El tema del reconocimiento y respeto a las diferencias se ha convertido en discurso agujereado por contradicciones, malentendidos y quizás algunas gotas de mala fe.
Desde el poder, se hace todo lo posible para que el país piense, sienta y viva de una sola manera. Esa manera modelada desde un partido político absolutamente advenedizo en los regímenes democráticos. Adueñados de todos los poderes del Estado, se ha lanzado a la guerra final para que desaparezcan las diferencias en dos instituciones sociales particularmente sensibles y absolutamente indispensables
Se vive la perenne contradicción entre el discurso político y la práctica social. En los megarrelatos políticos no cesa de aparecer el tema de la igualdad absoluta casi como un dogma de fe, como una suerte de condición ineludible para la vida democrática contemporánea. Sin embargo, ese mismo discurso político se encarga de marcar las diferencias existentes entre quienes ostentan el poder, convertido en bien personal, y los ciudadanos objetos del sometimiento.
En los últimos tiempos, el frente principal de pugna por la implantación de esa religión se halla en las Fuerzas Armadas. De manera insidiosa, al comienzo y ahora frontalmente, se busca no el sometimiento de las Fuerzas Armadas al texto y al espíritu de la Constitución del Estado, puesto que ahí no existe problema alguno, sino una reestructuración que pretendería debilitar casi hasta el extremo, su poder institucional.
La seguridad social militar se la ha convertido en el Caballo de Troya. Habiendo ya traspasado los muros y habiendo ingresado de esta manera a su propia organización, el cuerpo de las Fuerzas Armadas terminó siendo el botín del que tratan de beneficiarse creyendo que nadie repara en ello. La supuesta equidad entre civiles y militares es la bandera enarbolada en el mástil más alto de los navíos, en todas las torres de vigilancia terrestre y en la cola de todos los aviones de la Fuerza Aérea.
Está claro que los estilos de vida de policías y militares no se equiparan a los estilos de vida de los civiles. Las dos instituciones protegen nuestra cotidianidad. Por supuesto que las leyes son absolutamente importantes, pero sus textos no cuidan las calles, ni nuestras casas, ni nuestro caminar ni nuestro dormir. No viajamos tranquilos por el país ni nos movemos en nuestras ciudades gracias a los textos modernos o barrocos de la Constitución y las leyes ni porque existan cárceles en cada esquina. Vivimos suficientemente confiados y hasta con un buen nivel de seguridad porque existen los policías, los soldados, los marineros, los aviadores militares que velan por nuestra seguridad personal y nacional. Día y noche.
Ellos exponen su vida por nosotros. Ellos dan la cara, su cuerpo al mal mientras nosotros, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, asambleístas y ministros, jueces y presidente realizamos nuestras rutinas casi sin preocupación alguna. Por supuesto, no se trata de lirismo alguno sino de una realidad monda y lironda que desdice esos megarrelatos aprendidos de memoria por ciertos ministros y dirigentes políticos que, cuando repiten ciertos discursos desde la prepotencia que dan las migajas del poder, ni siquiera saben lo que dicen. Conmueve escuchar al poder hablar del heroísmo de los policías asesinados a lo largo y ancho del país en la lucha contra el mal y en el afán irrenunciable de protegernos a todos.Conmueven cuando se refieren a los militares muertos en sus prácticas profesionales, en el cuidado de nuestra integridad nacional, en el enfrentamiento, por ejemplo, al gran narcotráfico que nos asecha por todas partes. ¿Y sus derechos?
Indudable que tropa y oficiales merecen una vida cotidiana digna. Desde luego que deben desaparecer aquellas diferencias destinadas a marcar territorialidades ominosas. Pero es preciso respetar las diferencias. Somos diferentes. El presidente de la República vive una vida marcada por el poder que ejerce y que la diferencia ostensiblemente de la de vida de todo el resto absoluto de ciudadanos. Muchos de sus privilegios seguramente son indispensables, probablemente otros no tanto. Quienes más hablan de igualdad y quienes más se escandalizan de ciertas diferencias son precisamente aquellos absolutamente afianzados en la diferencia de la que incluso sacan gran provecho. Pensar en la reelección indefinida y de por vida, por ejemplo, ¿no constituye acaso un afán de vivir eternamente los privilegios del poder? Nadie es indispensable, nadie ha sido ungido con algún poder sobrenatural para gobernar de por vida. Reconozcamos, de una vez por todas, que el poder, más allá de sus límites, envilece.
Equiparar la vida laboral de policías y militares a la vida civil en términos de remuneraciones y tiempos de servicios para la jubilación suena a absurda sinrazón. Y qué mal que estos temas se manejen desde las fatuidades del poder y no desde indispensables racionalidades, equidades y templanzas afectivas. Solo así se entendería que no se trata de privilegio alguno el que ellos se jubilen unos años antes que los civiles, tal como han pretendido convencer y escandalizar a la ciudadanía ciertos funcionarios del Gobierno nacional.
¿Cuántos militares y policías han muerto en este año en actos de servicio a la comunidad? ¿Cuántos fueron heridos? ¿Ya nos olvidamos del helicóptero en el que perecieron, hace muy poco, varios jóvenes militares mientras se entrenaban para protegernos? ¿Y los policías que mueren enfrentándose a los malhechores para nuestra seguridad?