Todos en este país –excepto, obviamente, los involucrados– estamos convencidos de la veracidad de las investigaciones y revelaciones hechas públicas dentro del caso Metástasis. Ya son muchos años que se viene hablando del tema, con sobradas razones. Hasta un alto funcionario del Consejo de la Judicatura declaró que tenían sospechas de lo que estaba sucediendo.
En estas circunstancias, la pregunta que la ciudadanía se hace no tiene que ver con la fundamentación de las acusaciones, sino con lo que el Ecuador puede hacer frente a la amenaza del crimen organizado y del narcotráfico. Porque el caso Metástasis es solamente una pequeña porción del gigantesco iceberg de crimen y corrupción que nos infecta como Estado.
Que la fiscal Diana Salazar alerte sobre los riesgos de que se bloqueen las acciones de la justicia contiene un mensaje más que implícito: en la práctica, se trata de la afirmación de que las instituciones públicas siguen permeadas por los mismos grupos delincuenciales que han provocado su progresiva descomposición.
En otras palabras, no existe la certeza de que los encargados de impartir justicia actúen apegados a la ley y al margen de la manipulación criminal. Lo mismo podría decirse de las otras instituciones señaladas en el informe: básicamente, la policía, los partidos políticos y la SNAI.
El tema es extremadamente complejo. Como usualmente ocurre con estos escándalos, el caso corre el riesgo de diluirse en medio de una catarata de influencias y corruptelas similares a las denunciadas. ¿Qué nos hace pensar que esta vez no habrá banquetes, mujeres de buena presencia y billetes para torcer las decisiones judiciales? El mayor drama nacional en estos momentos es que el caso Metástasis tiene que ser ventilado por las mismas instituciones denunciadas como parte de una estructura criminal que ha copado todos los resquicios de la sociedad y del Estado.
Basta revisar la trama revelada en el informe de la fiscalía para que se nos pongan los pelos de punta. Un capo del narcotráfico actuando como director de orquesta desde el interior de una cárcel; jueces cobrando por sentencias y resoluciones amañadas; policías antinarcóticos colaborando con la mafia; y, para remate, un expresidente de la república convertido en “campana” de sus compinches
Hay demasiado dinero de por medio. En una sociedad atravesada por el hedonismo de la posmodernidad, y acosada por la pobreza y las carencias históricas, toda la gente –toda– está a la expectativa de que algo le caiga de ese putrefacto manantial de riqueza. No solo los jóvenes marginados, excluidos y desechables que pululan sin esperanza por los barrios miserables de nuestras ciudades.
¿Quién abre la puerta de salida de la alcantarilla si todos los responsables le aplican el cerrojo de la impunidad?
