No es sólo la falta de agua. Hay dos hechos que explican la crisis eléctrica y ambas tienen que ver con la estructura de corrupción que ha sido sistémica y estructural en el sector eléctrico y que fuera objeto de constantes denuncias públicas. Una de estas denuncias fue parte del informe que presentó Luis Verdesoto, entonces Secretario Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Informe que disgustó al Gobierno, por lo cual Verdesoto fue “renunciado” al día siguiente.
Uno de los ejes del informe se centraba en la empresa pública CNEL, de la cual la Secretaría Anticorrupción develó, a inicios del 2023, el modus operandi para la corrupción:
“La falta de eficiencia empresarial resultante en pérdidas negras (técnicas y no técnicas), posibilitó a grupos corruptos acceder y utilizar información privilegiada en beneficio propio. Omitiéndose estudios requeridos para mitigar necesidades originadas por falencias operativas y técnicas dentro de la empresa. Un ejemplo de ello corresponde a los Servicios Técnicos Especializados de revisión, correctivos, instalación, cambio y retiro de equipos/sistemas de medición, generándose un círculo de contratación a favor de grupos corruptos. Este accionar probablemente se relaciona con la designación de directivos sin experiencia o preparación técnica requerida por una empresa eléctrica. Lo que resulta en una captación estamentos gerenciales por grupos corruptos. Esto deviene en impactos negativos a la eficiencia y rentabilidad empresarial, perpetuándose la contratación de personal incompetente o incapaz de dirigir la consecución de objetivos estratégicos.
“Finalmente, dentro de la empresa se infiere que el grupo corrupto comprende el equipo de las áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y Gerencia General. Misma que, presuntamente, fue capturada por proveedores del sector. Ello pudo llevar a construir términos de referencia y parámetros de calificación a medida”.
La Corporación Nacional de Electricidad CNEL S.A. se constituyó mediante escritura pública de fusión el 15 de diciembre de 2008. Posteriormente, se conformó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. Desde su creación, las empresas distribuidoras y comercializadoras eléctricas de CNEL EP, mayoritariamente de la región costa, han mantenido la exclusividad en su giro de negocio, es decir operan como un monopolio. La empresa estatal cubre con su servicio el 44% del territorio nacional y provee de energía eléctrica al 50% de la población ecuatoriana. Está integrada por las disueltas empresas eléctricas de distribución: Bolívar S.A., Regional El Oro S.A., Regional Esmeraldas S.A., Regional Guayas – Los Ríos S.A., Manabí S.A., Milagro C.A., Los Ríos S.A., Santo Domingo S.A., Península de Santa Elena S.A. y, Regional Sucumbíos S.A., y finalmente el 17 de septiembre del 2014, se concretó la fusión por absorción de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP.
El otro hecho determinante para la crisis eléctrica tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de denunciar ante la Fiscalía a la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, y a otros 21 funcionarios.
A esto se suman las denuncias de los contratos colectivos firmados por la dirigencia de los trabajadores amparados. Estos contratos fueron objetos de publicaciones y críticas, desde el primero, en el 2021 (cuando la empresa tenía 4.200 trabajadores), hasta el vigente, en el 2024. En este año, la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, cuestionó los contenidos del instrumento legal que define las relaciones entre la estatal y sus trabajadores, y señaló que el Estado gastaba USD 78 millones en tres subsidios: familiar, comisariato y antigüedad, además de los USD 100 millones en salarios para los ahora 6.322 trabajadores y funcionarios, de los cuales el 97% está amparado por el contrato colectivo.
El otro hecho determinante para la crisis eléctrica que vive el país, tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de denunciar ante la Fiscalía a la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, y a otros 21 funcionarios, de presunto sabotaje al haber, según la Presidencia de la República, ocultado información sobre la crisis eléctrica que estaba ocurriendo desde fines de marzo e inicios de abril, con la recurrencia de cortes de electricidad y el impacto de la sequía en los embalses y principales hidroeléctricas del país.
No era una situación nueva. El gobierno de Guillermo Lasso se fue a fines de noviembre del 2023 con cortes de electricidad, los cuales se repitieron en diciembre de ese año por el déficit de generación eléctrica. En el 2022, el país había superado con las justas los impactos del estiaje, que ese año empezó en octubre y duró hasta fines de febrero del 2023. No hubo apagones, pero el déficit lo cubrieron los 450 MW /hora adquiridos a Colombia. De ahí nació una plan de acción, desde el Viceministerio de Electricidad para que no haya nunca más apagones. Este se hizo público el 9 de febrero del 2023, es decir 20 meses antes de la actual crisis energética. Pero ese mes y año fue de crisis política, con el proceso de juicio político al presidente Guillermo Lasso, que terminaría en la disolución de la Asamblea Nacional, decretada el 17 de mayo del 2023. Así que muy pocos le pusieron cuidado al plan emergente para evitar nuevos apagones a fines de ese año.
