La primera vez que el mundo escuchó su voz fue en el juicio internacional en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apareció en una grabación con su mirada profunda y parte de su rostro pintado de rojo achiote. Esa mañana del 23 de agosto de 2022, C. —como la identifica la Corte para proteger su identidad—respondió a las preguntas de su abogada:
—¿Eres Taromenane?
—No. Soy waorani, pero de otra familia —dijo ella con una voz cálida y clara.
C. pertenece al pueblo Tagaeri, uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) que habitan entre Ecuador y Perú.
Juezas, jueces, abogados, dirigentes y activistas la escucharon atentamente. También lo hicieron las más de once mil personas que han visto la audiencia hasta ahora:
—Yo vivía con mi abuelita. Un rato fui a visitar a mi mamá y atacaron a mi familia.
C. y su hermana son sobrevivientes de una masacre. En la tarde del 30 de marzo de 2013, su madre junto a un grupo de hombres, mujeres y niños de los pueblos Tagaeri y Taromenane fueron asesinados cuando estaban reunidos en sus casas, dentro del Parque Nacional Yasuní, entre Orellana y Pastaza, en la región amazónica.
El caso llegó a la Corte IDH el 30 de septiembre de 2020, impulsado por la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el colectivo Yasunidos. Antes, en el 2006, defensores de derechos humanos llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras varias masacres vinculadas a las actividades petroleras y madereras en el territorio indígena. Ese mismo año, la Comisión ordenó al Estado ecuatoriano proteger a los pueblos en aislamiento de la presencia de actores externos en su territorio.
Diecinueve años después, el 13 de marzo de 2025, la Corte IDH ordenó por primera vez a un Estado proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario respetando su decisión de no ser contactados. “Para ellos la casa y el hogar es la selva”, explica Mario Melo, abogado y procurador común del caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador. Esta es la primera sentencia en el mundo sobre estas comunidades y marca un precedente internacional sobre la protección de pueblos en aislamiento voluntario, dice Melo.
El pueblo que recorre la selva y la crónica de una masacre
Pocos los han visto, pero se sabe que la selva es su hogar. Dicen que caminan ligeros, desnudos y con lanzas. Las huellas en las chacras y las lanzas entrecruzadas son una alerta de que no hay que cruzar por allí. Así se comunican los Tagaeri y los Taromenane.
Son parte de la nacionalidad waorani, quienes se han desplazado históricamente en un territorio de cerca de dos millones de hectáreas entre las provincias de Orellana y Pastaza, en la Amazonía, señala el portal periodístico Código Vidrio.
La llegada de misioneros, petroleras, madereras y colonos transformó este territorio desde la década de los 50. Según el Diagnóstico Demográfico de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), publicado en 2024, este proceso provocó contactos forzados, conflictos y episodios de violencia entre los waorani y los cowode, palabra utilizada para nombrar a quienes no son waorani.
En este contexto, algunos grupos familiares de waorani aceptaron el contacto y otros huyeron al interior de la selva. Entre quienes se internaron en la Amazonía estaban Taga y Taromenga, guerreros waorani que rechazaron ese contacto. “Taga es conocido como un gran guerrero que rechazó el contacto y defendió nuestro territorio con lanzas”, declaró Huani Ima, anciana waorani, en 2021 para la Corte IDH. De ellos, provienen los Tagaeri y los Taromenane.
Su movilidad en la selva responde tanto a sus formas de vida como a la presión sobre su territorio. Buscan alimentos, establecen vínculos familiares y evitan zonas intervenidas por actividades extractivas, explica el antropólogo Roberto Narváez en su estudio sobre pueblos en aislamiento voluntario en el Yasuní.
Actualmente, existen al menos ochenta bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, según el Ministerio de Energía y Minas. Quince se ubican en territorio waorani.
En medio de ese avance extractivo, los pueblos en aislamiento han enfrentado distintos hechos de violencia provenientes de miembros de nacionalidad waorani que mantienen contacto con las empresas petroleras y madereras. Tres de ellos fueron escuchados por la Corte IDH para emitir su sentencia:
En 2003, un grupo de waorani armados con escopetas y lanzas atacó a un grupo de Taromenane y asesinó aproximadamente a 21 personas. También quemaron una casa abandonada de los pueblos en aislamiento. Según el diario El Universo, la agresión ocurrió en un contexto de conflictos territoriales y el Colectivo Yasunidos registró en su portal que esta “matanza está relacionada a dos madereros, quienes posiblemente facilitaron el armamento”, con apoyo de una empresa petrolera.
