Plan V se une a la difusión de esta historia del medio internacional The Examination, una redacción sin fines de lucro especializada en reportajes sobre salud global.
En una región asolada por el creciente problema de la obesidad infantil, la principal organización de salud pública de América Latina defiende su disposición a asociarse con una de las mayores empresas de dulces del mundo para apoyar las actividades de inmunización en comunidades vulnerables, afirmando que habría aplicado amplias medidas de protección contra la influencia corporativa en la ejecución del programa de salud propuesto.
Sin embargo, a los pocos meses de anunciar una colaboración plurianual con el Grupo Ferrero —propietario y creador de marcas como Ferrero Rocher, Kinder y Nutella— la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dio marcha atrás discretamente.
El anuncio de la alianza, que se dio a principios de este año, provocó la indignación de defensores de la salud, quienes consideran que se trata de un conflicto de intereses y una alianza que contradice la misión de la OPS. Sin embargo, la organización afirma que esa no es la razón por la que canceló la alianza. “La decisión de no seguir adelante fue resultado del proceso de revisión interna de la OPS”, declaró la agencia a The Examination. Se negó a comentar sobre la oposición de las organizaciones locales.
Ferrero no respondió a las solicitudes de comentarios. En un comunicado de prensa que la compañía emitió junto con la OPS sobre la alianza, Philip Myers, director de asuntos institucionales y comunicaciones corporativas de Ferrero, afirmó que la participación de la compañía reflejaba un “compromiso con el apoyo a los niños y las familias en situación de vulnerabilidad y con la contribución responsable a iniciativas concretas de salud pública”.
La alianza disuelta entre la OPS y Ferrero ilustra el dilema que enfrentan las organizaciones de salud pública ante la disminución de los fondos gubernamentales y la falta de financiación de programas esenciales, según expertos. Para cubrir el déficit presupuestario, organismos como la OPS recurren a empresas y realizan acuerdos que podrían generar conflictos de interés. Estas alianzas también ofrecen oportunidades para la industria de alimentos ultraprocesados, que goza de pocas restricciones al colaborar con organizaciones internacionales y puede acceder directamente a los gobiernos para promover sus propios intereses.
“Hay un conflicto de interés porque Ferrero ha intervenido para bloquear políticas” recomendadas por la OPS, afirmó Alejandro Calvillo, director de la organización de defensa del consumidor El Poder del Consumidor. “¿Cómo puedes hacer una alianza con una empresa que está bloqueando las políticas que tú estás recomendando?”.
Ecuador primero
En enero, la OPS anunció una nueva alianza con el gigante de los alimentos ultraprocesados de chocolate Ferrero para “apoyar iniciativas de salud pública en todo el continente americano”. Esta colaboración de tres años habría respaldado “iniciativas que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de los niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad”, según el comunicado del 13 de enero.
Como parte del plan, la OPS señaló que, junto con Ferrero, tenía previsto reforzar “los servicios de vacunación en las comunidades afectadas por la violencia en Ecuador”, especialmente en Guayas y Manabí, dos provincias costeras que registran unas de las tasas más altas de delitos violentos del país. El comunicado indicaba que la organización sanitaria y la empresa alimentaria estaban estudiando posibles colaboraciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, países en los que Ferrero cuenta con una sólida presencia en el mercado y fábricas locales.
El comunicado no explicaba por qué la iniciativa se habría dirigido a comunidades con altos índices de delincuencia. Tampoco mencionaba que Ecuador ha experimentado un aumento en las tasas de obesidad infantil. Aproximadamente uno de cada tres niños en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, la más reciente disponible.
El problema comienza temprano en la vida de los niños ecuatorianos. Según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil, aproximadamente el 5% de los niños menores de cinco años tienen sobrepeso. Entre los bebés de 6 a 23 meses, el 75% consume alimentos y bebidas azucarados y el 6% come alimentos salados o fritos, según el Informe de Nutrición Infantil 2025 de UNICEF.
