Durante la semana del 13 al 19 de julio confluyeron tres procesos que normalmente avanzan por carriles separados: la reorganización de las candidaturas seccionales, la intervención de las autoridades electorales sobre partidos y mecanismos de participación y la disputa legislativa por las responsabilidades derivadas de la contratación pública. El punto de conexión es el poder territorial. Las elecciones del 29 de noviembre de 2026 no serán únicamente una competencia por alcaldías y prefecturas. Definirán quién controla presupuestos locales, redes de contratación, estructuras políticas provinciales y plataformas de proyección para la siguiente elección nacional. Guayaquil, Quito y las prefecturas más pobladas actuarán como centros de acumulación política.
Cynthia Viteri y ADN: la absorción del viejo poder socialcristiano
El 15 de julio, Cynthia Viteri confirmó que buscará nuevamente la Alcaldía de Guayaquil, pero no por Centro Democrático —organización que había aceptado inicialmente su precandidatura— sino por Acción Democrática Nacional (ADN). La exalcaldesa sostuvo que la decisión surgió de conversaciones con Daniel Noboa y que la coordinación con el Gobierno facilitaría la ejecución de obras para la ciudad. El cambio desplazó a Niels Olsen, quien pasó de ser la carta oficialista para Guayaquil a candidato por Samborondón.
La operación es más importante que un simple reemplazo de candidaturas. ADN carecía de una figura propia con capacidad electoral comprobada en Guayaquil y había ubicado a Olsen en una plaza para la que, según versiones publicadas por Ecuavisa, las mediciones internas no le asignaban siquiera el 10 % de intención de voto. Viteri, en cambio, conserva reconocimiento, estructura y relaciones construidas durante décadas en el socialcristianismo. La paradoja política apareció dos días antes del anuncio. El 13 de julio, Jaime Nebot admitió públicamente que haber impulsado la reelección de Viteri en 2023 fue un error y cuestionó duramente tanto su última administración como al Gobierno de Noboa. Dos días después, la antigua heredera del modelo municipal socialcristiano se integró al partido presidencial. El movimiento revela una convergencia objetiva entre ADN y una fracción del antiguo aparato socialcristiano. ADN obtiene capital territorial, redes barriales e influencia electoral; Viteri recibe el respaldo de un Gobierno con recursos, exposición nacional y capacidad de intervención sobre políticas y obras públicas, al tiempo que mueve el piso de un Jaime Nebot que no supo nunca manejar tras bastidores la coyuntura política desde 2023, afectando con ello a Guayaquil.
El PSC conservará candidato propio -Andrés Roche-, pero queda atrapado en una disputa por su herencia: mientras Nebot procura defender la identidad partidista, ADN captura a una de las figuras que durante años simbolizó ese proyecto. El oficialismo no está aliándose necesariamente con el PSC institucional; está absorbiendo activos políticos formados por el PSC y debilitando su capacidad de imponer disciplina interna. Viteri deberá enfrentar el desgaste de su derrota de 2023 y una investigación previa por presunto peculado relacionada con su administración. El 17 de julio no acudió a la Fiscalía del Guayas para rendir versión, después de haber denunciado que información reservada de las investigaciones fue filtrada con propósitos políticos.
Guayaquil se convierte en el principal campo de prueba del proyecto territorial de Noboa. La ciudad cuenta con más de dos millones de electores habilitados y concentra un enorme valor presupuestario y simbólico. Ganarla permitiría al oficialismo erosionar simultáneamente al correísmo y al socialcristianismo.
El PSC conservará candidato propio, pero queda atrapado en una disputa por su herencia: mientras Nebot procura defender la identidad partidista, ADN captura a una de las figuras que durante años simbolizó ese proyecto.
Suspensión de AMIGO: el correísmo vuelve a quedarse sin papeleta propia
El 17 de julio, pocas horas antes del vencimiento del plazo para registrar alianzas electorales, el Tribunal Contencioso Electoral admitió una denuncia del fiscal general Leonardo Alarcón y ordenó suspender provisionalmente por nueve meses al movimiento AMIGO. La causa se relaciona con una investigación previa de carácter reservado que, conforme al Código de la Democracia, puede justificar la suspensión cuando involucra una investigación por lavado de activos contra una organización política. AMIGO debía servir como vehículo para las candidaturas de la Revolución Ciudadana después de que el propio movimiento correísta fuera suspendido. Entre las postulaciones previstas se encontraban Pabel Muñoz a la reelección en Quito y Luisa González a la Prefectura de Manabí. El CNE recibió un plazo de tres días para hacer efectiva la decisión.