El plan de acción advertía la necesidad de optimizar y dar cumplimiento estricto a los planes integrales de gestión de los mantenimientos, del período 2023-2024, de las centrales de generación eléctrica públicas; medida orientada a maximizar la disponibilidad del parque generador.
También hablaba de la necesidad urgente de cumplir el plan de recuperación de capacidad de las centrales térmicas de CELEC EP; además, definir y ejecutar el cronograma de desafectación o rehabilitación de las unidades de generación en condición de obsolescencia.
El punto prioritario era dar mantenimiento a la infraestructura existente, para maximizar la disponibilidad del parque térmico e hidroeléctrico, con el mantenimiento a la infraestructura existente, para maximizar la disponibilidad del parque térmico e hidroeléctrico, dragar los embalses… Esto contrastaba con el anuncio previo, en el 2021, de las nuevas autoridades del sector, que anunciaron una inversión de USD 800 millones para mantenimiento.
Así que eso es lo que se dijo e hizo antes de que el presidente Daniel Noboa pusiera como ministra de Energía a Andrea Arrobo, una profesional titulada en relaciones internacionales y que, según expertos del sector, tenía poca experiencia en el área de su cartera.
La Presidencia informó, el 17 de abril del 2024, que había presentado ante la Fiscalía “una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad”.
Cuando empezaron los apagones, a inicios del 2024, la Presidencia en la República, en un comunicado, y sin presentar pruebas, anunció al país que “una investigación preliminar dio indicios de que funcionarios de alto nivel, incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema energético nacional”.
La Presidencia informó, el 17 de abril del 2024, que se había presentado ante la Fiscalía “una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad”.
Un día antes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya había hablado de un presunto sabotaje sin mencionar nombres específicos, en un discurso donde pidió de manera inmediata la renuncia de Arrobo.
Esto, según una fuente del sector que habló con Plan V, resultó una espada de Damocles sobre la estabilidad laboral de cientos de funcionarios técnicos del sector eléctrico, que tuvieron miedo de hablar y advertir al país sobre la crisis que se sobrevenía.
Una larga cadena de advertencias desatendidas
El Operador Nacional de Electricidad, CENACE, había emitido a lo largo de varios meses (y años) advertencias a las autoridades política sobre la situación eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas recibió alertas de que «la crítica situación del sector eléctrico ecuatoriano no permite resguardar las condiciones de seguridad y calidad de operación del Sistema Nacional Interconectado».
En estos informes y comunicaciones se presentaron las principales variables que no permitían condiciones de seguridad y calidad para el suministro de energía eléctrica, entre las cuales se citaban:
- La falta de inversión en el sector eléctrico en períodos anteriores, acumula un retraso significativo en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución que fueron contemplados en el Plan Maestro de Electricidad.
- La persistencia de caudales mínimos históricos en las principales cuencas hidrográficas.
- Se presenta una baja confiabilidad del parque de generación térmico y un decremento importante de disponibilidad respecto meses y años anteriores.
- La demanda se ha incrementado en potencia y energía.
En el punto cuarto, el CENACE sostuvo que la demanda en hora pico (19:30) el Ecuador consumía 5.500 MW/hora.
El 6 de mayo del 2024, el CENACE remitió los informes: Evolución de las condiciones del Sistema Nacional Interconectado que restringen el abastecimiento de la demanda eléctrica del país y Expectativas futuras del abastecimiento de la demanda de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado.
Hubo algunas conclusiones:
“La falta de inversión en el sector eléctrico durante varios años, acumula un retraso significativo en la ejecución de nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución que fueron contemplados en el Plan Maestro de Electricidad. Esto provoca que el Sistema Nacional Interconectado sea deficitario de potencia y energía, lo que implica operar con riesgo permanente de déficit durante todo el periodo, hasta el ingreso de nueva generación. Constancia de esto, la falta de inversión ha provocado la desconexión emergente debido al deterioro de la calidad del suministro de energía eléctrica por altos niveles de carga y bajos voltajes en varios elementos de la red de transmisión, especialmente en la zona de Guayaquil.
«En el primer estudio realizado en mayo de 2023, la necesidad de generación informada por CENACE fue 465 MW, con un factor de planta de 0.8, adicionales al incremento de la producción de Termogas Machala; es decir, un total de 610 MW para el estiaje 2023-2024, esta generación nunca fue incorporada, por lo tanto, el sistema continúa siendo deficitario.