En 2006, ocurrió una nueva masacre. Cerca de 30 personas Tagaeri y Taromenane fueron baleadas por madereros en Orellana. Los hechos no se investigaron, informó el procurador común en los alegatos ante la Corte IDH, y el Gobierno de ese entonces anunció públicamente que se comprometía “a controlar la extracción ilegal de madera” en la provincia.
Según organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, entre 1977 y 2014 se registraron al menos diez situaciones violentas relacionadas con los pueblos en aislamiento en contextos de la expansión extractivista.
En 2013, otra masacre. Ese año, un grupo de indígenas en aislamiento asesinaron a Ompure y Buganey, dos ancianos waorani. Vivían lejos del ruido de la comunidad de Yarentaro, ubicada en el bloque petrolero 16 en Orellana, y Ompure tenía contacto con los pueblos Tagaeri y Taromenane, quienes antes del ataque le habían advertido: “Avisa a la gente de afuera que nosotros vivimos ahí, que no entren. Si buscan, vamos a matar”.
De acuerdo con el libro Una tragedia ocultada, de Milagros Aguirre y Miguel Ángel Cabodevilla, Ompure alertó a las autoridades sobre las amenazas, pero no recibió respuestas. Ompure y Buganey fueron asesinados con lanzas el 5 de marzo de 2013.
Días después, 30 de marzo de 2013, un grupo de waorani cercano a la pareja salió armado con lanzas y escopetas para vengar las muertes, asumiendo que los responsables fueron los Tagaeri y los Taromenane. Ese día atacaron sus casas. Alrededor de 30 y 50 personas Tagaeri y Taromenane fueron asesinadas; entre ellas, la madre de C. y D. Las dos niñas fueron llevadas por ese grupo de waorani a la comunidad Yarentaro y se vieron obligadas a tener contacto forzado con el mundo exterior.
Según organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, entre 1977 y 2014 se registraron al menos diez situaciones violentas relacionadas con los pueblos en aislamiento en contextos de la expansión extractivista.
Una sentencia que busca proteger a los PIAV y su territorio
Para proteger a estos pueblos, el Estado ecuatoriano creó la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) en 1999, declaró a más de 600 mil hectáreas, lo que equivale a un tercio de su territorio ancestral, como zona intangible de conservación —aunque la delimitó recién en el 2007— y reconoció los territorios de los pueblos en aislamiento en la Constitución de 2008. Ambas normas prohíben actividades extractivas en esos territorios.
Sin embargo, la Corte IDH concluyó que la aplicación de estas medidas no han sido efectivas porque la delimitación geográfica de la zona tardó ocho años.“Ecuador vulnera el derecho a la propiedad colectiva y el derecho a la libre determinación en relación con el resguardo del principio de no contacto y de precaución de los Pueblos Tagaeri y Taromenane y otros pueblos”, se lee en la sentencia.
La Corte explicó que la afectación a la propiedad comunal de los PIAV también produjo un riesgo severo para su subsistencia física y sus derechos. Consideró que la falta de una protección adecuada de sus territorios implicó una violación a sus derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a un ambiente sano, a la identidad cultural y a tener una vida digna.
También concluyó que Ecuador violó los derechos a las garantías judiciales porque no investigó los hechos de 2003 y 2006. Mientras que, por los hechos de 2013, la Corte consideró “que el Estado fue responsable por la falta al deber de prevención al derecho a la vida de las víctimas de estos hechos violentos”, según se lee en el compendio de la sentencia.
Producto de estos hechos violentos fue el contacto forzado de C. y D. La Corte consideró que las medidas y acciones tomadas por el Estado, luego del contacto forzado de las dos hermanas, “vulneraron sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección de la familia, de la niñez, a la circulación y residencia y derechos culturales”.
La Corte IDH con estas conclusiones dictó 18 medidas de reparación a favor de los pueblos en aislamiento y de las dos niñas (C. y D.). Entre las más importantes: continuar las investigaciones sobre las masacres, crear una Comisión Técnica para evaluar la zona intangible, garantizar atención integral a C. y D., y cumplir la decisión popular aprobada en 2023 para mantener el crudo del Bloque ITT bajo tierra.
La Corte IDH dio al Estado un plazo de tres meses a un año para cumplir varias de estas medidas. El plazo venció el 13 de marzo de 2026.
