus propias mentiras fraguadas por aquel Estado de propaganda que dejó de existir hace más de seis años; el anticorreísmo farsante de corte autoritario que encumbra a un presidente candidato y, con él, apuesta a los «niños ricos» herederos de empresarios e industriales, para sostener su poder sobre la versión 2.0 del Estado de propaganda correísta, ahora con influencers y entretenimiento en redes sociales; y, el tan ansiado término medio, el espacio del centro en el que cohabitan organizaciones con distintos candidatos, entre ellos dos o tres camaleones cercanos al correísmo, cuya principal tarea es cerrar el camino a otros con posibilidades reales de llegar a Carondelet por fuera de la dicotomía Daniel Noboa/Luisa González.
En esta compleja coyuntura, de no presentarse alianzas electorales hasta el 30 de agosto, asistiremos a las elecciones presidenciales con mayor número de candidatos desde el retorno a la democracia: 17 binomios que formarán parte de una extensa papeleta que por ningún concepto es sinónimo de más de democracia, sino de polarización e ingobernabilidad.
No se trata de una agencia de empleos, es la competencia electoral ecuatoriana.