Carlos Serrano se convirtió el pasado viernes, 6 de febrero, en el primer juez anticorrupción en hablar públicamente sobre la situación de estas dependencias judiciales en Ecuador. Lo hizo por un solo motivo: su vida está en riesgo. Este temor lo dejó claro durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional durante el juicio político a Mario Godoy, presidente de la Judicatura, el funcionario encargado de proteger a estos jueces.
Ahora, Serrano es un juez en el exilio. Salió del país el pasado 15 de diciembre, después de que el Ministerio del Interior le retirara sus dos escoltas. Pero este fue solo el último hecho de una serie de eventos que le confirmaron que era el blanco de lo que él llamó “delincuentes de cuello blanco”.
Previamente, un coche bomba acechó el edificio donde están las oficinas de estos jueces, recibió la llamada de un alto funcionario judicial —Henry Gaibor— para que ponga “atención a la defensa” de un caso que él tramitaba conocido como Euro 2024. Finalmente, Serrano fue amenazado por Jezdimir Srdan, uno de los procesados de ese caso, en la audiencia donde Serrano y su colega Christian Fierro resolvieron condenarlo a 10 años de cárcel por lavado de activos.
Srdan es un peligroso narcotraficante que operó primero en Perú para luego convertir a Ecuador en su centro de operaciones. En 2014, fue capturado en Guayaquil y la Fiscalía lo acusó de financiar una organización criminal. El serbio, que se describió como un atleta, fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión en 2015.
Pero solo tres años después obtuvo la prelibertad. En noviembre de 2024, fue detenido nuevamente y acusado de lavar más de 11 millones de dólares. Austria es otro país que pide su extradición. Fuentes cercanas a estas investigaciones saben que Srdan está conectado con poderosas mafias de los Balcanes. El día de su condena, Sdarn pasó su dedo por el cuello, señal que la Policía la interpretó como una amenaza de muerte contra los jueces.
Este fue uno de los criminales que ha condenado el juez Serrano y los jueces que laboran en las unidades anticorrupción, inauguradas oficialmente en diciembre de 2022 para tramitar los casos más complejos en crimen organizado. Pero, ¿cómo operan estos magistrados en el país más violento de América Latina?
El juez Serrano lo describió así: tienen dos guardaespaldas con armas cortas, que no serían suficientes en caso de un ataque con fusiles. Los chalecos antibalas que disponen se los entregó la Embajada de Estados Unidos y el resto de equipo deben financiarse ellos mismos. Serrano, por ejemplo, compró un casco para sus traslados entre su oficina y su casa.
La movilización es uno de sus mayores problemas. No tienen vehículos blindados, usan sus autos particulares, taxi o Uber. Serrano usó este tipo de transporte después de la amenaza de muerte para que lo recogieran en dos entradas diferentes de su oficina por precaución. Usaba prendas para cubrir su rostro. El juez dijo que él y sus colegas han solicitado autorización para que sus vehículos transiten sin placas y tengan vidrios polarizados. Nada de esto ha prosperado en la Judicatura.
Juez Serrano: “Estoy exiliado fuera de mi país, donde estoy en un país extraño a mis costumbres, estoy intentando comenzar desde cero, tengo temor de perder mi vida (…) En el caso Euro 2024, (…) el principal sancionado ha sido llamado o es buscado por varios países y eso quiere decir que el alcance criminal no se limita a Ecuador. En consecuencia, incluso estando en el exterior, temo por mi vida”.
El relato desolador siguió a cargo de Fierro, también juez anticorrupción, que estuvo presente en la Comisión de la Asamblea. Él, en cambio, se concentró en sus condiciones laborales. Fierro y Serrano son parte de los tres tribunales especializados que conocen casos con entre 10 y 30 procesados a escala nacional. Mientras que solo en Pichincha existen 10 tribunales penales para resolver casos no especializados, explicó el magistrado.
La situación de estas dependencias es casi un capítulo ausente en los informes de rendición de cuentas de la Judicatura. En el 2024, la institución bajo la administración de Godoy le dedicó apenas un párrafo para informar sobre la donación que hiciera la Embajada de Estados Unidos de 14 computadoras, escritores, monitores, lectores de DVD y dos impresoras.
En febrero de 2025, continuó Fierro, los tres tribunales enviaron un oficio a la Judicatura para incrementar el número de ayudantes judiciales. Su pedido fue atendido en septiembre, aunque solo les fue asignado un ayudante más por cada tribunal, no por cada juez. “Como jueces anticorrupción lo hemos dado todo, en horarios de domingo a domingo”, dijo Fierro, quien fue suspendido por la Judicatura presidida por Godoy por supuestamente dilatar el caso Triple A, donde está procesado Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y principal opositor de Daniel Noboa. Para Fierro, esa medida tuvo que ver con la condena al serbio Srdan.
En la Comisión, Fierro afirmó que también se sintió aludido por la amenaza de muerte del serbio. Habló con su equipo de seguridad para que estén más atentos y les sugirió reforzar sus equipos de protección con armas largas.
Fierro terminó su testimonio mencionando a los jueces italianos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que fueron asesinados por la mafia siciliana en 1992 después de condenar a los más grandes capos de esta organización. “No es lo que aspiramos —dijo Fierro en referencia a los asesinatos— sino garantías necesarias para hacer nuestro trabajo”.