De las 18 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, solo dos medidas se han cumplido dentro de los plazos establecidos; una se cumplió parcialmente, cinco siguen en ejecución y diez permanecen incumplidas.
¿Qué medidas de reparación se han cumplido?
El Ministerio de Gobierno, en su informe anual de cumplimiento de la sentencia emitido en marzo de este año, asegura que existe un “cumplimiento efectivo” de las medidas, aunque reconoce “la existencia de condiciones estructurales y de coordinación interinstitucional pendientes”.
El balance general muestra pocos avances. De las 18 medidas de reparación dictadas por la Corte IDH, solo dos medidas se han cumplido dentro de los plazos establecidos; una se cumplió parcialmente, cinco siguen en ejecución y diez permanecen incumplidas. Este balance surge del análisis de documentos oficiales, accesos de información gestionados ante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, reportes públicos de EP Petroecuador y entrevistas a dirigentes, expertos y abogados del caso. Esta periodista solicitó entrevistas al Ministerio de Gobierno y a la Procuraduría, pero no obtuvo respuesta.
Las dos medidas reportadas como cumplidas por el Estado son las de la presentación del informe anual sobre las medidas cautelares ―se refiere al cumplimiento de las medidas de protección y el sistema de monitoreo a favor de los pueblos en aislamiento― y la protección a C. En la primera medida, según el Ministerio de Gobierno, entre marzo de 2025 y febrero de 2026, se realizaron 51 patrullajes en la zona intangible y su área de influencia, se atendieron seis alertas vinculadas a posibles amenazas a estos pueblos y se registraron 1239 comunicaciones comunitarias de seguimiento.
La otra medida cumplida fue la consulta a C. sobre su voluntad de permanecer o no dentro del programa de protección a víctimas de la Fiscalía. Actualmente, C. y D. están dentro del programa de forma voluntaria confirma su abogada Adriana Rodríguez.
El resto de medidas continúan pendientes o en ejecución como se registra en la tabla:
Por ejemplo, las medidas que se encuentran en ejecución son: el proceso de investigación penal y administrativo por los hechos ocurridos en 2003 y 2006, también, las medidas para garantizar acceso a justicia a los PIAV, acciones para que en los estudios de impacto ambiental se tome en cuenta el impacto en estos pueblos y el peritaje antropológico. Este último se encuentra en la fase de designación del perito o perita por el tribunal de la Corte.
Para Pedro Bermeo, coordinador jurídico de Yasunidos, los constantes cambios y fusiones institucionales en los últimos gobiernos han dificultado el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Desde agosto de 2025, el Ministerio de Gobierno es la entidad encargada de coordinar el cumplimiento de las sentencias internacionales, luego de absorber al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
De los 247 pozos que operan en el Bloque ITT, el Estado solo ha cerrado diez, asegura Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, quien además cuestionó la falta de información pública sobre el proceso..
Medidas de reparación incumplidas
El incumplimiento de medidas claves como mantener bajo tierra el crudo del Bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), considerado el proyecto hidrocarburífero más importante de Ecuador —ubicado en la provincia de Orellana dentro del Parque Nacional Yasuní —, y crear la Comisión Técnica de Evaluación de la Zona Intangible pone en riesgo a los pueblos en aislamiento, advierte Bermeo, quien acompaña el caso desde hace más de una década.
Aunque la sentencia de la Corte IDH ordenó cumplir la consulta popular de agosto de 2023, donde el 59 % de la población ecuatoriana votó a favor de mantener el crudo del Bloque ITT indefinidamente bajo tierra, y suspender la explotación petrolera en el Yasuní —uno de los lugares más biodiversos del planeta, según la Unesco—, la extracción continúa.
Durante 2025, el Bloque ITT produjo en promedio 1,2 millones de barriles mensuales, alrededor de 44.000 barriles diarios, según el reporte anual de EP Petroecuador. Incluso, en el primer trimestre de 2026, la producción se mantuvo en 43.000 barriles diarios.
Esto ocurre a pesar de tres dictámenes: uno electoral y dos judiciales como son los resultados de la consulta popular; la resolución de la Corte Constitucional de 2024, que ordenó suspender progresivamente la explotación en un plazo de un año; y la sentencia de la Corte IDH. Ninguna ha frenado la actividad extractivista.
De los 247 pozos que operan en el Bloque ITT, el Estado solo ha cerrado diez, asegura Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, quien además cuestionó la falta de información pública sobre el proceso.
