El próximo 31 de mayo se realizará la primera vuelta electoral para elegir a la persona que presidirá Colombia. En el Perú acaban de ocurrir unas elecciones muy accidentadas; el gobierno boliviano enfrentó en seis meses elecciones de gobiernos locales, y en el Ecuador los comicios regionales que debían realizarse en febrero de 2027 se adelantaron, por razones políticas, a noviembre de este año.
La resolución de cualquiera de estos escenarios implica consecuencias para la economía y la política del resto de la región. No hay decisiones políticas en uno de los países andinos que no impacten, y de manera significativa, en los escenarios políticos de los demás. Tampoco hay forma de impedir que actores políticos domésticos —como partidos, figuras relevantes y líderes sociales— se inmiscuyan en los asuntos de otros países, no solo opinando, sino movilizando agendas y, eventualmente, recursos. Y no solo ellos: muchos jefes de Estado de América Latina participan activamente en disputas mediáticas y se confrontan con entusiasmo en redes sociales con sus pares.
La confrontación colombo-ecuatoriana
La elección en Colombia, por ejemplo, determinará la naturaleza de la relación con Ecuador, Venezuela y el organismo regional: la Comunidad Andina. El último año de interacciones con Ecuador ha sido especialmente conflictivo. La afinidad de ambos presidentes con actores políticos de oposición en sus respectivos países erosionó los vínculos hasta construir una relación particularmente hostil, aunque no violenta, entre los dos Estados.
Gustavo Petro ha asumido las demandas de sectores políticos ecuatorianos que sostienen que el exvicepresidente Glas es un preso político. Más allá de la realidad jurídica y humanitaria —que es razonable—, esta postura desató represalias comerciales ecuatorianas que se intensificaron a medida que el presidente colombiano insistía en esa tesis. Daniel Noboa, por su parte, ha adoptado un discurso securitizado, alineado con la línea de la oposición de derecha en Colombia, cuestionando la tolerancia de Bogotá con los grupos ilegales armados, en medio de la campaña electoral. Este incidente ilustra la complejidad y multiplicidad de actores involucrados. Cada gesto o declaración de un jefe de Estado respecto de otro se amplifica en redes sociales y se utiliza para sostener posiciones políticas internas en ambos países, donde los líderes tienen tanto simpatizantes como detractores. Petro es un actor político en Ecuador, así como Noboa lo es en Colombia.
Más allá de la anécdota, existen elementos estructurales que explican la porosidad de las fronteras y la fragilidad de la noción de soberanía que sustenta el principio de no intervención en las relaciones intergubernamentales de la región andina. Esto no responde únicamente a asimetrías o vocaciones hegemónicas, como tradicionalmente se ha planteado, sino a las relaciones entre Estados similares también.
Uno de estos factores es el parecido de condiciones económicas y sociales: pobreza, baja productividad, fragilidad institucional y debilidad relativa del Estado para controlar el territorio y aplicar la ley. Los países andinos comparten estas características —con matices nacionales—, pero sus problemas y posibles soluciones no difieren sustancialmente.
Las interdependencias de la ilegalidad
Las interconexiones entre estos países no se limitan a la política o al comercio formal. También se sostienen en múltiples dimensiones de la ilegalidad. Entre ellas, destacan el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y, más recientemente, la minería ilegal, actividades vinculadas a grupos armados que también participan en redes de narcotráfico y trata de personas.
Colombia es el mayor cultivador de coca y productor de cocaína del mundo, la droga más rentable de la región andina. Perú y Bolivia también son productores. Ecuador, debido a su fragilidad institucional y al debilitamiento del Estado, pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un importante HUB: centro de acopio y distribución. Esta condición no surge espontáneamente, sino que responde a interdependencias estructurales con los países vecinos. Se trata de un fenómeno regional. La minería ilegal, por ejemplo, está profundamente conectada con mercados legales y procesos productivos formales. El oro se comercializa en mercados internacionales —Europa, China, Estados Unidos y América Latina— y su precio se determina en dinámicas bursátiles globales.
Los actores de la ilegalidad también son transnacionales. Las redes criminales conectan la región andina con Estados Unidos, México, Europa y Asia. La violencia en México o Colombia está estrechamente vinculada con fenómenos similares en Ecuador o Perú. Conflictos entre carteles mexicanos libran batallas en ciudades como Guayaquil o Lima. Estas dinámicas no son locales, sino internacionales.
La debilidad de los Estados andinos se evidencia, entre otros aspectos, en su limitada capacidad para controlar sus fronteras. Esto es más notorio en países con grandes extensiones territoriales como Colombia, Perú y Bolivia, pero también en Ecuador. Colombia, por ejemplo, no ha logrado en más de setenta años impedir la presencia de grupos armados en zonas fronterizas. Persisten operaciones violentas en sus límites con Venezuela, Panamá y Ecuador. Perú enfrenta problemas similares, y Ecuador tampoco logra controlar plenamente su frontera con Colombia. Resulta ilusorio pensar que cualquiera de estos países pueda, por sí solo, imponer el control estatal en todo su territorio. Por ello, es irracional e irresponsable romper vínculos de cooperación o iniciar conflictos comerciales.
El asedio al multilateralismo
Peor aún es debilitar o erosionar las instituciones multilaterales, cuando estos problemas solo pueden abordarse de manera conjunta. Fue lamentable que la politización y el abandono contribuyeran al colapso de UNASUR. Más preocupante aún es atentar contra sistemas de integración como la Comunidad Andina, que ha sido útil para regular el comercio y promover iniciativas sociales, especialmente en el contexto de tensiones como las actuales entre Colombia y Ecuador.
A principios de siglo las entidades regionales de América Latina y de los países andinos construyeron regímenes internacionales, y adaptaron los antiguos, a la lógica del funcionamiento democrático. Tras casi dos décadas de autoritarismos y de clausuras de opinión vinculadas, muchas de ellas, a los alineamientos de la Guerra Fría, la idea de tolerancia y convivencia bajo normas políticas comunes fue ampliamente aceptada. La OEA, la CAN, MERCOSUR, CELAC, adoptaron cláusulas democráticas que dificultaban la admisión o permanencia de gobiernos dictatoriales o ilegítimos en su origen. No es más el caso. Las entidades multilaterales regionales no priorizan el tema. No podrían, pero al menos han sido capaces de sostener regulaciones comerciales y eventualmente de proponer metas compartidas de desarrollo. La complejidad de las relaciones internacionales, pero sobre todo de las agendas conflictivas, como muestra el caso de los países andinos requiere de comunicación entre vecinos porque los temas son transnacionales. Demoler lo poco que queda es simplemente irresponsable.