El dato más relevante y estructurante de esta coyuntura ha sido la persistencia de un régimen de excepcionalidad. El toque de queda estuvo vigente en nueve provincias y cuatro cantones hasta el 18 de mayo, dentro de una secuencia prolongada de estados de excepción y restricciones nocturnas que el debate público ya procesa como parte de la normalidad política.
Esa normalización de la excepción coincidió, paradójicamente, con el mensaje presidencial emitido en el exterior sobre estabilidad, oportunidades e inversión, aun cuando el propio mandatario volvió a hablar de “conflicto armado interno”, una categoría que para cualquier inversionista racional eleva la percepción de riesgo político y operativo.
En paralelo, la controversia por los combustibles fue mucho más que un episodio logístico. Desde el 8 de mayo se reportaron problemas de abastecimiento de gasolinas Extra y Ecopaís en ciudades como Quito y Guayaquil, y el momento más crítico llegó entre el 11 y el 13 de mayo, cuando se multiplicaron las filas, los recorridos de usuarios entre estaciones y la percepción de racionamiento informal. El Gobierno negó un desabastecimiento general y desplazó la responsabilidad hacia la “especulación” o el “acaparamiento” de ciertos expendedores, incluso anunciando acciones legales y canales de denuncia.
Ese contraste entre narrativa oficial y experiencia social fue políticamente decisivo. Cuando el Estado afirma que no hay escasez, pero la ciudadanía pasa varios días buscando gasolina, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una crisis de credibilidad. Más todavía cuando la propia ARCH (Agencia de regulación y control de hidrocarburos) emitió oficios que limitaron cupos de despacho, especialmente en zonas de frontera y estaciones específicas, lo que fue leído por usuarios y observadores como reconocimiento material de la restricción del suministro.
La coyuntura se agravó porque el incremento del precio de las gasolinas Extra y la Ecopaís entró en vigor el 12 de mayo: ambas se ubicaron en 3,16 dólares por galón, 14 centavos más que en la revisión previa, y en su nivel más alto desde junio de 2024, cuando se desmontó el subsidio estatal. Para un vehículo pequeño de 10 galones, eso implicó 31,60 dólares por tanque, unos cuatro dólares más que antes del reciente ciclo alcista.
Esa normalización de la excepción coincide, paradójicamente, con el mensaje presidencial emitido en el exterior sobre estabilidad, oportunidades e inversión, aun cuando el propio mandatario volvió a hablar de “conflicto armado interno”.
En términos políticos, la señal fue clara: en un contexto de malestar económico, el ciudadano pagó más por un bien más difícil de conseguir.
El problema no puede explicarse solo por un aumento de demanda o por comportamientos especulativos privados. Los datos de producción muestran un deterioro estructural de la capacidad de refinación. En marzo de 2026, la producción nacional de derivados cayó 21% interanual; la del diésel se desplomó 59%, y la gasolina Extra cayó 6%, en buena medida por los problemas severos de la Refinería de Esmeraldas y, en particular, por la inactividad de la unidad FCC (Craqueo Catalítico Fluidizado) descrita como el “corazón” del complejo”. La reactivación progresiva de esa unidad recién se anunció para el 15 de mayo, es decir, después de que el malestar ya se había instalado en la agenda pública.
La parálisis de la planta FCC expuso las fracturas de la soberanía energética del país. Al quedar fuera de servicio el motor que refina el petróleo pesado, el Estado sufrió un triple impacto: desabastecimiento interno de derivados esenciales, un repunte forzado de las adquisiciones en los mercados externos hasta cubrir casi dos tercios de la demanda nacional, y una erosión presupuestaria crítica debido al diferencial de precios internacionales.
