Aunque la ministra Romo haga lo imposible por descargar la responsabilidad del gobierno en la trama de corrupción del asambleísta Daniel Mendoza, es muy difícil creer que las prerrogativas de las que gozaba este funcionario le cayeron del cielo. Nadie en este país puede tener tanto poder e influencia sin la venia, la aquiescencia o el conocimiento de las autoridades al más alto nivel.
En un país donde las fuerzas políticas no negocian políticas (aunque suene obvio y redundante, hay que decirlo), los repartos personales son la tónica. Lo más importante de llegar a un cargo público es volverse necesario. Mejor aún, volverse indispensable para el funcionamiento del poder de turno. Para eso, justamente, se inventó el término gobernanza, es decir, la posibilidad de mantener la estabilidad del sistema consiguiendo la colaboración de una serie de pequeños actores de la política.
Y esa colaboración tiene muchas facetas: reparto de cuotas burocráticas, tráfico de influencias, permisividad con los negocios particulares, sobornos… Solo hace falta una buena oportunidad para que el peso de un voto o de una decisión se incremente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la designación del vicepresidente de la República.
Ya lo anticipó una asambleísta del oficialismo, cuando declaró que no estaba de acuerdo que en la terna para vicepresidente consten personas del círculo más cercano del primer mandatario. Más claro no canta un gallo. En buen romance, el costo de la designación del próximo segundo mandatario (o segunda mandataria, de creer en los rumores) será muy elevado.
¡Si quieren celeste, que les cueste!, reza la consigna que se impondrá en la Asamblea Nacional. Y como, en general, los asambleístas no han demostrado mayor virtud en los últimos tiempos, cabe pensar que las negociaciones con el Ejecutivo serán absolutamente inescrupulosas.
¡Si quieren celeste, que les cueste!, reza la consigna que se impondrá en la Asamblea Nacional. Y como, en general, los asambleístas no han demostrado mayor virtud en los últimos tiempos, cabe pensar que las negociaciones con el Ejecutivo serán absolutamente inescrupulosas. Que muchos asambleístas estén frente a una inevitable perentoriedad de sus carreras seguramente ahondará la voracidad de las exigencias. Más de uno buscará acomodarse antes de terminar su período legislativo.
¿Hasta dónde piensa estirar la sábana el gobierno? Esa es la pregunta del millón. Porque a la luz de los escándalos de corrupción ventilados en los últimos meses, a propósito del reparto de los hospitales públicos, cabe suponer que el régimen no tendrá ningún empacho en asegurar los votos en la Asamblea Nacional a cambios de prebendas. Todo dependerá del perfil del elegido o elegida para ocupar el cargo vacante.
En esas circunstancias, el riesgo de una nueva y cínica colaboración para la gobernanza está a la vuelta de la esquina. La ciudadanía tendrá que estar atenta a las negociaciones que se den en la Asamblea Nacional para designar al sucesor de Otto. No vaya a ser que una parte de los acuerdos incluya otro grupo de hospitales.