«En el estudio realizado en enero de 2024, el Ministerio de Energía y Minas solicitó que CENACE realice un nuevo estudio de suficiencia para el estiaje 2024-2025, en el cual se determinó, un nuevo requerimiento de 475 MW adicionales al plan de expansión que en su momento informó el MEM.
«En términos generales, considerando lo que no se instaló y lo que se requiere instalar para el siguiente estiaje, es necesaria la incorporación de 1080 MW de generación térmica, los cuales deben ser incorporados a la brevedad posible.”
En términos generales, considerando lo que no se instaló y lo que se requiere instalar para el siguiente estiaje, es necesaria la incorporación de 1080 MW de generación térmica, los cuales deben ser incorporados a la brevedad posible.
El 2 de agosto de 2024 se dio la sesión ordinaria del Comité de Coordinación para la Operación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano, COCSE, con la participación de: Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable, CELEC EP, CELEC EP Transelectric, CNEL EP, CENACE Y Arconel. En dicha sesión del 02 de agosto de 2024, el Operador Nacional de Electricidad – CENACE, en su calidad de miembro del Comité de Coordinación para la Operación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano, conforme Acta No. COCSE 04-2024 manifestó: «Se registró un decremento significativo de los aportes en todas las cuencas hidrográficas, siendo especialmente relevante que el caudal promedio de julio de 2024 alcanzó nuevos mínimos históricos en Mazar (con una estadística disponible de 61 años), y en la central Minas San Francisco (con una estadística disponible de 52 años). (…) CENACE destacó que al momento se opera con bajas reservas de potencia y que la salida de grandes bloques de generación durante horas de demanda punta y media podrían generar cortes de carga, incluso con la máxima importación (…)”.
Ese día, en esa sesión se resolvió la declaratoria de emergencia del sector eléctrico:
RESOLUCIÓN 20-04-2024: “Declaración de Emergencia al Sector Eléctrico. Con base en la situación energética actual del Sistema Nacional Interconectado que registra un año hidrológico atípico, dando lugar a un escenario de sequía en la cuenca amazónica, con caudales mínimos históricos impredecibles, incluso inferiores a los registrados en el año 2023, año en el cual se registraron períodos de racionamiento a nivel nacional; y, considerando el alto riesgo que esto representa para el abastecimiento continuo de la demanda de energía eléctrica para el país en los siguientes meses, se recomienda que el Ministerio de Energía y Minas declare en emergencia el Sector Eléctrico con el objetivo de poder tomar las acciones complementarias, a las gestionadas actualmente, para enfrentar el estiaje 2024 – 2025.”
La respuesta, 12 días después, fue el Decreto 355 del 14 de agosto del 2024, en el cual dispuso que el Ministerio de Energía y Minas, junto con el CENACE, coordine y ejecute todas las acciones necesarias para evitar los efectos del estiaje en el sector eléctrico.
El 20 de agosto, cuatro días después del Decreto, el CENACE divulgó a las altas autoridades que “el Sistema Nacional Interconectado debido a la falta de expansión, actualmente es deficitario en potencia, energía, capacidad de transmisión, transformación y compensación reactiva, lo que implica operar con riesgo permanente de déficit. Esta situación ha provocado racionamientos de energía y desconexiones de carga emergente debido al deterioro de la calidad del suministro de energía eléctrica por altos niveles de carga o bajos voltajes en varios elementos de la red de transmisión, especialmente en la zona de Guayaquil.
«La obsolescencia de la generación térmica del sistema eléctrico ha ocasionado que estos generadores registren altas tasas de indisponibilidad, lo cual incide negativamente en la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, por lo que se requiere su reemplazo.
«Como lo ha señalado CENACE en sus diversos informes técnicos, el sistema requiere la incorporación total e inmediata de 1080 MW en generadores que aporten con energía firme. Esta generación adicional no solo reducirá el riesgo de déficit de potencia y energía en escenarios secos, sino que también contribuirá para que el sistema eléctrico tenga condiciones operativas adecuadas que permitan ejecutar los mantenimientos programados de generación y transmisión; así como, permitirá incrementar las reservas de potencia, para afrontar salidas de grandes bloques de generación entre los cuales se considera la salida de la central Coca Codo Sinclair debido a altos niveles de sedimentos en el río”.
El 27 de agosto, ya al límite de la insolvencia energética, el CENACE advirtió que «el corte de carga programado no detiene el descenso del embalse; por lo que, el corte puede incrementarse a valores más altos dependiendo de las condiciones del sistema. Además, se expone que, mientras más pronto se realicen los cortes de carga se pueden planificar de mejor manera los cortes de carga con las empresas de distribución, con cortes fijos semanales y de menor cantidad.”