Sin embargo, al anunciar el acuerdo, la OPS hizo hincapié en el valor de alianzas como la establecida con Ferrero, la tercera empresa de dulces más grande del mundo. “Las alianzas son esenciales para promover la salud pública cuando se basan en valores compartidos, normas éticas sólidas y el respeto por la independencia de las instituciones de salud pública”, afirmó el Dr. Jarbas Barbosa, director de la OPS, en el comunicado.
El comunicado no explicaba por qué la iniciativa se habría dirigido a comunidades con altos índices de delincuencia. Tampoco mencionaba que Ecuador ha experimentado un aumento en las tasas de obesidad infantil.
Algunos defensores de la salud pública reaccionaron rápidamente. En marzo, Colansa, una destacada red de investigadores y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a mejorar la salud pública en América Latina, envió una carta privada a Barbosa, revisada por The Examination. En ella, advertía que el acuerdo crearía un conflicto de intereses que podría comprometer el trabajo y la credibilidad de la OPS en la región. (Colansa declinó hacer comentarios para este artículo).
“A través de estrategias como el cabildeo, las alianzas público-privadas, la retórica que enfatiza la responsabilidad individual, los vínculos con los responsables de la toma de decisiones, el lavado de imagen y las prácticas de autorregulación, Ferrero ha buscado retrasar, debilitar y bloquear políticas que amenazan sus intereses comerciales”, señalaba la carta, instando a la OPS a rescindir el acuerdo.
Barbosa, de la OPS, respondió con su propia carta enviada a varios actores que se habían opuesto al acuerdo con Ferrero.
En su carta, obtenida por The Examination, Barbosa afirmó que “dado el potencial de conflictos de interés, se aplicaron estrictas medidas de seguridad”. La colaboración había sido sometida a un “riguroso proceso de revisión” conforme al Marco para la Colaboración con Actores No Estatales (FENSA, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, una herramienta diseñada para proteger a la OMS y sus organismos regionales, como la OPS, de la influencia corporativa. Si bien el marco prohíbe explícitamente los acuerdos con empresas de armas y tabaco, deja una importante laguna legal para las industrias de alimentos y bebidas.
Barbosa escribió que decidió cancelar el acuerdo con Ferrero porque “las relaciones con el sector privado pueden estar sujetas a malas interpretaciones”.
La campaña de vacunación se financiaría mediante fuentes alternativas, añadió.
En un intercambio de correos electrónicos con The Examination, la OPS confirmó el contenido de su comunicado inicial y dijo que las actividades de inmunización estaban programadas para comenzar a finales de enero, hasta que decidió no seguir adelante.
La OPS “conservó la plena autoridad sobre el diseño, la implementación, el seguimiento y la comunicación del proyecto, y la colaboración no implicó la promoción ni el respaldo de Ferrero ni de sus marcas”, declaró la agencia.
La agencia ha retirado posteriormente su comunicado de prensa de su sitio web sin dar ninguna explicación. (Aún se pueden encontrar copias en otros sitios web).
La OPS declaró a The Examination que retiró el comunicado porque el acuerdo nunca se concretó. La agencia no respondió a las preguntas sobre la naturaleza de sus negociaciones con Ferrero ni sobre si se consideraría una nueva alianza en el futuro.
The Examination intentó hablar sobre el acuerdo con Barbosa, de la OPS, en un evento no relacionado ocurrido durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la semana pasada. Él remitió al periodista a Mariana Faria, directora en funciones de relaciones externas, alianzas y movilización de recursos de la OPS, quien afirmó que el acuerdo no guardaba relación con ningún recorte de financiación y que habría reportado tan solo 50.000 dólares. La OPS no confirmó ni desmintió la cantidad en un correo electrónico de seguimiento.
El Ministerio de Salud de Ecuador afirmó no estar al tanto de la alianza y remitió todas las preguntas a la OPS.
Los expertos en salud siguen mostrándose críticos. Al enterarse de la cancelación de la colaboración, Kent Buse, profesor de política sanitaria en la Universidad Monash de Malasia, expresó su preocupación por el hecho de que “el director regional no reconociera el carácter problemático de la colaboración”, según escribió en un correo electrónico enviado a The Examination.
