Conceptualmente, la consulta popular es un poderoso mecanismo de democracia directa. Los gobernantes preguntan al pueblo sobre temas trascendentes de interés público para que, como titular de la soberanía, el pueblo decida a través de su voto.
Una vez que el soberano se ha pronunciado, desobedecer, ignorar, postergar el cumplimiento de su voluntad, no solo es un grave atentado contra la democracia, sino que deslegitima el ejercicio de un poder público divorciado de su mandante.
Lamentablemente, los gobiernos de turno han pretendido desnaturalizar a la consulta popular, despojándole de su majestad y trascendencia para convertirla en un mero medidor de popularidad. Una especie de costosísima encuesta que implica movilizar recursos públicos, tiempo y energía de millares de servidores del Estado, que debieran ser invertidos en combatir la delincuencia, la corrupción, la pobreza, la marginalidad social, para obligar al pueblo a someterse a la parafernalia electoral, una y otra vez. Los electores acuden, de buena o mala gana, gastando horas de su domingo, el costo de sus pasajes, quizá buscando alcanzar, solamente un trozo de papel que les facilita infinidad de trámites.
¿Es eso una fiesta democrática? ¿O realmente no es sino una falta de respeto a los electores?
Gobierno tras gobierno han vendido sus respectivas consultas populares como el principio del fin de los grandes problemas nacionales. Le han dicho al pueblo que si dicen SÍ a lo que se les pregunta, casi como por arte de magia el oscuro pasado quedará a atrás y se dará la bienvenida a un esplendoroso futuro. El pueblo va aprendiendo, de la peor manera, que eso no es así. Que cualquiera sea el resultado, no será tomado sino como un elemento más del contexto político, para que los que tiene el poder hagan o pretendan hacer lo que más conviene a sus propios intereses.
Ahora se anuncia una nueva consulta popular para fines de año. Otra más. Con preguntas repetidas, lo que hace ver que realmente no les importa la respuesta.
Evidenciado afanes nada democráticos, como cuando nos quieren preguntar si estamos de acuerdo con que las leyes presentadas por el ejecutivo solo puedan ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional con 6 votos de nueve jueces y no con 5 votos de nueve jueces como sucede ahora. La respuesta obvia, la que no quieren oír, es que cualquier norma debe ser declarada inconstitucional… cuando sea inconstitucional, sin importar si fue presentada por el presidente ni la circunstancias en las que lo hizo. Someter la constitucionalidad de las normas a la aritmética de las mayorías afines al gobierno, es emporcar la justicia constitucional.
A última hora nos anuncia que se preguntará por la intención de convocar una nueva constituyente. En el contexto no es difícil suponer que el objetivo sea maniatar la justicia constitucional, reducir derechos y garantías, bajo la narrativa de que la causa de la crisis es tener muchos derechos y no que se los viole sistemáticamente. De ninguna manera la consulta puede buscar que el pueblo otorgue un cheque en blanco para gobernar sin Dios ni ley.
Ahora, en una sociedad democrática sería de esperar que el gobierno, antes de llamarnos a la próxima consulta informe clara y ampliamente que ha cumplido plenamente con todo lo que el pueblo decidió en las anteriores. Solo un tema para refrescar la memoria:
¿Ya cerraron el ITT, como decidió el pueblo en 2023?
Si no se cumple lo decidido por el pueblo en anteriores consultas, no hay legitimidad política para volverle a preguntar.