Un gobierno que quiere hablar sin recibir preguntas termina relacionándose con una versión del país hecha a su medida. El periodismo interrumpe esa comodidad: contrasta el discurso oficial con lo que ocurre en la calle y exige explicaciones sobre aquello que el poder prefiere dejar fuera de la conversación.
El anunciado fin de la edición impresa de Expreso debe discutirse desde ahí. Según la denuncia de su empresa editora, la presión gubernamental sobre los anunciantes ha comprometido su sostenibilidad. Hablar de transformación digital o de un supuesto agotamiento del papel resulta insuficiente frente a la asfixia económica ejercida desde el Estado contra un medio crítico. Expreso continuará en su versión digital, pero esa continuidad no resuelve el problema de fondo: quitar del camino a un medio que resulta incómodo.
El diario, fundado en Guayaquil el 25 de julio de 1973, dejará de imprimirse este 9 de octubre, después de 53 años. Granasa, su empresa editora, ha convocado a sus accionistas para analizar su situación financiera y resolver sobre la venta de propiedades y marcas el próximo 13 de octubre. Entre los inmuebles considerados está la sede del periódico. Según Galo Martínez Leisker, presidente de Granasa, el 70% de sus anunciantes se retiró por presión directa del Gobierno. Ecuavisa recogió esa declaración el 5 de octubre. La denuncia requiere investigación y una respuesta pública verificable. Su gravedad es evidente: si un anunciante teme consecuencias por contratar publicidad en un medio crítico al gobierno de turno, la libertad editorial queda condicionada y resquebrajada.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha pedido el cese del hostigamiento estatal contra Expreso y ha advertido que su deterioro económico debe examinarse junto con las denuncias de presiones administrativas y económicas. Esa advertencia sitúa la discusión donde corresponde: en las condiciones que permiten ejercer el periodismo sin represalias por su línea editorial.
La portada casi en blanco que Expreso publicó el 12 de abril de 2026 fue un llamado para dimensionar el impacto de no informar a la ciudadanía. Ese vacío interpela a las autoridades y a sus lectores porque con el cierre de la edición de Expreso no solo pierde el medio de comunicación, pierde la sociedad. El silencio también golpea porque limita la memoria histórica e impide que los ciudadanos conozcan los hechos y exijan respuestas. Aquella página casi en blanco era un grito desde el vacío, una advertencia sobre la información que una sociedad puede perder.
¿Cómo puede un gobierno conocer el país que administra si castiga a quienes le muestran en lo que está fallando? Rodearse de versiones favorables empobrece su capacidad de corregir. También deja al ciudadano con menos herramientas para informarse con un mejor criterio.
El periódico impreso tiene un valor público propio, tiene memoria histórica. Puede pasar de mano en mano, compartirse en una mesa y leerse sin conexión. Quien prefiere informarse así también cuenta.
Madrid tiene El País y El Mundo; París, Le Monde; Nueva York, The New York Times; Ciudad de México, Reforma. Todos mantienen ediciones en papel. La permanencia de esas cabeceras recuerda que la prensa impresa sigue formando parte de la vida pública de las grandes ciudades. Sus lectores encuentran allí una manera de conocer lo que ocurre y participar en la conversación de su país.
Sería ingenuo suponer que en esos países los gobernantes reciben con serenidad la información que los interpela y que publica la prensa, pero las garantías democráticas permiten la pluralidad de opiniones. Leer un periódico permite contrastar una promesa de un político con sus resultados, enterarse de lo que un funcionario preferiría omitir, rastrear a dónde va el dinero de sus impuestos. Por eso un gobernante le teme a una ciudadanía informada.
El antecedente de la revista Vanguardia nos toca de cerca a quienes trabajamos allí. Mis compañeros y yo vivimos el cerco y la asfixia económica que precedieron a su cierre, en junio de 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Una decena de periodistas no pudieron seguir investigando a figuras centrales del correísmo y las decisiones, muchas veces arbitrarias, que tomaban desde el poder.
La historia de las agresiones contra Vanguardia incluye hechos que conviene recordar con precisión. El 3 de julio de 2009, cuatro hombres armados y encapuchados entraron a la redacción, maniataron y amenazaron a periodistas, fotógrafos y diseñadores. Sustrajeron computadoras del director editorial y de periodistas que manejaban información sensible, además de documentos y pertenencias personales. Días después, el gerente comercial fue asaltado al salir de la revista y le robaron su computadora portátil. Según Fundamedios, el asalto a la redacción nunca fue esclarecido.
Hubo también actuaciones estatales documentadas. El 17 de diciembre de 2010, policías armados ingresaron a las oficinas y se llevaron equipos, incluidos 35 discos duros, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Las autoridades invocaron un procedimiento de desalojo por una deuda de arrendamiento. CPJ consideró a esta incautación como una represalia por la posición editorial de la revista.
En julio de 2012, funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales y policías volvieron a incautar computadoras y mobiliario, esta vez dentro de un proceso de cobro por sanciones laborales que el medio cuestionaba. Los periodistas denunciaron que se quedaron sin los respaldos de sus investigaciones.
Para mis compañeros y para mí, rememorar a Vanguardia implica recordar ese esfuerzo por continuar. El propio director, Juan Carlos Calderón, y el equipo editorial discrepamos con la decisión empresarial de cerrar el medio y defendimos el deber moral de seguir publicando. Las circunstancias de Expreso y Vanguardia son distintas, pero hay algo en común y tiene que ver con el abuso del poder, las presiones y la asfixia económica que el Estado ejerce sobre medios críticos. Quienes denunciaron los abusos del correísmo deberían mantener la misma exigencia frente al presidente Daniel Noboa. Defender la libertad de prensa según quién ocupa la Presidencia, equivale a dejar este derecho a disposición del partido político de turno.
¿Cómo puede un gobierno conocer el país que administra si castiga a quienes le muestran en lo que está fallando? Rodearse de versiones favorables empobrece su capacidad de corregir. También deja al ciudadano con menos herramientas para informarse con un mejor criterio.
Velar por crear buenas condiciones para que un periódico siga imprimiéndose y un medio siga vivo es apostar por la democracia y defender a la ciudadanía. Un gobierno puede dejar de leer lo que le incomoda, pero no debería decidir, mediante presiones y arbitrariedades, lo que los ciudadanos tienen la oportunidad de leer.