Para las comunidades waorani, el impacto se refleja en la contaminación del agua. “No podemos bañarnos tranquilamente. No podemos alimentarnos del río porque ya está contaminado”, dice Dayuma Nango, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE). Explica que ahora deben caminar entre dos y tres horas para conseguir agua limpia.
Informes del Ministerio de Ambiente realizados entre 2016 y 2022 registran niveles de contaminación “muy contaminada” y “moderadamente contaminada” en fuentes de agua de la zona, aunque no determinan si está polución proviene directamente de la actividad petrolera. Además, en los bloques 31 y 43 se han registrado al menos 26 derrames en los últimos años, según los alegatos finales presentados ante la Corte IDH. No obstante, el testigo del Estado, Ricardo Benítez, aseguró durante la audiencia que no existen derrames petroleros.
La presión extractivista también afecta la movilidad de estos pueblos. En entrevista con este medio, Bermeo muestra en su computadora un mapa de la ocupación y movilidad de los pueblos en aislamiento en la zona intangible y su área de influencia. Con el cursor, señala que estos pueblos no solo transitan por la zona intangible, sino también por otras zonas como por los bloques petroleros 16, 31 y 43. El ataque a Ompure y Buganey, por ejemplo, ocurrió en el Bloque 16, fuera de la zona intangible.
Para identificar sus rutas de desplazamiento y los avistamientos registrados, la Corte IDH en su sentencia ordenó la creación de una Comisión Técnica de Evaluación de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane. El plazo para conformar la Comisión venció en septiembre del 2025.
Cinco meses después, el 13 de febrero de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, convocó a la primera reunión interinstitucional. Una semana después, al menos trece subsecretarios y técnicos se reunieron para conocer los antecedentes de la sentencia y la propuesta de la Comisión, según consta en las actas e informes del encuentro. En esa cita, se recomendó diseñar un instrumento jurídico para crear la Comisión. Sin embargo, abogados del caso y dirigentes waorani aseguran que no fueron convocados, pese a que la Corte IDH estableció que es necesaria la participación “de la sociedad civil y miembros de los pueblos indígenas Waorani”.
Alejadas de su territorio y su familia
Tampoco el Estado ha cumplido con las reparaciones para C. y D., las dos hermanas que sobrevivieron a la masacre del 30 de marzo de 2013. Entonces, C. tenía seis años y D. dos años. Tras el ataque, fueron sacadas de su territorio y trasladadas a las comunidades waorani Yarentaro y Dicaro.
Su llegada generó conmoción. “Fueron días de mucha tensión”, recuerda el doctor Alfredo Amores, quien ha trabajado con las comunidades waorani desde la década de los 90 y en ese entonces era asesor en el Ministerio de Salud.
El 2 de abril de 2013, las niñas fueron vacunadas y recibieron chequeos médicos. Desde ese momento, fueron separadas: D. se quedó en Dicaro —una de las ocho comunidades del pueblo waorani que habitan en los bloques petroleros 16 y 67— y C. permaneció en Yarentaro, también cercana a los bloques petroleros.
Meses después, en noviembre de 2013, C. fue trasladada en helicóptero a la ciudad de Coca en un operativo organizado por la Fiscalía. No hablaba español, solo WaoTededo.
C. narró en 2022 a los jueces de la Corte IDH lo que vivió ese día:
—Entré a clase y vino un ruido feísimo. Todos los niños salieron y me quedé solita en el aula. Vinieron tres personas con mascarillas. Yo lloraba. ¿A dónde me están llevando con miedo? No conocía en qué mundo estoy. Me estaban llevando a un mundo cowode.
Alfredo Amores cuestiona ese operativo. Afirma que las autoridades argumentaron que C. estaba mal, aunque él sostiene que estaba en buenas condiciones y vivía con una familia waorani. “La Fiscalía dispuso su rescate y lo hace en una incursión en helicóptero cuando los dirigentes no estaban. La llevan a Coca para una valoración”, pero no había autorización judicial, dice.
C. pasó doce días en el Hospital de Coca. Estaba angustiada y lloraba. Luego fue trasladada a Bameno, una comunidad parecida a su entorno cultural antes del contacto forzado, donde creció. Desde allí pidió a los jueces visitar su territorio.
―Quiero que venga para hablar en persona. Quiero que le diga al Gobierno que deje vivir libre.
La visita nunca se concretó por razones logísticas.