Un auxilio urgente que se perdió entre papeles
Uno de los cargos por los que Godoy enfrenta un juicio político tiene que ver con sus actuaciones relacionadas con la protección del juez Serrano. El magistrado afirmó que se sintió desprotegido, pese a enviar un oficio a su jefe inmediato, que en ese momento era Gaibor, para que le devuelvan su seguridad y le permitan el teletrabajo. La misiva, que fue marcada como urgente, también llegó con copia a Godoy.
“Nadie se puso en contacto conmigo. No recibí visita alguna en mi oficina y no recibí ninguna llamada para protegerme”, dijo el juez.
El presidente de la Judicatura se defendió de esta y otras observaciones a su gestión el pasado domingo, 8 de febrero, durante dos horas y 40 minutos. En ese espacio, presentó un pdf de 223 páginas con su prueba documental, que incluían principalmente correos y oficios que Godoy deletreó cada uno de sus números.
Según su línea de tiempo, los tres últimos pedidos se realizaron después de que el abogado Felipe Rodríguez hiciera público el caso de Serrano en su columna de opinión en Primicias, el 17 de diciembre pasado:
- 3 de diciembre de 2025: llega el pedido del juez a Gaibor con copia a Godoy para que le restituya la seguridad de manera urgente.
- 8 de diciembre: El Director General de la Judicatura envía al Ministro del Interior un oficio sobre la situación de seguridad del juez.
- 18 de diciembre: Desde el correo de la Presidencia de la Judicatura se envía al Ministro del Interior un oficio suscrito por Godoy para que se efectúe de forma urgente el análisis de riesgo del juez y de su familia.
- 19 de diciembre: El Director General de la Judicatura envía al Ministro del Interior un oficio para que el análisis de riesgo se extienda a los jueces Christian Fierro y Gabriela Lara, que conformaban el tribunal del caso del serbio junto a Serrano.
- 22 de diciembre: El Director General de la Judicatura insiste al Ministro del Interior atención prioritaria al juez Serrano.
Godoy reconoció que enviaron el oficio a Interior después de cuatro días del pedido urgente de Serrano. En ese lapso, la misiva del juez pasó por varias áreas internas. Para el funcionario, este fue casi un tiempo récord si se compara con los dos meses que se tomó Interior en 2022 para asignar seguridad a los jueces anticorrupción. “Se abreviaron tiempos, procedimientos y formas de comunicación con el Ministro del Interior”, dijo.
Para Serrano, el envío de un oficio a Interior fue una acción aislada que no demuestra el interés de Godoy de protegerlo. Recordó que en 2022 los nuevos jueces anticorrupción no tenían causas y, por lo tanto, no tenían riesgo. Pero ahora tramitan los casos de mayor peligrosidad. “Si a su empleado están por matar no creo que, después de cuatro días, envíen un oficio y se pierda en el Ministerio”, contestó Serrano a Stalin Raza, abogado de Godoy. En otro momento, el juez insistió: “No estoy pidiendo que llenen la tinta de mi impresora”.
“Se remitieron no uno sino tres pedidos”, insistió Godoy ante la Comisión en varios momentos de su larga exposición.
En su testimonio, Serrano citó la sentencia de la Corte Constitucional que exige que la Judicatura adopte todas “las medidas necesarias para que se garantice efectivamente la seguridad del personal de operadores de justicia”.
Juez Serrano: Después de una vida de preparación académica para ser juez, muy humildemente les digo que tengo tres maestrías y un doctorado en universidades europeas. ¿Para qué? Para nada. Porque una persona me arrebató la posibilidad de continuar cumpliendo mi sueño que era ser juez.
Una banda de ‘cuello blanco’
“¿Qué es la independencia judicial”, preguntó Serrano para responder enseguida: “La independencia judicial permite a los jueces ser libres en sus decisiones (…) Cuando un juez pierde esa libertad se convierte básicamente en un verdugo presionado por el poder”. Estas presiones, agregó, vienen de dos fuentes: de la delincuencia común y de los delincuentes de cuello blanco. “Yo fui víctima de esta segunda”.
Serrano fue más allá y dijo que cuando una presión proviene de una persona del Consejo de la Judicatura es porque esta pertenece a una organización. “No es una persona aislada. No es una persona individual. Esa persona obedece a una organización porque pudo presionarme en función del cargo que cumple y el cargo que cumple tiene relación con el superior jerárquico que tiene la obligación de controlar que no haya existido”. El juez describió a estos delincuentes como “una organización jerarquizada y formalizada”.
Godoy se refirió brevemente sobre este punto. En una de las diapositivas que presentó en sus argumentos finales estaba escrito lo siguiente: “Juez Carlos Serrano no proporcionó dato alguno sobre la utilización POR PARTE del Presidente del CJ de esta estructura para ejercer influencias sobre este caso (sic)”.
Juez Serrano: “Si para la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional todo lo que les cuento no es violar el compromiso con la independencia judicial y la seguridad de los jueces, cuando tengan un caso en el que ustedes sean acusados o víctimas, no se quejen, no esperen que haya justicia”.