La medida no elimina automáticamente todas las candidaturas correístas, porque aún podrían ser inscritas mediante alianzas provinciales o con otras organizaciones habilitadas. Sin embargo, destruye la arquitectura nacional que la RC había construido a contrarreloj. También eleva el costo de negociar: cada partido local sabe ahora que el correísmo necesita con urgencia una personería jurídica prestada y puede exigir mayores cuotas, candidaturas o compromisos. Paola Pabón calificó la decisión como una forma de persecución y pidió atención de la comunidad internacional. Su reacción fue una de las publicaciones opositoras con mayor circulación de la noche del 17 de julio, porque condensó el encuadre que el correísmo intentará instalar: no se estaría sancionando a partidos individualmente, sino cerrando las vías para la participación de toda una corriente electoral.
Para el Gobierno, la exclusión o fragmentación del correísmo reduce el riesgo de candidaturas unificadas. Pero una victoria obtenida con el principal adversario sometido a sucesivos impedimentos podría perder legitimidad política, incluso cuando cada resolución tenga una fundamentación formal independiente.
Daniel Mendoza, quien había entrado en el 2017 a la Asamblea como representante de la provincia de Manabí, se convirtió en un aliado cercano del gobierno de Lenín Moreno tras el rompimiento de este con el expresidente Rafael Correa.
En 2018, mientras ya formaba parte de la estructura de apoyo al gobierno de Moreno, Mendoza impulsó la creación de su propia organización política de ámbito provincial, el movimiento MEJOR (Emprendimiento, Justicia, Oportunidades Reales), que obtuvo su personería jurídica en mayo de 2018.
En las elecciones seccionales de 2019, este movimiento participó en alianza con el partido oficialista Alianza PAIS, que ya estaba en manos de Moreno.
Cuando el gobierno de Moreno formó su bloque legislativo propio, ahí estuvo Mendoza, que llegó a ser jefe de la bancada oficialista. Este apoyo, de fuerzas provinciales diversas derivó en una serie de canonjías, cargos y beneficios particulares para los diputados provinciales. Una de estos fue el llamado reparto de los hospitales
Precisamente, la relación política con el Ejecutivo quedó bajo el escrutinio público tras el destape de casos de corrupción, siendo el más prominente el del Hospital de Pedernales.
La organización de Daniel Mendoza funcionó durante el gobierno de Moreno como una plataforma que brindó apoyo legislativo al régimen, a cambio de espacios de poder y articulación política.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado revelaron que el movimiento creado por Mendoza habría recibido recursos derivados de actos de corrupción en la contratación pública Mendoza, quien fue detenido en junio de 2020, fue procesado por delitos como delincuencia organizada.
El Movimiento AMIGO (Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades) fue adoptada formalmente para las elecciones generales de 2021. Tras la caída política y judicial de Mendoza, la organización ha tenido diversas trayectorias, distanciándose del origen inicial que tuvo bajo el ala del gobierno de Moreno.
La organización política de Daniel Mendoza funcionó durante el gobierno de Moreno como una plataforma que brindó apoyo legislativo al régimen a cambio de espacios de poder y articulación política que, según las investigaciones judiciales, facilitaron el reparto de contratos y el manejo irregular de fondos públicos en sectores estratégicos.
Este es el movimiento que se había convertido en el vehículo electoral de correísmo para participar en las seccionales de noviembre y que, paradójicamente, fue usado también en el gobierno en el archi enemigo del correísmo: Lenín Moreno.
Pabel Muñoz permanece en carrera, pero sin estructura asegurada
El 16 de julio, el pleno del TCE no aceptó la denuncia por presunta violencia política de género presentada contra Pabel Muñoz. La decisión dejó al alcalde de Quito habilitado para buscar la reelección. El fallo fortalece personalmente a Muñoz, pero la suspensión de AMIGO, ocurrida al día siguiente, vuelve incierta la vía mediante la cual podrá inscribir su candidatura. El correísmo supera así un obstáculo individual y encuentra inmediatamente otro de carácter organizativo. Quito presenta una competencia fragmentada, con al menos once precandidaturas vigentes y sin una alianza opositora capaz de ordenar la papeleta. Muñoz mantiene una base reconocible y las ventajas de la administración municipal.
