El 25 de septiembre del 2022 la lancha Angie salió de Puerto Villamil rumbo a Puerto Ayora. Nunca llegó. Naufragó entrada la noche y dejó cuatro personas muertas por ahogamiento. Desde las 16h45 hubo llamadas desesperadas al ECU 911. El auxilio llegó tarde y no desde donde debía: ninguna embarcación del Parque Nacional Galápagos acudió al rescate. Fueron lanchas privadas las que salvaron a los sobrevivientes cuando ya era demasiado tarde. El capitán de la nave, que estaba ebrio, huyó.
A pesar de que la cadena de responsabilidades penales por negligencia alcanzaba a las más altas instancias del COE provincial, la fiscal de la causa miró hacia otro lado. Solo cinco personas —marineros de menor rango y el capitán con su ayudante— fueron llamadas a juicio que recién en febrero del 2026 tendrá audiencia. Quienes tenían la obligación legal de activar con diligencia el sistema de gestión de riesgos quedaron fuera.
La impunidad fue garantizada por la fiscal de aquella época (Lleslayne Chuncho), quien ya desde su posesión en el 2021 evidenció un actuar sin rigor en otros casos, como el de la investigación de la avioneta desaparecida en Isabela o el caso del tráfico de 185 tortugas galápagos halladas en una maleta en Baltra. En todos, el patrón fue el mismo: líneas investigativas no exploradas, indulgencias sospechosas, responsabilidades a la carta. Total, en Galápagos se sentía segura de que nadie le reprocharía su actuar, porque había visto que allí no se cuida ni a los seres humanos ni a las especies.
La deliberada debilidad institucional en Galápagos, que se manifiesta en normativa ajena a la realidad y a la gobernanza, también es perturbadora. El más reciente ejemplo es lo sucedido este 1 de enero de 2026, cuando desde el buque Fusion 3, que es de transporte de carga para las islas, anclado en la bahía Tijeretas, en San Cristóbal, se lanzaron fuegos artificiales, pese a su prohibición expresa. Determinar quién debe investigar y sancionar este acto abre un laberinto confuso de competencias. Tres instituciones concurren alrededor de este hecho: Parque Nacional Galápagos, que emitió la licencia ambiental a la nave, Subsecretaría de Puertos que emitió el permiso de operación, Consejo de Gobierno del Régimen Especial que emite el Permiso de Operación Insular (POI) y las normas contra la pirotecnia. Un entramado donde la investigación y sanción tiene elevado riesgo de diluirse y porque, de sancionar a la empresa naviera, se corre el riesgo de dejar desabastecidas a las islas.
El abuso sobre el archipiélago no es exclusivo de actores locales y no viene solamente en forma de delitos o negocios monopólicos. También viene envuelto en papel de energía renovable y discursos de conservación por parte de extranjeros. El Parque Eólico de Baltra, por ejemplo, concebido como emblema de transición energética, terminó siendo un monumento al incumplimiento. El consorcio UNISON–LeoKonKorea entregó en 2015 aerogeneradores defectuosos, jamás recibidos oficialmente por el Estado. Vibraciones, fallas estructurales, operación intermitente y, finalmente, abandono. Al igual que el capitán de la Angie, el principal responsable huyó, con la diferencia que no ha sido enjuiciado. No hubo acción jurídica alguna para proteger los intereses nacionales por parte del Estado contra este consorcio. Hoy, los molinos de viento inservibles, sobre los cuales se ha desembolsado alrededor de USD 12 millones son un pasivo ambiental impune.
Las noticias recientes de las relaciones diplomáticas con Corea nos informan de la donación del denominado buque Jambelí, que tendrá entre uno de sus principales objetivos la lucha contra el narcotráfico, particularmente en las zonas costeras y las aguas circundantes al archipiélago de Galápagos, (se entendería la ruta Galápagos–Isla Cocos en Costa Rica hasta donde está la Reserva Hermandad). De acuerdo con las noticias sobre el buque donado, se trata del Busan 3001, fabricado en 1994, una unidad antigua de la clase Tae Pyung Yang que tenía en operación la Guardia Costera de Corea del Sur y que costó a la Armada Nacional alrededor de USD 2 millones para su movilización. El valor estratégico de la donación de este buque para la seguridad en Ecuador es sin duda importante, y no se soslaya, pero sí genera una legítima duda de los motivos para que tal se realice, existiendo el antecedente de la chatarra eólica.
En esta línea de reflexión sobre el comportamiento extranjero en Galápagos, me referiré a la publicación del 17 de diciembre del 2025 en esta columna de opinión sobre La contabilidad atrás del canje de deuda por conservación. El Galápagos Life Fund (GLF), hasta antes de la publicación referida había informado que desde el 2023 aportó con 3 millones de dólares para las islas como parte de su inversión en conservación, y luego de la publicación, detalló en un comunicado que cerró 2025 con una inversión de USD 12,4 millones (o sea un valor similar al del parque eólico de Baltra), de los cuales destinó seis millones de dólares con el fin de fortalecer el sistema interinstitucional de control y vigilancia de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) y la Reserva Marina Hermandad (RMH), en coordinación con distintas entidades del Estado.
Lo que no se menciona es que, de acuerdo a la información que nos dio el Ministerio de Finanzas, en 2023-2024, el GLF recibiría por el servicio de la deuda producto de la recompra (llamado canje) USD 27 millones por concepto de las Debt Exchange Linked Conservation Fees (Comisiones de conservación por servicios ambientales). Es decir, al igual que la donación de Corea, que no se soslaya porque puede ser de utilidad para la seguridad del país, no es menos cierto que aún hay 15 millones de dólares para conservación que quisiéramos se transparenten. A la final, es dinero de Galápagos.
Galápagos duele por cómo se la trata. Olvidan que es un ser vivo que merece respeto y real protección, por los seres humanos que allí viven y por lo que representa para el mundo.