“¿Dónde están las autoridades?”, “¿quién vigila?”, “¿quién controla?”, fueron algunas de las preguntas que usuarios en redes sociales se hicieron tras ver la investigación que Plan V publicó la semana pasada sobre la existencia de una red de empresas fantasmas que han exportado más de USD 500 millones en oro, en los últimos tres años.
Esta publicación formó parte de la alianza “Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano”, liderada por Convoca de Perú con la participación de medios de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Plan V por Ecuador. Este fue un esfuerzo regional para revelar las estrategias oscuras de producción y comercialización de miles de toneladas de oro que son extraídas en Sudamérica y que se maquillan como legítimas.
En el caso de Ecuador, la investigación liderada por Plan V contó, en la primera parte, que compañías de reciente creación se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador, superando incluso a firmas con décadas en el sector. La mayoría fue fundada en la provincia de El Oro, pero sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos.
Mientras que, en la segunda parte, el proyecto develó que los principales compradores de este oro son las mayores refinerías de India o tiendas de lujo de Dubai. Ambos mercados son los que registran el mayor crecimiento para el oro que sale a través de empresas ecuatorianas. Entre 2021 y 2023, los envíos de este metal precioso a la India aumentaron en 1.300%, mientras que a Emiratos fue del 860%, según datos del Banco Central.
Las publicaciones llegaron a más de 107.000 personas en las redes sociales de Plan V. Ninguna autoridad ni institución se pronunció al respecto. Pero tras la divulgación de la serie investigativa, este medio hizo pedidos de información a seis instituciones públicas para obtener un comentario sobre los controles que aplican a las exportaciones mineras y sus coordinaciones con otras instituciones.
El Ministerio de Energía y Minas, que es la institución rectora de la política pública en el sector minero, no respondió a los pedidos de Plan V, pese a la insistencia. “¿Cómo planea el Ministerio fortalecer los controles de la minería ilegal y de las exportaciones voluminosas de la pequeña minería en el corto plazo?”, fue una de las ocho preguntas que hizo este medio a esa cartera de Estado sobre las revelaciones de la publicación.
La misma inquietud fue planteada a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables (Arcom), que en una primera respuesta aseguró que remitió el correo a las áreas técnicas encargadas para enviar la información requerida esta semana. Este miércoles, 10 de julio, este medio insistió nuevamente, pero no hubo una contestación hasta la publicación de este artículo. La Arcom es la agencia encargada del control de la producción y exportación minera en Ecuador. Pero ha pasado por reestructuraciones que la han debilitado en su papel de velar por el cumplimiento de la ley del ramo.
En el caso del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), la respuesta fue esta: “Estimados Periodistas, les extiendo un afectuoso saludo y conocedores que ustedes manejan sus tiempos para publicaciones e investigaciones, es importante comentarles que nosotros como SENAE también tenemos los nuestros, hay varios pedidos de información que nos solo obedecen a los que realizan los medios de comunicación y los atendemos conforme su ingreso, en tal virtud las áreas técnicas adicional a su carga laboral también responden estos pedidos en el marco de sus competencias (sic)”.
De igual manera, este medio envió preguntas al Servicio de Rentas Internas (SRI). Según la investigación, las empresas exportadoras Soulmetals, Orocomin, Aldelmining, Rocadorada, Rockgolden, Southgold, Roha Ophir Minerals Rhom, Ekam-Minerals, Minera del Llano Plaimining y Balaji Metal Exports Bameexi pagaron montos mínimos en impuesto a la renta por sus voluminosas exportaciones entre 2021 y 2023.
¿Qué controles realiza el SRI para que empresas mineras, exportadoras y productoras, paguen los impuestos que corresponden por ley?, fue una de las interrogantes que planteó el equipo de Plan V. Pero aún no llega una respuesta.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en cambio, recibió la siguiente consulta: ¿Cuántas alertas han tenido sobre operaciones inusuales de empresas mineras en Ecuador? Tampoco llegó una respuesta. Las reacciones de los lectores de redes sociales a la investigación se enfocaron principalmente en cuestionar el trabajo de esta institución para detectar a tiempo operaciones inusuales en distintos sectores económicos que permitan detectar posibles delitos como el lavado de dinero.
La única institución que sí respondió fue la Superintendencia de Compañías. Estas son sus respuestas a las inquietudes de Plan V:
1. ¿Qué controles realiza esta institución para evitar, por ejemplo, empresas de papel en sectores como el minero?