Buse y otros tres científicos fueron coautores de un artículo publicado en la revista médica BMJ en el que criticaban la colaboración con Ferrero por ser “incompatible con las directrices de la OPS para prevenir y gestionar los conflictos de intereses en la elaboración y aplicación de políticas”. Buse declaró a The Examination que cree que ya es hora de cerrar la laguna jurídica en materia alimentaria que existe en las directrices FENSA de la OMS, las cuales permiten a las agencias colaborar con fabricantes de alimentos ultraprocesados, a pesar de que sus productos han causado problemas de salud cuantificables.
La OMS debería “actualizar la FENSA con medidas de protección más sólidas en lo que respecta a la colaboración con las empresas de alimentos ultraprocesados, con el fin de proteger su independencia técnica, sus normas éticas y su papel fundamental en la defensa de la salud en América Latina”, escribieron Buse y sus colegas en su artículo publicado en el BMJ.
Una carrera contrarreloj por la financiación
La fallida alianza entre la OPS y Ferrero se produce en un momento en que la gobernanza sanitaria mundial se enfrenta a una grave crisis de financiación. Numerosos países han reducido sus presupuestos de ayuda en los últimos años. En 2025, la administración Trump recortó la ayuda internacional estadounidense y retiró al país de su participación en entidades de las Naciones Unidas.
Estados Unidos no ha pagado sus cuotas de membresía a la OPS desde 2024 y le debe a la organización más de 134 millones de dólares. La administración Trump no ha asignado ningún fondo para la OPS en su propuesta de presupuesto para 2027, que califica a la agencia de “corrupta” y sin “independencia de influencias políticas inapropiadas”.
A raíz de esos recortes, señalan los expertos, las instituciones de todo el mundo se han visto en una situación de vulnerabilidad financiera y se han visto obligadas a compensar la diferencia con otros recursos.
La OPS movilizó 552 millones de dólares en contribuciones voluntarias de, al menos, 30 nuevos socios durante el bienio 2024-2025, un aumento considerable con respecto a los 160,5 millones de dólares en 2022-2023, según los informes públicos de la organización.
“Hemos diversificado nuestras fuentes de financiación, ampliado nuestras alianzas y demostrado que podemos ofrecer una cooperación técnica de alta calidad con mayor eficiencia”, dijo Barbosa en el informe anual de la OPS de marzo de 2025. “En un contexto de reducción de fondos para la salud internacional, la Organización Panamericana de la Salud demostró una vez más lo que ha mostrado durante más de 120 años: su capacidad para adaptarse, brindar y promover la salud para todos en las Américas”.
La administración Trump no ha asignado ningún fondo para la OPS en su propuesta de presupuesto para 2027, que califica a la agencia de “corrupta” y sin “independencia de influencias políticas inapropiadas”.
Otras organizaciones internacionales también han sido criticadas por sus alianzas con empresas alimentarias controvertidas, al tiempo que buscan ampliar sus programas. Poco después de que estallara la controversia entre la OPS y Ferrero, el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU, por sus siglas en inglés) anunció una nueva alianza con Nestlé, un gigante alimentario involucrado en controversias por el retiro de leche de fórmula infantil, tácticas de marketing perjudiciales, abusos laborales y contaminación ambiental. Esta alianza tiene como objetivo desarrollar un plan de estudios para estudiantes e investigadores del sector de la alimentación y la nutrición.
En abril, científicos y defensores de la salud publicaron una petición para poner fin a la colaboración entre Nestlé y la UNU. Hasta la fecha, más de 800 personas la han firmado. “En un momento en el que los sistemas alimentarios mundiales están siendo objeto de un intenso escrutinio por su papel en el aumento de la malnutrición en todas sus formas, incluido un alarmante incremento de las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación, la integridad y la independencia de la educación nutricional y el desarrollo profesional deben ajustarse a los más altos estándares”, afirmaba la carta.
En un comunicado, Nestlé dijo: “Respetamos plenamente la libertad académica, la integridad científica, la neutralidad y la educación independiente”. La UNU no respondió a la solicitud de comentarios.
Laura Schmidt, profesora de políticas de salud en la Universidad de California, San Francisco, declaró a The Examination que los recortes podrían afectar los presupuestos de las organizaciones, “pero eso no justifica aliarse con una corporación transnacional de alimentos ultraprocesados”.