Ahora, C. es mayor de edad, tiene dos hijas y ya no vive en Bameno. Quiere retomar sus estudios, visitar y conocer otras comunidades para saber cómo es la vivencia en otros lugares, según cuenta la dirigente indígena Dayuma Nango. Por su parte, D. tiene quince años y está estudiando. Quiere ser enfermera para ayudar a las personas. Cuando los Pikenani ―ancianos o sabios waorani― van a su comunidad, ella los escucha con curiosidad; le gustan los cánticos wao, la danza y el arte. “Ella pidió al Estado talleres para los jóvenes”, afirma la dirigente y agrega que esta solicitud se ha ingresado al Gobierno, “pero no hay respuesta”.
En 2016, durante un ataque en el río Shiripuno, en Orellana, un miembro waorani escuchó a un grupo en aislamiento preguntar por el paradero de las dos niñas. No era la primera vez.
Ambas viven en comunidades distintas y solo volvieron a encontrarse en 2019, en una reunión organizada por la Fiscalía.
En la audiencia ante la Corte IDH, C. contó que a veces se comunica con su madre a través de los sueños. Que su madre le dice que está contenta porque ella está bien. Le pregunta si quiere regresar y C. le dice que no. Que ella no puede regresar. Que ya no quiere regresar. Tiene miedo porque su pueblo ya no la reconoce. “La comunicación puede darse también entre la vigilia y el sueño, entre humanos, animales, espíritus, entre vivos y muertos”, dice Adriana Rodríguez, abogada de las dos hermanas.
Según estudios académicos, los pueblos en aislamiento aún preguntan por C. y D. En 2016, durante un ataque en el río Shiripuno, en Orellana, un miembro waorani escuchó a un grupo en aislamiento preguntar por el paradero de las dos niñas. No era la primera vez. “Venimos sufriendo por la matanza que hicieron”, dijo una mujer en uno de los testimonios recogidos por el antropólogo Narváez.
Para reparar a las niñas, la Corte IDH ordenó medidas específicas: garantizar acceso a salud, educación y cultura; desarrollar un proyecto de vida con enfoque intercultural; y consultarles sobre un posible proceso de reunificación. Pero ninguna de estas medidas se ha cumplido, asegura la abogada Rodríguez. Aunque se han enviado cartas al Ministerio de Salud desde 2025, no ha recibido respuestas.
Por su parte, el Estado reportó que han atendido aproximadamente a 200 personas de ocho comunidades waorani dentro de la ZITT, entre marzo de 2025 a febrero 2026, pero no registran acciones individualizadas para C. y D.
Hoy, ambas piden lo mismo: ser escuchadas y que el Estado les garantice una buena educación, salud y un lugar donde vivir con sus familias.
Un patrón de incumplimiento
El caso de los pueblos en aislamiento no es excepcional. Entre 1997 y febrero de 2026, Ecuador fue declarado responsable por violaciones de derechos humanos en 43 casos ante la Corte IDH, según la Procuraduría. De ellos, solo en uno no fue responsable y en 31 permanece bajo supervisión de cumplimiento.
Para Melo, el abogado y procurador común del caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, el problema se ha vuelto estructural. “En los últimos años, el Estado ecuatoriano está incumpliendo sistemáticamente las disposiciones de la Corte. Por ejemplo, en el caso de Sarayaku llevamos desde el 2012 esperando que el Estado inicie el retiro de los explosivos, pero no lo ha hecho”.
En el caso Sarayaku Vs Ecuador, la Corte IDH condenó al Estado ecuatoriano en 2012 por violar los derechos colectivos del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Ordenó una serie de medidas de reparación; sin embargo, 14 años después aún siguen sin cumplirse las siguientes medidas: crear una ley de consulta y consentimiento previo, libre e informado; consultar sobre cualquier tipo de gestión o proyecto que pudiera afectar directa o indirectamente los derechos o el territorio de Sarayaku, y retirar la tonelada y media de pentolita, un explosivo de alto calibre que dejó la compañía petrolera abandonado en 25 mil hectáreas de su territorio.
La sentencia a favor de los pueblos en aislamiento voluntario emitida por la Corte IDH marcó un precedente global al reconocer que la supervivencia de los PIAV depende de proteger su territorio y respetar su decisión de no ser contactados. Pero en el Yasuní, la realidad es otra.
C. lo dijo ante los jueces:
―Quiero que le diga al Gobierno que nos deje vivir libres, con el territorio, que no acaben la selva.
Un año después de esta sentencia, esa petición sigue con escasa respuesta y la resolución que debía protegerlos todavía no lo hace.
*Este trabajo se realizó en el marco de la beca de investigación periodística de la Red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.