La Superintendencia actúa dentro del ámbito de sus competencias, a través de actos de control de oficio; a petición de parte; y/o, por orden de autoridad competente.
En tal virtud, las acciones de control pueden ser, primordialmente: inspecciones in situ y extra situ.
2. Las 10 empresas investigadas por Plan V, algunas de ellas entre las mayores exportadoras de oro del Ecuador, han registrado direcciones y correos electrónicos ficticios en la Superintendencia de la Compañías. También encontramos que sus registros financieros en el portal de información de la Superintendencia son escasos o no registran documentación durante años completos. ¿Qué comentario tiene la institución al respecto?
La presentación de información ante este ente de control, es de responsabilidad exclusiva del representante legal de la sociedad. No solo en la entrega formal de esta, sino de la veracidad de su contenido. En caso de no presentación, esta Superintendencia ejerce su potestad sancionadora, a través de los procesos administrativos sancionadores; y, a través de acciones de control, que puede ser ejercidas de oficio o a petición.
3. ¿Qué coordinaciones han realizado con la Arcom, la UAFE, el Ministerio de Energía y Minas, Aduanas u otra institución para controlar el auge de empresas de papel que incursionan en áreas estratégicas como la minería?
Al tratarse de empresas que están vinculadas a grupos de delincuencia organizada, este es un tema que debemos manejar con carácter de reserva para evitar interferir en las investigaciones que se están llevando a cabo. Lo que sí podemos indicarles es que el sector minero se encuentra dentro de nuestros controles con enfoque basado en riesgo, siendo sus resultados de carácter reservado.
De acuerdo a nuestras competencias estamos controlando, y de encontrarse actividades sospechosas se reportan a UAFE contribuyendo a las investigaciones y análisis que realiza dicha institución. Así como a la Fiscalía General de Estado (FGE), y otras instituciones que sí tienen atribuciones investigativas y prosecutoras.
Plan V también solicitó un comentario sobre la investigación a los correos disponibles de la Cámaras de Exportadores Mineros (CAPEM), pero tampoco hubo una respuesta.
“Seguir el origen del oro es algo que en nuestros países no se está haciendo”
Milagros Salazar, directora de Convoca Perú, explicó en un conversatorio de la semana pasada que el proyecto periodístico regional Dorada Opacidad logró identificar no solo los mecanismos opacos de producción y exportación del oro, sino también identificar los compradores de este oro.
Los equipos en los cinco países hicieron reportería de campo para detallar el funcionamiento de esos mecanismos sofisticados y complejos, pero también la responsabilidad de los Estados para ejercer controles en el sector minero. “Somos diversos países como parte de un continente, pero vemos problemas que se repiten, que son transfronterizos y políticas que no han funcionado. Seguir el origen del oro es algo que en nuestros países no se está haciendo”.
Por ejemplo, Naira Hofmeister, de Repórter Brasil, contó que su investigación inició con la revisión de los impuestos que pagan las empresas de minería artesanal, llamados garimpos. Este medio ha reportado por años que ese tipo de empresas legales han servido para el lavado de oro, es decir vendían oro ilegal que llegaba de otras partes y lo registraban como si provenían de áreas concesionadas.
Pero al revisar imágenes satelitales, los periodistas identificaron que eso no era cierto. En el caso de la Amazonía, la cobertura vegetal se observó intacta. El gobierno brasileño ha puesto reglas más duras a este sector para evitar este tipo de lavado. Pero en su última investigación para esta alianza, la minería ilegal en tierras indígenas sigue avanzando. “Brasil está pasando de un país que lavaba oro de otros países a un país que envía oro sin ningún tipo de registro”, dijo Hofmeister.
En el caso de Colombia, Juan Carlos Granados, de Rutas del Conflicto, comentó que las mafias del oro siempre tienen la necesidad de tener un pie en la legalidad, porque caso contrario no es un negocio fructífero. En el país vecino, existe una legislación minera que favoreció a las grandes compañías, pero en 2012, se creó el Registro Único de Comercializadores para incluir a todos los pequeños mineros.
A raíz de esa medida, surgió un ‘boom’ de falsificación de certificados. En el 2017, se impusieron limitaciones, pero aún así se mantuvo el problema, que incluye la complicidad estatal. Su reportaje para esta alianza se concentra en el Bajo Cauca, que ilustra estas deficiencias.