En lo que va de 2021, aproximadamente el uno por ciento de la población carcelaria del Ecuador fue ejecutada al interior de los centros de rehabilitación. La cifra, en crudo, es escalofriante, más aún si consideramos que en el país no rige la pena de muerte.
Haciendo cuentas por demás elementales, se puede concluir que una de cada cien personas que ingresan al sistema de prisiones corre el riesgo de ser ajusticiada. Además, en forma atroz.
Una de las respuestas más comunes para hacerle frente a esta catástrofe ha sido la de proporcionar a los internos mejores condiciones para purgar sus condenas. Reducción del hacinamiento, espacios y planes para su rehabilitación, separación física por gravedad de los delitos cometidos, construcción de más centros penitenciarios o mayores controles se cuentan entre las medidas que supuestamente eliminarían en forma definitiva las masacres en las cárceles.
La postura más racional, tanto desde el Estado como desde la sociedad, no debería apuntar a mejorar las condiciones de reclusión de los internos, sino a impedir que la gente ingrese a las cárceles (obviamente, algo toca hacer hasta mientras). No obstante, poco se habla de esto.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja. Para asumir con coherencia el problema de las políticas carcelarias habría que hacer un parangón con las políticas de salud. La principal obligación de un Estado no es curar a la población de un país, sino evitar que se enferme, porque la primera opción implica una inútil hemorragia de recursos fiscales que solo beneficia a los proveedores de equipos, insumos y medicamentos.
Por eso, justamente, los grupos empresariales de la medicina tienden a relativizar –cuando no a desacreditar– la importancia de la prevención y la promoción de la salud. Porque reduce el negocio. De tanto martillar con este discurso, se ha terminado por crear un imaginario colectivo favorable a las acciones eminentemente curativas. En otras palabras, comerciales. La misma población demanda respuestas médicas o tecnológicas para problemas de salud que podría resolverlos con un simple cambio de hábitos.
Con esta misma lógica se puede analizar el problema de las cárceles. La postura más racional, tanto desde el Estado como desde la sociedad, no debería apuntar a mejorar las condiciones de reclusión de los internos, sino a impedir que la gente ingrese a las cárceles (obviamente, algo toca hacer hasta mientras). No obstante, poco se habla de esto. A lo mucho, se discute sobre la modificación de los marcos jurídicos e institucionales que contribuirían a reducir las medidas punitivas o agilitar la excarcelación. Pero asumir las causas de fondo genera una gran incomodidad al sistema en su conjunto. Tal como ocurre con la prevención y la promoción de la salud.
La reducción del ingreso de personas a las cárceles está relacionada directamente con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En consecuencia, con la reducción de las desigualdades socioeconómicas de una sociedad. Lo han hecho países europeos donde las cárceles se están vaciando.
Como dice la pípol, no hay de otra.
El problema es que una salida de estas dimensiones implica atacar las causas estructurales del problema. En buen romance, implica afectar una serie de intereses aparentemente intocables. Menos lioso resulta mantener una versión disimulada y cínica de la pena de muerte y rasgarse las vestiduras de vez en cuando.