Presión de la industria frente a la salud pública
Ferrero mantiene una importante presencia en las economías emergentes de Latinoamérica. Presente en más de 50 países, la compañía anunció que su inversión total de capital global para el ejercicio 2024 aumentó un 18%, alcanzando los 958 millones de euros, incluyendo Estados Unidos y Chile. La empresa registró ingresos por 18.400 millones de euros.
Ecuador fue el primer país donde la compañía buscó expandir su presencia regional desde Europa hace aproximadamente medio siglo. Según Forbes Ecuador, el 80% de la producción de Ferrero en el país sudamericano se exporta a los principales mercados de Latinoamérica.
La corporación ahora está expandiendo su presencia más allá del chocolate, consolidando su dominio en el mercado regional de alimentos ultraprocesados. El año pasado, Ferrero adquirió el fabricante estadounidense de alimentos WK Kellogg Co. por 3.100 millones de dólares. Este año, adquirió Bold Snacks, un fabricante brasileño de batidos y barras de proteínas, por una cantidad no revelada. También compró la marca estadounidense de granola natural Purely Elizabeth por 850 millones de dólares. Estas dos adquisiciones más recientes contribuyen a diversificar su gama de productos y a ganar terreno en el nuevo y prometedor sector de la alimentación saludable.
Mientras tanto, la empresa ha ejercido una intensa presión política en toda Latinoamérica, especialmente en Colombia, Brasil y México. Un análisis de los registros públicos de actividades de cabildeo desde 2014 hasta 2022, publicado en The Lancet, revela que Ferrero recurrió a la Embajada de Italia para presionar al Ministerio de Salud de Chile. La iniciativa diplomática buscaba contrarrestar las estrictas regulaciones de etiquetado y comercialización de alimentos que llevaron a las autoridades chilenas a prohibir la venta de los icónicos huevos de chocolate Kinder Sorpresa de la compañía.
En México, Ferrero se unió a otras empresas de alimentos ultraprocesados y bebidas alcohólicas para saturar los tribunales con más de 40 recursos judiciales en 2020 contra la normativa sobre etiquetas de advertencia en la parte frontal de los envases. La mayoría de estas acciones alegaban problemas con el proceso utilizado para modificar la normativa de etiquetado, entre otras cuestiones. Entre 2010 y 2025, las empresas de alimentación y bebidas interpusieron al menos 239 demandas para anular o modificar la normativa sanitaria en seis países (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia). Según un estudio de Quinto Elemento Lab y Lighthouse Reports, el 80% de estas demandas se interpusieron en México.
Esta presión de los grupos de interés se desarrolla en un contexto de empeoramiento de los indicadores de salud globales. A nivel mundial, la prevalencia de la obesidad infantil ha aumentado de manera constante o se ha acelerado en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios de Asia, África, América Latina, el Caribe y las naciones insulares del Pacífico, según datos publicados en Nature.
En Ecuador, un estudio de 2024 publicado en la revista Pediatric Research advertía que “la elevada prevalencia de la obesidad entre los niños y adolescentes ecuatorianos constituye un problema de salud pública”.
La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Ecuador debatirá un proyecto de ley que clasificaría legalmente la obesidad como una enfermedad reconocida, con una posible votación a finales de 2026. De aprobarse, el país se convertiría en uno de los pocos de América Latina en incorporar esta clasificación a su legislación.
Según Cristina Jácome, miembro de la Comisión, la propuesta surge en medio de un creciente escrutinio sobre la transparencia y los vínculos corporativos en la gestión de la salud pública. Jácome, quien ha impulsado iniciativas de etiquetado frontal de los envases, criticó las alianzas corporativas como el acuerdo entre Ferrero y la OPS y pidió límites claros a la participación de la industria.
“Este tipo de alianzas no deberían darse”, afirmó Jácome, señalando que las normativas estrictas suelen provocar la oposición de la industria alimentaria. “No han bloqueado nada directamente porque todavía no les afecta. Pero en cuanto se apruebe esta ley, van a lanzarse”.
Información adicional de María Pérez y Sasha Chavkin.