El 13 de septiembre, hubo otro llamado urgente del CENACE a las autoridades: «El acelerado descenso del embalse de Mazar, próximo al nivel crítico (2125 m.s.n.m.) para activar racionamientos, es necesario y de forma urgente, declarar el INICIO DEL PERIODO DE RACIONAMIENTO (NDLR. Las mayúsculas son del CENACE).
«Dado el escenario actual, es necesario restringir la demanda considerando racionamientos del 24% de la demanda, esto considerando un aporte de 9.5 GWh/día desde Colombia (elevada incertidumbre). Cualquier eventual reducción en la oferta desde Colombia deberá ser compensada incrementando el porcentaje de racionamiento. Es imperativo iniciar con el periodo de racionamiento a partir del lunes 16 de septiembre de 2024, e ir monitoreando el descenso del embalse con la finalidad de ajustar el corte de carga conforme el deterioro o mejora de la oferta energética».
A las 22:00 del 18 de septiembre hubo un corte de luz nacional, hasta las 06:00. Y la Secretaría de Comuniciación de la Presidencia anunciaría que el lunes 23 de septiembre empezaban cortes programados, iniciando desde las 22:00 hasta las 6:00 del día siguiente. Esta medida se aplicaría los días lunes, martes, miércoles y jueves de esa siguiente semana. Así mismo, se implementó la modalidad de teletrabajo en el sector público los días jueves y viernes de esa y la siguiente semana.
Pero para lo técnicos no era suficiente. La respuesta del Operador fue que «en la proyección del embalse con la última información disponible, las medidas informadas por la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia no son suficientes para controlar el nivel del embalse de Mazar debido a que dichas medidas reducen la demanda en aproximadamente el 8%; mientras que, el sistema requiere la reducción del 24% de la demanda. Considerando las medidas informadas, el embalse va a seguir cayendo y el riesgo de colapso aumenta. De las proyecciones de la trayectoria de la cota del embalse de Mazar, se observa que entre el martes 24 y miércoles 25 de septiembre de 2024, no se tendría control sobre el nivel del embalse y SE DEBERAN REALIZAR RACIONAMIENTOS FORZOSOS para garantizar la operación del Sistema Nacional Interconectado, sin control en la programación de los racionamientos y toma de decisiones de corte de carga en la operación en tiempo real».
Una vez realizados los cortes, que llegaron hasta 14 horas diarias, el Gobierno nuevamente redujo la duración de los cortes de energía, medida que, según el presidente Noboa, se dio por «empatía con la gente», para anunciar la disminución progresiva de los cortes, que no se cumplió, de hasta seis horas diarias. Este aumento-reducción-aumento de las horas de restricción eléctrica ha sido la constante hasta ahora. Influyó para esta (in)decisión, incluso el ánimo de la gente, pues el Gobierno ponderó los requerimientos técnicos para sostener Mazar y el impacto político y económico de la crisis eléctrica. El país no ha podido salir de ese bucle.
Hasta la primera semana de noviembre, y las reducciones de cortes en el feriado y por las fiestas de Cuenca, el país mantuvo un calendario forzado de seis horas diarias de cortes. Pero la situación de Mazar no mejoró ni tampoco se incorporaron nueva energía de fuentes térmicas. Por lo cual la ministra Inés Manzano, encargada del Ministerio de Energía, se vio obligada, el 8 de noviembre, a anunciar que los cortes de hasta ocho horas diarias volverían, aunque los técnicos insisten que no es suficiente, pues eso solo haría que se prolongue la crisis, durante todo noviembre, incluido diciembre. Una comunicación del CENACE al que tuvo acceso Plan V señaló en la primera semana de noviembre que mediante el análisis de provisiones de caudales hídricos, del Inamhi, la disminución del corte programado, notificado por el Ministerio de Energía, del 5 al 10 de noviembre, está provocando una disminución de ls reservas energéticas en el complejo Paute Integral (Mazar y Amaluza).
Las reservas energéticas permitirán atender eventuales contingencias, tales como: incremento de demanda, indisponibilidades del parque de generación, salidas de grandes bloques por mala calidad del agua, entre otros. En este contexto, «la Gerencia Nacional de Planeamiento notifica a las autoridades del Ministerio de Energía la necesidad de incrementar los racionamientos de forma inmediata (como máximo el 8 de noviembre) aplicando por lo menos una reducción del 38% de la demanda semanal (aproximadamente unas 12 horas diarias de corte). Esto permitirá mantener la reserva energética del complejo Paute Integral y mitigar el riesgo de COLAPSO». Las mayúsculas son del CENACE.