Frente a este escenario de asfixia económica, la estrategia de reanudación paulatina implementada por la estatal petrolera funciona como un respiro indispensable para las finanzas públicas. El flujo proyectado de gas licuado y componentes para gasolinas disminuye la sangría de divisas y regulariza la distribución hacia los centros de consumo del interior. No obstante, el diagnóstico político de fondo exige cautela. Mitigar la urgencia en terminales clave no resuelve el problema de raíz; el verdadero desafío radica en transitar de la reacción ante contingencias hacia una política de mantenimiento integral. La estabilidad fiscal a mediano plazo continuará comprometida mientras el resto del complejo industrial opere por debajo de sus capacidades óptimas de diseño y con la incapacidad de la infraestructura de refinación para sostener la demanda interna.
Costo de la vida y malestar difuso
En la esfera pública, el alza de combustibles no se debatió como asunto aislado. Se articuló con una percepción más amplia de encarecimiento de la vida diaria: transporte, distribución de bienes, consumo básico y presión sobre presupuestos familiares. Aunque la semana no produjo un nuevo dato oficial agregado sobre inflación del costo de vida, la discusión digital en X vinculó de modo insistente el nuevo precio de la gasolina con pérdida de poder adquisitivo, desgaste de clases medias y populares, y ausencia de una estrategia de alivio visible.
El malestar no provino solo del número 3,16 dólares por galón, sino de la experiencia simultánea de pagar más y encontrar menos. En términos de legitimidad, pocas combinaciones erosionan tanto a un gobierno como el binomio “encarecimiento + escasez” cuando afecta un insumo central de la movilidad cotidiana.
Recuperación económica versus país en conflicto armado interno
Esa semana, en su décimo octavo viaje a Estados Unidos, Daniel Noboa insistió en dos ideas que, puestas juntas, producen una contradicción política difícil de administrar. Por un lado, presentó a Ecuador como un país en recuperación, con mayor estabilidad económica, oportunidades para la inversión y voluntad de inserción internacional. Por otro, ratificó que Ecuador atraviesa un “conflicto armado interno” y defendió la continuidad de su estrategia de guerra contra el crimen organizado. Es más, sorprendió a expertos en el Ecuador al afirmar ante la OEA que los tres GDO más grandes: Lobos, Choneros y Tiguerones suman 80.000 hombres y mujeres armados: «es otro ejército», dijo el presidente Noboa. Cifra que cuatriplica la que dio origen al decreto de conflicto armado, en enero del 2024, cuando oficialmente se fijó el número de delincuentes armados en 20.000 aproximadamente. Al inflar, probablemente, la cifra de armados y decir que hay un verdadero ejército criminal que es tan grande como la fuerza pública, se manda al mundo señales contradictorias. ¿Cómo conviven las narrativas de un país ordenado, con progreso económico y estabilidad institucional y la de un ejercito criminal armado que es tan o más grande que la fuerza pública?
Desde el punto de vista de la economía política de la inversión, esta combinación es problemática. Los capitales productivos de largo plazo, nacionales o extranjeros, buscan previsibilidad jurídica, continuidad institucional, infraestructura operativa confiable y un entorno donde el riesgo violento no reconfigure abruptamente los costos. Un país que se presenta a la vez como destino de negocios y como teatro de conflicto armado interno envía señales cruzadas: convoca inversión mientras eleva la prima de riesgo. En consecuencia, la promesa de atracción de inversiones tiende a ser creíble sobre todo para capitales especulativos, extractivos, de alta rentabilidad o políticamente protegidos, no necesariamente para inversión diversificada y estable.
Si el Ejecutivo insiste en que el país está en guerra, ¿qué inversión no extractiva o no oportunista asumirá semejante incertidumbre?
La pregunta conecta la política exterior presidencial, con la experiencia interna de toque de queda, militarización y crisis de abastecimiento de combustible, crisis energética, negociaciones abiertas para extracción minera, o la concesión administrativa de la central Coca-Codo Sinclair por 25 años a Power China.
La sistemática desinversión en Petroecuador, atada a la retórica oficial de austeridad y eficiencia, muestra una dinámica de desmantelamiento institucional donde la alta rotación de gerentes y presidentes exhibe no solo una alarmante improvisación, sino una soterrada disputa por el control del principal activo del país, al que se gestiona como a un cadáver decapitado que no termina de moverse. A ello se suma una inestabilidad laboral justificada políticamente como un combate a la burocracia sindical. El resultado de ese manejo ha precarizado las capacidades técnicas y operativas de Petroecuador, erosionando desde adentro el principal activo del país.