La fragmentación puede beneficiarlo si conserva unido el voto correísta, pero también podría favorecer a ADN si la suspensión de AMIGO obliga a improvisar una inscripción, debilita la campaña territorial o genera disputas entre organizaciones aliadas. El problema de Muñoz ya no es únicamente convencer al electorado: primero debe garantizar que su candidatura cuente con una plataforma jurídicamente habilitada.
¿Qué ha pasado con todo esto?
Las elecciones seccionales del 2026, han trastocado su sentido de renovación a nivel de la gestión locla, en un nuevo campo de tensión por la hegemonía política nacional entre el oficialismo y la oposición. La semana no produjo únicamente nuevas candidaturas o resoluciones aisladas. Alteró las condiciones bajo las cuales se desarrollará la competencia electoral. ADN avanza desde una lógica de partido presidencial hacia una estructura de captación territorial. La incorporación de Cynthia Viteri demuestra que el oficialismo prefiere absorber liderazgos con maquinaria previa antes que construir cuadros propios a largo plazo.
El correísmo enfrenta el problema inverso: conserva candidatos competitivos y una base electoral considerable, pero carece de seguridad jurídica sobre la organización que los inscribirá. Su debilidad no es principalmente de demanda electoral, sino de infraestructura institucional. El CNE y el TCE ocupan una posición cada vez más decisiva. Sus resoluciones no solo hacen cumplir normas: modifican quién puede competir, con qué organización y qué mecanismos de participación pueden activarse.
¿Cuál es el escenario inmediato?
El vencimiento del plazo legal para el registro de alianzas seccionales este lunes desencadenará tres dinámicas críticas inmediatas:
Canibalismo en la Izquierda y Centro-Izquierda: Forzada por el bloqueo judicial a las listas 5 y 16, la Revolución Ciudadana activará negociaciones desesperadas de última hora con partidos minoritarios supervivientes como Centro Democrático o Reto. Esto resultará en una pérdida masiva de su poder de negociación, obligándolos a ceder alcaldías clave a cambio de mantener espacios en las listas de concejales.
Contraofensiva Mediática en la Asamblea: Para contrarrestar el impacto de la captura territorial de ADN, la oposición parlamentaria radicalizará el juicio político contra Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización. El lunes se prevén filtraciones selectivas de nuevos anexos contractuales con la empresa Austral Technical Management (ATM) para erosionar el capital político ganado por Noboa con el fichaje de Viteri.
Estrategia de Dilación en el TCE: Los proponentes de la revocatoria presidencial (Iza y Andrade) formalizarán la apelación ante el TCE. La estrategia del oficialismo dentro del tribunal será dilatar la designación del juez ponente. El objetivo es empantanar el trámite procesal hasta agosto, volviendo logísticamente imposible la recolección de millones de firmas antes del inicio formal de la campaña electoral.
Forzado por el bloqueo judicial a las listas 5 y 16, el correísmo activará negociaciones de última hora con partidos minoritarios supervivientes como Centro Democrático o Reto.
…Y a finales de julio
El correísmo buscará organizaciones alternativas para inscribir sus candidaturas. Las negociaciones serán provinciales, costosas y potencialmente conflictivas. Pabel Muñoz, Luisa González y otros aspirantes presionarán por soluciones diferenciadas, lo que puede debilitar la conducción nacional de la RC.
Los promotores de la revocatoria agotarán recursos ante el CNE y el TCE. Salvo una reversión inesperada, la estrategia se desplazará desde la remoción efectiva de Noboa hacia la denuncia de falta de garantías democráticas.
En Guayaquil, Viteri intentará neutralizar tres vulnerabilidades: el recuerdo de su derrota de 2023, su ruptura con el entorno socialcristiano y las investigaciones sobre su gestión.
ADN buscará convertir la elección en una confrontación entre coordinación con el Gobierno y aislamiento municipal. El juicio político a la ex ministra de Energía subraya la necesidad de fortalecer controles técnicos y constitucionales sobre la gestión de sectores estratégicos del país. De su fortalecimiento, depende en mucho, la capacidad de todo gobierno para impulsar políticas públicas sostenibles en el tiempo que garanticen la calidad de inversiones en infraestructura y fundamentalmente, dirigidas al frente social.