La pérdida de soberanía petrolera estrangula el Presupuesto General del Estado a través de un desangre de divisas que podría estar erosionando la sostenibilidad fiscal de la dolarización. Este impacto financiero real se ejecuta mediante tres mecanismos críticos de transferencia de recursos públicos hacia mercados externos y actores privados:
El subsidio inverso por importación: La incapacidad de refinar crudo local obliga al fisco a importar cerca del 65% de los combustibles que consume. El Estado exporta petróleo a precios castigados y compra derivados limpios a tarifas internacionales volátiles para venderlos internamente a precio subsidiado. Solo el gasto en diésel premium escaló drásticamente en el arranque del año a $761,46 millones, licuando los ingresos por exportaciones netas (Diario Expreso, 24 de abril de 2026).
Un país que se presenta a la vez como destino de negocios y como teatro de conflicto armado interno envía señales cruzadas: convoca inversión mientras eleva la prima de riesgo.
Contracción de la renta petrolera neta: La desinversión en los campos de Petroecuador provocó una caída histórica en la producción pública [BNaméricas]. Al mermar la extracción propia, los ingresos directos que financian el presupuesto de salud, educación y gobiernos locales se han desplomado, obligando al Ejecutivo a depender del endeudamiento externo o de reformas tributarias agresivas para cubrir el déficit.
Descapitalización forzada y maquillaje contable: El Gobierno central priorizó la urgencia de sus propios balances por encima de la supervivencia técnica de la petrolera estatal. A finales de diciembre de 2025, el Ministerio de Finanzas obligó a Petroecuador a perdonarle una deuda de USD 853 millones mediante un cruce de cuentas contables. Esta maniobra, registrada en papel como una «cancelación voluntaria», funcionó como un maquillaje fiscal: permitió al Gobierno reducir artificialmente su déficit a USD 4.592 millones para mostrar una falsa salud financiera ante el FMI. Aunque las autoridades argumentaron que la petrolera no perdió dinero en efectivo —ya que solo se borraron deudas antiguas del sistema—, el impacto real es devastador. Al anular ese derecho de cobro, el Estado despojó a Petroecuador de un patrimonio clave en sus libros contables. Esto impacta la solvencia financiera de la empresa, destruye su capacidad para conseguir créditos y la priva del respaldo económico necesario para frenar el colapso de la infraestructura, financiar nuevas perforaciones y dar mantenimiento urgente a las refinerías.
Este ciclo perpetúa la parálisis: al no tener recursos para reinversión, la infraestructura pública colapsa, justificando la entrega de los bloques más rentables a manos privadas y consolidando una severa dependencia externa que debilita el patrimonio del país.
Leída en conjunto, la semana revela una dificultad del Gobierno para articular una hegemonía estable. Conserva iniciativa institucional, capacidad de decretar, visibilidad internacional y soporte del conflicto armado interno (seguridad) como eje articulador; pero pierde consistencia cuando debe traducir ese poder en experiencias sociales verificables de mejora material. La brecha entre el país narrado por el Ejecutivo y el país vivido por la ciudadanía se amplió precisamente en un terreno decisivo: movilidad, abastecimiento, costo de la vida, acceso a oportunidades y legitimidad del mérito.
La esfera pública mostró, además, una reconfiguración del malestar. Ya no se trata únicamente de seguridad o violencia criminal. El malestar integra precios, energía, combustibles, percepción de privilegio, inequidad y percepción de improvisación gubernamental. Esa ampliación del repertorio crítico es políticamente relevante porque dificulta que el Gobierno siga concentrando toda la atención pública en la agenda de guerra interna.
En el corto plazo, es probable que el Ejecutivo insista en tres movimientos simultáneos: reforzar la diplomacia securitaria en el exterior, presentar la normalización del abastecimiento como prueba de gestión y desplazar responsabilidades hacia actores privados en el mercado de combustibles.